Marlaska apuesta por la elección en el Congreso de los 20 vocales del CGPJ

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha declarado en Bilbao como un firme defensor de la elección parlamentaria, no solo de los ocho juristas de reconocido prestigio, sino de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque ha puntualizado que debería diseñarse un procedimiento más exhaustivo. Apenas 48 horas después de que el PP considerara roto el pacto para la renovación de ese órgano, ha dicho que no entiende que uno de los órganos de control del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, sea ajeno y no esté "sustentado por la soberanía popular". Otra cosa es el procedimiento parlamentario (para designarlos), que, en su opinión debería permitir "que todos los candidatos comparezcan y hagan una exposición de su modelo de poder judicial, de su plan de actuación, y que puedan ser interrogados, porque todo alto cargo tiene que ser transparente".

Marlaska ha realizado estas declaraciones tras el encuentro organizado por la cadena SER y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, "Espacios para la reflexión-El reto migratorio: Una ciudadanía sin nación". Marlaska se ha referido a las críticas de politización de la Justicia que han surgido tras la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el órgano de Gobierno de los jueces. El magistrado tomó esa decisión tras hacerse público el mensaje de WhatsApp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, reenvió a sus compañeros en la Cámara alta, y en el que le consideraba una marioneta del PP. La designación de Marchena debía ser votada por los vocales en el pleno, pero se conoció el pasado día 12, durante las negociaciones de PP y PSOE para la renovación del Poder Judicial.

Más información

Las asociaciones judiciales aplauden la decisión de Marchena: “Es una lección de independencia"

El PP disuelve el chat al que Cosidó envió su polémico mensaje sobre el pacto para renovar el Poder Judicial

Cosidó admite el mensaje de WhatsApp en el que presume de un futuro control del PP sobre el Supremo

Las injerencias políticas sumen al Poder Judicial en una crisis inédita

Frente a la postura del presidente del PP, Pablo Casado, que ha defendido cambiar el sistema de elección del Consejo para volver al modelo modificado en 1985 por el PSOE, el ministro del Interior ha abogado por que se proceda a su designación, en su totalidad, por las Cámaras. "Siempre he defendido la elección parlamentaria de los 20 (vocales) porque no entiendo un órgano de gobierno de los tres poderes del Estado que no esté sustentado en la soberanía popular. Cuestión distinta es que el procedimiento parlamentario tiene que ser, por así decirlo, más exhaustivo", ha indicado.

Grande-Marlaska ha defendido que todos los candidatos "tengan que comparecer" para realizar una exposición de su modelo de Poder Judicial, de su plan de actuación, "y que puedan ser interrogados del bien y del mal". "Es decir, todo el que quiera ser alto cargo del Estado tiene que ser transparente", ha añadido.

Mala imagen

El ministro ha defendido la labor de la Justicia en España pese a las últimas críticas que ha recibido por diversos asuntos como el método de elección del Consejo, por sentencias como la referida al pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas por los clientes o algunas sobre violencia machista, como la de La Manada, y por los varapalos que el Gobierno está recibiendo de la Justicia europea. Marlaska ha precisado que en el Poder Judicial son 5.500 jueces que emiten muchísimas sentencias cada año en todos los ámbitos y no se puede "generar desconfianza en modo alguno" sobre el sistema por algunas resoluciones concretas, ha sostenido.

Grande-Marlaska ha recordado que durante la crisis los jueces españoles dictaron "muchas sentencias" a favor de los ciudadanos frente a la banca y que también fueron jueces españoles los que presentaron cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo sobre las cláusulas abusivas.

Preguntado por el relevo del jefe del departamento Penal de la Abogacía del Estado y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal, el ministro del Interior ha declinado opinar por no ser una cuestión de su departamento. No obstante, ha señalado que puede "asegurar que no tiene ninguna relación con otra cuestión" que no sea el funcionamiento interno, como el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes procesados por el referéndum del 1 de octubre.