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El primer aniversario del 20-S deriva en un alegato de la Generalitat contra la justicia

Torra pide la anulación de los procesos contra el independentismo y la dimisión del presidente del CGPJ

Quim Torra, en la concentración organizada por el aniversario del 20-S.

Miles de personas, y el Govern casi en pleno, se concentraron este jueves en Barcelona frente al departamento de Economía de la Generalitat para reivindicar la manifestación que se produjo hace un año, el 20 de septiembre de 2017. Aquella protesta, convocada contra el registro que, por orden de un juez, realizaba  la Guardia Civil en el Departamento de Economía de la Generalitat en las vísperas de la consulta ilegal del 1 del octubre, es parte de la causa por rebelión que se sigue en el Tribunal Supremo. El acto de ayer derivó en un alegato contra la justicia que ya había iniciado por la mañana, con una declaración institucional, el president Quim Torra.

Torra centró su declaración en criticar con dureza al “sistema judicial español”, para acabar reclamando la libertad de los nueve dirigentes independentistas encarcelados por presunta rebelión y malversación de fondos, el retorno inmediato de los que están fugados y la anulación de todas las causas judiciales abiertas.

En su opinión, las personas encausadas en estos procesos no tendrán un juicio “justo, limpio e imparcial”. “La poca confianza que pudiera quedar en la justicia española hoy [por este jueves] se ha roto definitivamente”, añadió Torra, quien considera que “no hay independencia judicial, ni imparcialidad, ni integridad”.

El detonante de la declaración de Torra fue la información publicada por eldiario.es y elmon.cat sobre el contenido de una lista de correos electrónicos en el que una veintena de jueces intercambiaron hace un año sus impresiones sobre lo que estaba sucediendo en Cataluña, en pleno desafío independentista.

Los jueces rechazan el ataque de Torra

/FERNANDO J. PÉREZ

Las cuatro principales asociaciones judiciales emitieron este jueves un comunicado en el que tildan de “desproporcionada” la reacción del presidente catalán, Quim Torra, tras conocerse una serie de manifestaciones contra el proceso secesionista catalán vertidas hace un año por una veintena de magistrados en un correo corporativo al que tienen acceso los 5.500 jueces españoles. En esos correos, algunos jueces —no vinculados a la causa del proceso independentista— calificaban el procés de “golpe de Estado” y comparaban la situación en la que se había sumido Cataluña con el “régimen nazi”. Las asociaciones aseguraron que estos "correos privados (...) no comprometen al conjunto de la carrera judicial".

Algunos equiparan la actitud de los dirigentes secesionistas con el nazismo, los califican de “golpistas” y llegan a proferir insultos contra ellos. Algunos mensajes de otros jueces rebaten los argumentos de sus compañeros y niegan que en Cataluña se viva una situación de “odio”.

Por todo ello, Torra reclamó la dimisión inmediata del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la apertura de una investigación para determinar la identidad de los autores de los mensajes y en qué procedimientos judiciales han participado. También pidió a la Fiscalía General del Estado que abriera una investigación para “depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes”.

Las críticas de Torra contra los jueces tuvieron continuidad por la tarde, en la concentración frente al departamento de Economía, a la que asistió Torra, casi todos los miembros del Gobierno catalán, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y dirigentes de partidos independentistas, así como de Catalunya en Comú Podem. La Guardia Urbana de Barcelona estimó la participación en 15.000 personas.

“Una farsa, no un juicio”

El acto había sido convocado por la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuya presidenta, Elisenda Paluzie, afirmó: “El Estado español tiene jueces que son de parte, como hemos visto en ese chat indigno del Consejo General del Poder Judicial".

Òmnium Cultural también convocó la concentración y su vicepresidente, Marcel Mauri, preguntó a los concentrados si “todavía hay alguien que cree en la independencia judicial”. A renglón seguido afirmó que el juicio que se celebrará contra los líderes independentistas “no será un juicio justo, sino que será una farsa”, y sostuvo que la causa judicial instruida en el Tribunal Supremo está construida sobre “la mentira” y que “se ha construido un relato falso”.

La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia contra 25 líderes independentistas por su actuación en 2017 ya está finalizada y ahora solo queda resolver los recursos pendientes y celebrar la vista contra 18 de ellos, pues los otros siete, con Carles Puigdemont al frente, están huidos de la justicia. Tanto Paluzie como Mauri reivindicaron la movilización continua de la ciudadanía para “enfrentarse” a las “provocaciones del Estado”.

 

 

 

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