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El Supremo rechaza apartar a Manuel Marchena y los otros seis magistrados del tribunal del ‘procés’

La llamada Sala del 61 no ve razones para recusar a los jueces tras el whatsapp del portavoz del PP en el Senado

Manuel Marchena
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, en un acto celebrado en Madrid. EFE

El Tribunal Supremo ha desestimado este miércoles por unanimidad la petición planteada por los líderes independentistas catalanes que están en prisión preventiva para que se aparte del tribunal a Manuel Marchena y los otros seis magistrados del tribunal del procés. La decisión la ha tomado la llamada Sala del 61 del Supremo, presidida por el presidente Carlos Lesmes, tras una reunión que se ha prolongado durante alrededor de dos horas. El auto íntegro de la sala se notificará en los próximos días y el ponente de la resolución será Jacobo Barja de Quiroga López, magistrado de la Sala de lo Militar.

Es la segunda vez en la que esta sala especial del alto tribunal (formada por los presidentes de todas las salas y los magistrados más antiguos y más nuevos de cada una) se reúne para deliberar sobre las peticiones que han planteado los líderes independentistas que están en prisión preventiva para que se aparte a los miembros del tribunal. La anterior petición fue rechazada por el Supremo en septiembre pasado. En esta ocasión, los integrantes de la Sala han deliberado sobre las solicitudes de recusación que ocho acusados presentaron contra el presidente de la Sala de lo Penal. Entre sus alegaciones figuraba la filtración de un mensaje de WhatsApp en el que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se jacaba de que el acuerdo entre el PP y el PSOE para proponer a Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial permitiría controlar “desde detrás” la Sala de lo Penal, la que juzgará el procés.

El alto tribunal había acumulado en un único expediente los ocho incidentes de recusación, que se dirigían contra los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo. Los procesados denunciaron los supuestos vínculos de Marchena -que renunció al cargo tras la difusión de dicho mensaje- con el PP, y estimaron que en caso de mantenerse la composición del tribunal no se podría garantizar su imparcialidad. El presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, también extendió la solicitud de recusación a los otros seis magistrados porque, según alegó, "las dudas de imparcialidad" sobre Marchena "se extienden" a sus compañeros.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox se han opuesto a las recusaciones mientras que los magistrados refectados han alegado que no hay motivos para ser apartados del juicio.

En concreto, Marchena, proclamó en su escrito de alegaciones su independencia para juzgar el caso y afirmó que jamás concibió el ejercicio jurisdiccional como instrumento al servicio de una opción política.

Además de Cuixart, las recusaciones contra Marchena fueron planteadas por el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exmiembro de la Mesa de la cámara catalana Anna Simó.

La Sala del 61, encargada de estudiar las recusaciones, está integrada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y por los presidentes de cada una de las cinco salas del Supremo, además del magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Habitualmente la componen 16 magistrados, pero en esta ocasión han sido solo 14 porque dos de los tres integrantes de la Sala de lo Penal (Marchena y Martínez Arrieta) no podían estar presentes al encontrarse entre los afectados por las peticiones de recusación. Esta sala, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene atribuciones especiales, entre las que se encuentran dirimir sobre los incidentes de recusación contra los presidentes de sala o dos o más magistrados de una sala o resolver sobre la ilegalización de los partidos políticos (fue la sala que ilegalizó Herri Batasuna en 2003).

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