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El Poder Judicial insta a planificar protección “adecuada” para los jueces que trabajan en Cataluña

El ministro del Interior pide, a raíz del ataque a Llarena, que no se creen "alarmismos"

Pablo Llarena
Miembros de Arran lanzando pintura.

El Consejo General del Poder Judicial ha instado al Ministerio del Interior a planificar medidas de protección adecuadas de los magistrados y jueces que prestan servicio en Cataluña. Así lo ha acordado este jueves la comisión permanente del Consejo a raíz del ataque con pintura amarilla perpetrado por la organización Arran en la madrugada del miércoles en la casa de Pablo Llarena, el instructor de la causa que sentará en el banquillo del Tribunal Supremo a 18 líderes independentistas.

Llarena y su esposa, la también magistrada Gema Espinosa, ya cuentan desde hace meses con un dispositivo de seguridad tras sufrir varios escraches en su domicilio y en restaurantes. Se trata de lo que Interior llama seguridad “dinámica”, es decir, escolta que les acompaña en sus desplazamientos. Las pintadas de este miércoles se produjeron en la casa que el magistrado y su mujer tienen en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El matrimonio no se encontraba en esa casa, pero sí uno de sus hijos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido a estos hechos en un desayuno informativo este jueves y ha explicado su departamento revisará los protocolos de seguridad de Llarena, aunque no ha detectado que fallaran. El ministro, además, ha pedido que no se cree “alarmismo”.

Sin embargo, la comisión permanente del CGPJ, órgano al que Marlaska pertenecía hasta que se incorporó al Gobierno en junio pasado, ha aprobado por unanimidad una declaración de apoyo a Llarena y Espinosa en la que muestran su “más absoluto rechazo” al ataque e insta a las “autoridades competentes en materia de seguridad”, en referencia a Interior, a que adopte medidas de protección "adecuadas y efectivas” no solo contra el instructor de la causa del procés y esposa, sino contra “todos los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña”.

El Poder Judicial insta también a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña para que “de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos”.

En su resolución, además de expresar su rechazo al ataque perpetrado por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, el órgano de gobierno de los jueces condena “las expresiones de apoyo” a esos hechos y “a quienes la están alentando”. Asimismo, muestra “su más absoluto rechazo a toda conducta de intimidación que pretenda dirigirse” contra los jueces que prestan servicio en Cataluña y manifiesta su “aliento y compromiso” con este colectivo por la labor “constante, callada y meritoria” que realizan cada día.

En marzo pasado, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, envió a Cataluña a una veintena de agentes de la Unidad Central de Protección para reforzar la protección de jueces y políticos tras el aumento de la tensión por la detención en Alemania de Carles Puigdemont. Los policías fueron desplazados desde Madrid para escoltar a cargos de Ciudadanos, el PP y el PSC, y se sumaron a los que ya protegían al juez Llarena cuando viaja a Cataluña. También se incrementó la seguridad del juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, instructor de otro de los sumarios contra el procés y fallecido el pasado 4 de noviembre. Según fuentes policiales, ya no hay en Cataluña policías desplazados desde Madrid para proteger a jueces. En la actualidad, son aproximadamente 200 agentes —en su mayoría, agentes mossos d’Esquadra— los que prestan este tipo de servicio de seguridad de manera habitual en la comunidad autónoma.

Un protocolo para decidir quién recibe protección

No es la primera vez que surgen discrepancias entre los jueces y el Ministerio del Interior a cuenta de la protección de los primeros. En 2012, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció un recorte de las escoltas que afectó a jueces y fiscales, y que provocó las protestas estos. Las asociaciones mayoritarias de ambos colectivos criticaron la decisión por considerarla "radicalmente inadecuada" y pidieron que se les mantuviera la protección policial porque, aunque ya entonces ETA había dejado de atentar, consideraban que se mantenía el riesgo del terrorismo islamista y la nueva amenaza del crimen organizado. Las quejas hicieron que el recorte no fuera tan acusado como Interior pretendía.

En la actualidad es una comisión dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad la que valora el grado de riesgo de sufrir un atentado que tiene una persona y decidir qué tipo de protección debe tener. Para ello, utiliza un protocolo titulado "Normas generales para la evaluación del riesgo y asignación de protección de personalidades" que permite cuantificar el nivel de riesgo -extremo, alto, medio o bajo- y, de este modo, qué tipo protección es necesaria: dinámica, estática o contravigilancias. En ese estudio se analiza desde el tipo de amenaza y la credibilidad de la misma hasta la motivación de la misma. Estos análisis de riesgo son revisados, al menos, una vez cada seis meses. La comisión tiene también la capacidad para retirar el servicio de protección si la persona protegida hace un uso inadecuado del mismo.

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