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La defensa de Mas pide su absolución al Supremo por el 9-N: “Es más necesario que nunca”

El expresidente de la Generalitat pide que se revoque la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación

El expresident Artur Mas en la presentación del Consell por la República, el 30 de octubre.
El expresident Artur Mas en la presentación del Consell por la República, el 30 de octubre. GTRES

La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que absuelva a su cliente del delito de desobediencia grave por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, vetada por el Tribunal Constitucional. Mas fue condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 13 de marzo de 2017. El abogado del expresidente catalán, Xavier Melero, ha solicitado al alto tribunal que “recupere su jurisprudencia tradicional” y exonere a Mas. “Esto es más necesario que nunca”, ha dicho, para acallar a quienes "especulan y mercadean con las resoluciones judiciales" y demostrar que el Supremo trata a todos los imputados por igual. La fiscalía, ha reclamado al tribunal que confirme la sentencia de primera instancia.

El letrado de Mas, al igual que los de la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau, condenadas, respectivamente, a un año y nueve meses y a un año y medio de inhabilitación junto con el expresidente autonómico, reconocen la dificultad de que el Supremo anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán, y más después de que el propio alto tribunal condenara por los mismos hechos al exconseller Francesc Homs el 22 de marzo del año pasado. El Supremo fue condenado a un año y un mes de inhabilitación y 30.000 euros de multa. Su juicio se celebró directamente en el alto tribunal porque el exconsejero estaba aforado en ese momento al ser diputado del Congreso.

Melero ha calificado aquella sentencia de Homs como un “islote jurisprudencial”, al entender que no cabía la condena por desobediencia al no haberse notificado personalmente la decisión del Constitucional de prohibir la consulta soberanista de 2014. El fiscal Moreno ha señalado que no es cierto que la jurisprudencia exija el requerimiento escrito para apreciar la desatención al mandato del Constitucional, y ha afirmado que en el caso del 9-N “la desobediencia fue absolutamente abierta”.

El letrado ha tratado de desvincular a Artur Mas de la condena de Homs. Pese a que ambos han sido condenados por la preparación del llamado proceso participativo, Melero ha subrayado que el exconseller realizó “actos ejecutivos” que demuestran que se implicó “de propia mano en el no acatamiento de la providencia” del Constitucional en la que declaraba ilegal la consulta. Sin embargo, en el caso de Mas, “en el peor de los casos dudaba, y no dudaba solo. La duda del señor Mas en aquellos días iba acompañada de las dudas de toda una serie de operadores de la máxima cualificación jurídica en la comunidad autónoma de Cataluña”.

A esta idea, el fiscal ha rebatido lo siguiente: “Bastaba con saber que no tenían competencia para hacerlo, que estaba suspendida su competencia, podían creer que era legal o no, pero sabían que no tenían competencia, que el acto estaba suspendido, ahí está la desobediencia, con esa premisa bastaría”. Y ha añadido: “Además sabina perfectamente que el fondo de aquello que estaba convocado era una actuación inconstitucional”.

En su recurso ante el Supremo, Mas alegó que fue juzgado "en su condición de presidente de la Generalitat" por el "desempeño de las funciones de gobierno inherentes" a su cargo, por lo que entiende que "ninguna" de las actuaciones por las que fue condenado estaban relacionadas con las funciones propias de un parlamentario u otro puesto electo. Por este motivo, el abogado de Mas, Xavier Melero, pidió en el recurso que, en caso de no revocar la condena, se suprima de la sentencia emitida por el TSJC la referencia a que la pena de dos años de inhabilitación sea extensiva a "todo el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal".

El abogado de la exvicepresidenta Joana Ortega, Rafael Entrena, ha defendido ante el tribunal que la actuación de su cliente "fue públicamente de buscar un encaje legal, de buscar el diálogo y no llamar a la desobediencia y confrontación con los poderes públicos". Entrena ha considerado “desproporcionada e injusta” la pena impuesta a Ortega y ha apelado al tribunal a no caer en la “tendencia bastante generalizada de meter en un mismo paquete todos los casos vinculados al nacionalismo catalán”. A su juicio se debe distinguir entre “los diferentes momentos en que se producen, la actitud de los intervinientes, las circunstancias sociales y la concreta participación de cada uno de ellos”.

La Fiscalía anunció en un principio que recurriría la sentencia para pedir que se les condenara por prevaricación administrativa, delito del que el TSJC les absolvió. Sin embargo, el ministerio público no presentó finalmente este recurso.

El tribunal que decidirá sobre la condena de Mas estará formado por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres.

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