Borrell advierte a Bélgica por el apoyo de un ministro a los presos en huelga de hambre
España estudia una respuesta a las declaraciones del titular de Defensa belga
El Gobierno español amenaza con abrir una nueva crisis diplomática con Bélgica. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha expresado este martes el malestar del Ejecutivo por las palabras del titular de Defensa belga, Sander Loones, en apoyo a los políticos independentistas presos en huelga de hambre. "Ha hecho unas declaraciones que consideramos inaceptables y que recibirán, seguramente, una respuesta por nuestra parte", ha advertido Borrell a su llegada a una reunión de la OTAN en Bruselas.
El pasado sábado, Loones escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Encerrados durante más de un año sin ser condenados. El tribunal español ni siquiera ha juzgado su caso para evitar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda pronunciarse. Ahora se ven obligados a hacer una huelga de hambre. Ningún demócrata debería guardar silencio sobre esto". Los diputados de Junts per Catalunya Jordi Sànchez y Jordi Turull, actualmente en prisión preventiva, iniciaron ese día una huelga de hambre a la que se sumaron el lunes los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, también presos.
Miembro del partido nacionalista flamenco N-VA, el más votado del país, Loones fue nombrado ministro de Defensa hace menos de un mes procedente del Parlamento Europeo, donde ejercía como eurodiputado. Desde su anterior cargo ya mostró en numerosas ocasiones su simpatía por el movimiento independentista catalán. Participó en la manifestación celebrada en Bruselas hace un año, firmó una carta pidiendo la mediación de la UE en la crisis catalana, y en septiembre invitó a una paella al expresident Carles Puigdemont, con el que se ha fotografiado varias veces.
Su reciente ascenso al puesto de ministro fue recibido con inquietud por la diplomacia española, que ahora ve materializarse esa preocupación al rechazar Loones el pragmatismo y proseguir con mensajes similares, con la notable diferencia de que esta vez los emite desde un cargo de máxima representación del Gobierno de un país aliado en la Unión Europea.
Los choques entre España y Bélgica a cuenta de Cataluña han sido recurrentes en fechas recientes. El último de ellos se produjo hace poco más de dos meses, cuando España protestó por una carta oficial del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, en apoyo a la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, actualmente en prisión provisional. En la misiva, Peumans cuestionaba el pedigrí democrático de España e incluso defendía que no cumple con las condiciones para ser miembro de una Unión Europea moderna y democrática. El conflicto se saldó con la retirada del estatus diplomático al delegado flamenco destinado en la embajada belga en Madrid.
El primer ministro, Charles Michel, se desentendió del rifirrafe alegando que se trataba de un asunto entre Flandes y España en el que su Gobierno no tenía por qué tomar partido. Y mantuvo una breve conversación al respecto con el presidente español, Pedro Sánchez, durante una cumbre en la que coincidieron. La diferencia, en esta ocasión, reside en que Loones, pese a su origen flamenco, representa al Gobierno belga.
Puigdemont y el separatismo flamenco han exhibido su buena sintonía con frecuencia. Este mismo martes, el expresident ha acudido al Parlamento federal belga, donde ha desayunado con miembros de la N-VA y ha realizado una visita guiada a la institución.
El aviso de Borrell llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno belga. Los aliados flamencos de Puigdemont, firmes defensores de una política más dura contra la inmigración, han amenazado en las últimas horas con hacer caer la coalición que dirige el país —de la que forma parte junto a otros tres partidos— si esta apoyaba el pacto de la ONU sobre migración.
Desde el inicio de la crisis catalana, Bélgica, el país al que huyeron hace poco más de un año Puigdemont y varios de sus exconsejeros, ha mantenido una actitud en ocasiones ambigua al respecto, que contrasta con el respaldo sin paliativos al Gobierno español del resto de socios de la UE.
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