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Choque entre el fiscal y las defensas por quién debe juzgar el ‘procés’

Las defensas de los procesados piden que el caso se juzgue en Cataluña porque los supuestos delitos se cometieron en esa comunidad

El tribunal designado para juzgar a los líderes independentistas catalanes. En vídeo, el Supremo celebra la vista previa al juicio contra el procés.

La vista previa del juicio del procés anticipa un choque frontal entre las acusaciones y las defensas por cada uno de los detalles que han marcado la investigación. El primer enfrentamiento llegó este martes en la sesión preliminar: la fiscalía y las defensas se enzarzaron sobre quién debe juzgar el caso. Los abogados de los políticos presos se aferraron con más convicción que confianza a la última oportunidad que tienen para intentar que el procés sea juzgado en Cataluña en vez de en el Supremo. El ministerio público se opuso: el desafío independentista “fue un atentado al orden constitucional”, arremetió el fiscal.

Más de un año después de que el Tribunal Supremo asumiera la causa abierta por rebelión contra los líderes independentistas de Cataluña, los abogados de los 18 acusados siguen sosteniendo que la investigación no correspondía al alto tribunal sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Supremo se ha pronunciado ya sobre este asunto en varias ocasiones y siempre lo ha hecho para ratificar que la competencia es suya: lo que lo previsible es que vuelva a insistir en su tesis tras la vista de ayer. El Constitucional tiene también pendiente resolver sobre ello, pero cuando lo haga, probablemente, el juicio ya habrá empezado y hasta puede haber terminado. Con esos antecedentes, los abogados de los acusados defendieron la postura contraria —que el juicio debe celebrarse en Cataluña— con convicción pero escasas expectativas. “Tengo poca confianza en que la sala acepte los argumentos de esta defensa. Tengo la sensación de que ya se ha tomado una decisión”, afirmó Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez.

Los abogados y las acusaciones —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox— se vieron este martes frente a frente por primera vez ante el tribunal designado para juzgar el procés: los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal); Andrés Palomo; Luciano Varela; Andrés Martínez Arrieta; Juan Ramón Berdugo; Antonio del Moral, y Ana Ferrer. Lo hicieron en el Salón de Plenos, la misma instancia que acogerá la vista oral a partir de finales del próximo mes de enero o principios de febrero si el Supremo ratifica que es competente para juzgar el caso.

A la vista no acudieron los acusados, que sí tendrán que estar presentes en el juicio. Por lo demás, la sesión sirvió como primera toma de contacto. Y anticipa un juicio largo —se estiman alrededor de tres meses— en el que los argumentos jurídicos se mezclarán irremediablemente con los políticos e incluso con los sentimentales.

Todo eso ya ocurrió este martes. Las defensas y las acusaciones se explayaron en razones de contenido técnico para defender su tesis. Por parte de los abogados hubo un argumento unánime: los hechos que definen los supuestos delitos de rebelión y sedición, los principales que se atribuyen a los dirigentes independentistas, se cometieron en Cataluña y, por tanto, deben juzgarse en esa comunidad. Judith Gené, abogada del exconsejero Joaquim Forn, expuso que, tras un año de instrucción, se ha demostrado que los hechos que pudieron haber justificado que el caso se investigara en el alto tribunal “han quedado desacreditados o han pasado a segundo o tercer término respecto a la instrucción”. “No puede ser que un pago en una sucursal de Bruselas o que la actividad efectuada por las delegaciones en el exterior arrastren la competencia. La instrucción ha demostrado que el núcleo de los hechos por los que se abrirá juicio oral sucedieron, se planearon, se ejecutaron desde Cataluña”, señaló.

Las acusaciones, que hablaron después de todas las defensas, mantuvieron la tesis contraria. El fiscal Jaime Moreno recordó que los fines de la rebelión eran derogar la Constitución española y declarar la independencia. “Derogar la Constitución está en la diana de la estrategia independentista. El resultado afecta a todo el territorio. Es un atentado grave al interés general de España”, señaló el fiscal, para quien las consecuencias para todo el Estado determinan que el juicio corresponda al alto tribunal.

Las defensas alegan que la celebración del juicio en el Supremo vulnera varios derechos fundamentales de los acusados, entre ellos el derecho al juez ordinario predeterminado por ley, el de contar con la posibilidad de recurrir la sentencia ante una segunda instancia penal (las que dicta el Supremo son firmes) e incluso el de ser expresarse en catalán (idioma que usarán Turull, Rull y Sànchez, según adelantó su abogado).

Pero entre los argumentos expuestos por la defensa se deslizó también otra razón extrajurídica que la mayoría de ellos ha señalado ya en escritos y comparecencias: los abogados consideran que el alto tribunal tiene una opinión predefinida sobre los delitos que se les atribuyen y eso no garantiza un juicio justo. “La cúspide del Poder Judicial es sensible al poder político y al poder económico”, aseguró Mariona Roig, abogada del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart.

Aunque el único objetivo de la sesión era determinar qué tribunal debe juzgar el caso, las defensas y las acusaciones ya deslizaron algunos de los argumentos que emplearán durante la vista oral, cuando lo que se debata no sea la competencia sino si hubo delito durante el pulso al Estado que desembocó en octubre de 2017 en el referéndum secesionista y la declaración unilateral de independencia. “Votar no es delito”, dijo Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva. “¿Cómo vamos a unir una votación con un alzamiento violento? ¿Cómo vamos a vincular la clonación de una web con un alzamiento?”, cuestionó el letrado.

Entre los representantes de las acusaciones, la más vehemente fue la abogada del Estado Lucía Pedreño, que sustituyó en la vista al abogado que ha dirigido la causa, Edmundo Bal, destituido por el Gobierno. “Las reglas de la buena fe procesal rigen para todos”, respondió tajante ante las dudas de las defensas sobre la imparcialidad del tribunal.

 

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