Más de 300 juristas rechazan la rebelión y la sedición en el ‘procés’

Un grupo de catedráticos y profesores de Derecho, encabezados por docentes de universidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Valencia, han publicado y suscrito en la plataforma  Peticiones24.com un escrito en el que califican de “error” la consideración como delitos de rebelión y sedición las actuaciones de los independentistas catalanes el 20 de septiembre y el 1 de octubre del pasado año. La Fiscalía del Tribunal Supremo y el abogado del Estado Edmundo Bal, relevado ayer por no seguir las instrucciones del Gobierno, defienden que se trata de una rebelión. La Abogacía del Estado mantiene que es sedición. Los firmantes solicitan la libertad de todos los encarcelados de forma preventiva al considerar los delitos “inexistentes”.

Según el texto, que encabeza Guillermo Portilla Contreras, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén, las conclusiones de la Fiscalía al calificar de rebelión los acontecimientos pendientes de juicio son erróneas. El mencionado delito, descrito en el artículo 472 del Código Penal, exige, según los firmantes, un alzamiento público y violento. “A ese respecto debe señalarse que, en nuestra opinión, es un error considerar que los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, se integran en el concepto de violencia exigido por el artículo 472 del Código Penal”, afirman los juristas.

Argumentan los profesores de Derecho que la doctrina del Tribunal Constitucional extiende la consideración de rebelión para hacer frente a bandas armadas o elementos terroristas, pero no consideran que las actuaciones de los Mossos de Escuadra, del Parlamento y del Gobierno catalán, así como de los líderes sociales de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, sean susceptibles de la aplicación de la “suspensión de derechos a la que habilita el precepto constitucional”, en alusión al artículo 55.2, que prevé estas limitaciones para “personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas".

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Los catedráticos recuerdan la sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987, que establece que, “por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional". Esta sentencia también ha sido esgrimida por el exconseller Francesc Homs, uno de los firmantes del manifiesto y que forma parte de la defensa de encausados por el proceso soberanista.

Los promotores del texto, que hasta este miércoles habían conseguido más de 350 adhesiones en la plataforma, tampoco respaldan la tesis de la Abogacía del Estado y, por tanto, del Gobierno, al rechazar que se trate de un delito de sedición. “En ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental”, defienden los profesores.

En este sentido, el texto recuerda que la Fiscalía sustenta en su acusación por rebelión que, “desde el inicio, los procesados, con el objetivo final de lograr la independencia de Cataluña y la secesión del Estado Central, se plantearon el uso de la violencia. ¿Cómo la llevaron a cabo?, se pregunta, y responde: por medio de la actuación tumultuaria de miles de ciudadanos, instigados por aquellos, y la colaboración de los Mossos”.

Sin embargo, los juristas que suscriben el manifiesto, cuestionan que la Fiscalía fundamente su acusación en “el peligro” de “incitar a las movilizaciones” y advierten que este argumento “convierte en delito el ejercicio de derechos fundamentales”.

Banalización

Para los firmantes, las acusaciones de rebelión y sedición “abren la puerta a la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo, razón por la cual el legislador de 1995 las restringió para casos de una materialidad lesiva claramente superior al actual”.

Del mismo modo, advierten que las penas asociadas a ambas figuras no respetan el principio de proporcionalidad y son “altamente cuestionables”. “Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia”, argumentan antes de cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional, “que inició el proceso viciando de nulidad lo posteriormente actuado”, según el texto.

Firmantes

Los catedráticos justifican la nueva iniciativa “en la trascendencia histórica que para la democracia española alcanza el proceso penal que se va a desarrollar”. El principal promotor del texto es Guillermo Portilla Contreras, catedrático de Derecho Penal en Jaén, quien no respondió este miércoles a los mensajes de este periódico. A la redacción se unió también Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha y principal estudioso del delito de rebelión en España. García Rivas ya defendió en este periódico, que, para que una insurrección revista la gravedad de la rebelión tiene que ser “un acto de fuerza contra la integridad territorial o el orden constitucional que no puede resolverse con otros medios” que no sean el recurso a las Fuerzas Armadas.

Otra de las catedráticas firmantes es María Luisa Maqueda Abreu, de la Universidad de Granada y quien ya promovió, junto a Francisco Javier Álvarez García, de la Carlos III, un texto en los mismos términos en noviembre del pasado año.

A ellos se han unido, entre más de 350 firmas, José Ángel Brandariz García, titular de Derecho penal de la Universidad A Coruña; Esther Pomares, compañera de Portilla como profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Jaén; Juana del Carpio Delgado, del mismo área en la Pablo de Olavide (Sevilla); o Manuel Cancio Meliá, catedrático de la Autónoma de Madrid.

Cancio defiende “que no hay atisbo de violencia organizada”. “Todo se puede discutir en derecho, pero este proceso se sale de los márgenes”, asegura el catedrático, quien insiste en que el texto que ha respaldado no es una opinión política sino una argumentación jurídica.

La gran mayoría de los firmantes son profesores en universidades de toda España, muchos de ellos de Penal y Filosofía del Derecho, abogados así como algún empresario. También figuran la directora general de Contratación Pública de la Generalitat, Mercè Corretja i Torrens, y algunas firmas de juristas afincados en otros países. Un tercio de las firmas proceden de Cataluña, comunidad a la que siguen Madrid y Valencia.

María Acale, catedrática en la Universidad de Cádiz y también firmante, destaca la oportunidad del texto y la interesante coincidencia de criterios entre profesores de Filosofía del Derecho y de Penal.