La Generalitat ve culpable a Mas del desvío de 5,3 millones del 9-N y le pide pagar las costas del proceso
La abogada general de Cataluña le considera "responsable directo y solidario" del despilfarro
La Generalitat de Cataluña, a través de su abogada general, ha enviado un informe al Tribunal de Cuentas en el que ve culpables directos del desvío indebido de dinero público para el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 al expresidente catalán Artur Mas y a cuatro altos cargos de su Gobierno.
La Generalitat presentó el pasado 19 de abril un escrito ante este Tribunal en el que considera, de acuerdo con el dictamen de la instructora del Tribunal de Cuentas, que sus arcas han sido dañadas en 4,8 millones, sin contar otros 420.000 euros de intereses, y que los responsables directos son básicamente Mas y otros tres altos cargos de su Gobierno (Francesc Homs, su número dos; y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau), por haber desviado ese dinero para unos comicios que, al igual que los del pasado 1-O, fueron declarados ilegales por el Tribunal Constitucional.
Las costas del proceso que desarrolla el Tribunal de Cuentas contra los independentistas del 9-N pueden alcanzar el medio millón de euros
La abogada general de la Generalitat no solo los considera responsables directos, además, reclama al Tribunal de Cuentas que abonen las costas del proceso, que fuentes jurídicas calculan en torno a medio millón de euros. La responsabilidad contable observada por el tribunal es de 4,8 millones, más 420.000 euros de intereses, cantidades a las que, una vez se celebre el juicio, hay que añadir el dinero de las costas del proceso. Legalmente, la Generalitat podía haber obviado la petición de costas y dejar ese asunto en manos del tribunal.
La abogada general apela al informe de la instructora y da por hecho que la Generalitat, durante el Gobierno de Artur Mas, abonó indebidamente para el 9-N un total de 2,8 millones de euros en la compra de ordenadores que fueron utilizados en las mesas de votación y otros 828.171 euros en campañas de publicidad de los ilegales comicios, entre otros gastos.
La investigación llega a su fin
El Tribunal de Cuentas prácticamente ha concluido la investigación sobre este asunto y ha pedido a las partes que formulen sus alegaciones con vistas al juicio. La Abogacía del Estado también ha tasado en 5,2 millones el daño causado por los investigados a las arcas públicas y también reclama que todos ellos asuman el pago de ese dinero y el de las costas del proceso. La Fiscalía no ha emitido aún su escrito. Tras las diligencias previas, la instructora del Tribunal de Cuentas decretó el embargo de las viviendas de los investigados para hacer frente a la fianza de casi 5,3 millones que le impuso el órgano fiscalizador. De esa cantidad, y en nombre de los implicados, la asociación independentista ANC se hizo cargo de 2,2 millones. Las viviendas de todos ellos han sido embargadas para hacer frente al dinero restante.
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