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Golpe a una trama de corrupción ligada al ‘caso del 3%’ que se autodenominaba la Hermandad

La Guardia Civil interviene documentación en dos entidades públicas catalanas por el fraude en la adjudicación de contratos a un cártel formado por una quincena de sociedades

La Guardia Civil este martes en la Operación Colusorium.
La Guardia Civil este martes en la Operación Colusorium.

La Guardia Civil ha dado este martes con la Operación Colusorium un nuevo golpe a la corrupción del 3% en Cataluña. Agentes del Instituto armado han acudido a primera hora de la mañana a las sedes de la empresa pública Infraestructures.cat y de la Autoridad Catalana de la Competencia para requisar documentación en busca de pruebas sobre el presunto amaño de numerosas adjudicaciones en las que resultó beneficiado un grupo de empresarios que se autodenominaba "la Hermandad". La Guardia Civil ha registrado ocho empresas y 13 despachos profesionales situados en Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla. Hay 15 personas investigadas. Todos ellos serán llevados a declarar como imputados a la Audiencia Nacional en los próximos días.

La operación está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, encargado de investigar el 'caso 3%' y que ha decidido la apertura de una pieza separada en este sumario ante el singular sistema utilizado por esta supuesta trama de corrupción. Las pesquisas apuntan a que los empresarios implicados actuaban como un auténtico cártel que conseguía que los concursos se licitaran de acuerdo con sus intereses para asegurarse la adjudicación.

Los investigadores creen que los directivos de estas sociedades redactaban los pliegos de las licitaciones de Infraestructures.cat y otras empresas públicas de la Generalitat para fijar el precio y las condiciones de los concursos, y excluir, de este modo, a los posibles competidores. Posteriormente pactaban entre ellos quién se llevaba los contratos. Todo ello gracias a la supuesta connivencia que mantenían con antiguos altos cargos del Govern en la etapa de la presidencia de Artur Mas. La Guardia Civil intenta comprobar si, como en otros casos del 3%, las comisiones ilegales acababan sirviendo para financiar irregularmente a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Entre los cargos de la Generalitat investigados se encuentran Joan Luis Quer y Josep Antoni Rosell, presidente y director general respectivamente de Infraestructures.cat cuando se produjeron los supuestos amaños. Rosell ya ha sido detenido en otras dos ocasiones por su presunta implicación en otros episodios de la trama del 3%. De hecho, la investigación parte de unos correos electrónicos intervenidos en octubre de 2015 durante la que entonces se llamó Operación Petrum III, también dirigida a destapar las estructuras de financiación irregular de CDC.

Entre aquellos mensajes aparecieron una serie de correos electrónicos fechados entre 2008 y 2011 que tenían en común una cuenta de email denominada 'nuriabofill'. A través de esa dirección de correo electrónico, las empresas ahora investigadas concretaban los detalles para los amaños tanto de las adjudicaciones de Infraestructures.cat como de otras empresas públicas como la Agència Catalana de l'Aigua, Regs de Catalunya, Consorcio de Aguas de Tarragona y Aigües del Ter Llobregat.

Las primeras pesquisas se han centrado en diez adjudicaciones de Infraestructuras.cat como órgano licitador y adjudicador de los mismos, cuyos expedientes han sido intervenidos este martes por la Guardia Civil. Agentes del Instituto armado también han acudido a la Autoridad Catalana de la Competencia con un requerimiento de documentación para que este organismo aporte documentación sobre las actuaciones que hubiera realizado en relación con las empresas presuntamente involucradas. Estas son la Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultories Independents de Catalunya, GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotècnica SA, Ayesa Enginyeria y Dopec SL, según fuentes de la investigación.

El caso del 3% comenzó a investigarse en el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) en 2015 y se centra en la estructura creada para financiar a CDC con donaciones de empresarios a las fundaciones CatDem y Forum Barcelona. Informes de la Guardia Civil sostienen que ambas entidades ingresaron entre 2012 y 2015, en plena etapa de Artur Mas al frente de la Generalitat, 16,9 millones de euros, la mayoría procedentes de donaciones de grandes empresas. Más de seis millones fueron abonados mediante cheques y en efectivo. En esta etapa, el Gobierno catalán adjudicó a los donantes 24 obras públicas valoradas en aproximadamente 175 millones de euros.

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