El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la reprobación del Rey en el Parlament
El Consejo de Estado había concluido que no existía base jurídica para impugnar la resolución de la Cámara catalana
El Constitucional tiene ya la palabra. El pleno del tribunal de garantías ha decidido admitir a trámite por unanimidad la impugnación del Gobierno contra la reprobación del Rey aprobada en el Parlamento de Cataluña el pasado 11 de octubre. Una iniciativa que tomó La Moncloa pese a que el Consejo de Estado, principal órgano asesor del Ejecutivo, concluyó que no había base jurídica para recurrir. Aun así, el equipo de Pedro Sánchez anunció que adoptaba esta medida porque, según alegó, esa resolución de la Cámara regional entrañaba el peligro de ser una especie de reinicio del procés.
En una providencia fechada este miércoles, los magistrados explican que han decidido admitir a trámite el recurso contra dos de los apartados de la resolución aprobada por el Parlament. El primero de ellos reza: "[El Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales], rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017". El segundo dice: "[La Cámara] reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".
El Consejo de Estado, así como varios juristas consultados por EL PAÍS, defienden que el dictamen del Parlament no puede declararse inconstitucional al tratarse de una simple resolución declarativa, sin trascendencia jurídica. "Se está impugnando un pronunciamiento político. Es como si se pide anular una pancarta", afirmó Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
El Gobierno entiende, en cambio, que supone "un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional".
Los magistrados deberán decidir ahora. De momento, la resolución del Parlament sigue vigente, ya que el Gobierno no pidió al tribunal que la suspendiera hasta que el pleno se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. La Cámara catalana tiene un plazo de 20 días para formular alegaciones.
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