El PP exige a Sánchez que desautorice a Zapatero por reunirse con Otegi

El PP quiere saber si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de la reunión que mantuvieron hace unas semanas en un caserío de Elgoibar —un municipio de Guipúzkoa de unos 11.500 habitantes— el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Primero el presidente del PP, Pablo Casado, a través de las redes sociales, y después la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, en Leganés (Madrid), le han pedido explicaciones y que desautorice ese encuentro, de cuya celebración ha informado El Correo.

Casado se ha preguntado a través de Twitter si Zapatero es "el enviado de Sánchez"  y a renglón seguido se ha autocontestado que "por permanecer en el Gobierno, Sánchez es capaz de negociar los Presupuestos Generales con terroristas que no piden perdón a las víctimas, ni colaboran para esclarecer 376 asesinatos impunes". "Exijo explicaciones de una reunión que ataca el Pacto antiterrorista", ha escrito en esta red social el presidente del PP y líder de la oposición.

Levy ha usado el mismo argumentario y ha exigido al presidente del Gobierno que desautorice a Zapatero porque Otegi es un "líder proetarra que no ha condenado la violencia de la banda terrorista". Según la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, mantener un encuentro con Otegi, actual coordinador general de EH Bildu, supone una "humillación a las víctimas" de ETA y una "ruptura" del pacto antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE. El caserío el caserío Txillarre de Elgoibar es el que sirvió para mantener los encuentros entre los dirigentes del PSE y los de la izquierda abertzale, encabezados respectivamente por Jesús Egiguren y Arnaldo Otegi, que desembocaron en el fin de la violencia terrorista y, finalmente, en la disolución de ETA.

Sin embargo, Levy ha vinculado la reunión entre Zapatero y Otegi con la necesidad de apoyos que tiene Sánchez para sacar adelante los presupuestos de 2019 y con los "pactos ocultos" que cree que está cerrando con los partidos independentistas: "¡A saber qué le está pidiendo también Bildu para aprobar los presupuestos de Sánchez!", ha afirmado. Tras insistir en que el Gobierno debe aclarar si "Zapatero está de negociador de los Presupuestos de Pedro Sánchez para contar con el apoyo de Bildu", Levy se ha preguntado "cuánto cuesta el chantaje de independentistas y proetarras" y "cuál es el coste que vamos a pagar todos los españoles para que Pedro Sánchez siga atornillado a La Moncloa".

En esta línea se ha mostrado convencida de que el precio que va a pagar Sánchez por el apoyo a los Presupuestos de los partidos independentistas catalanes es el referéndum de autodeterminación que le ha exigido el presidente catalán, Quim Torra. "Queremos saber si para aprobar los presupuestos de Sánchez los españoles vamos a pagar con la celebración del referéndum ilegal que quiere Puigdemont", ha insistido. El PSOE ha rechazado en repetidas ocasiones la realización de un referéndum para votar la independencia de Cataluña.

Levy ha recordado que para el PP el acuerdo presupuestario que ha alcanzado el Gobierno con Unidos Podemos es una "irresponsabilidad política y económica". Desde el punto de vista económico, ha argumentado que pone en riesgo la solvencia de España ante las instituciones de la UE, porque "pone en duda que vayamos a cumplir los objetivos de déficit" y "no dicen de dónde van a salir 10.000 millones de ingresos supuestos que van a tener". El PP también cree que el acuerdo presupuestario condena a España a la desaceleración, que pone el foco en debilitar el consumo y el empleo y que supone un "impuestazo" para las clases medias por el nuevo impuesto al diésel —todavía no ha sido concretado—, a los planes de pensiones y a la cuota de los autónomos. En el pacto entre el Gobierno y Podemos, en efecto, se ha acordado reformar en 2019 el sistema de cotización de los tres millones de trabajadores autónomos “para vincularlo a los ingresos reales”, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja, según el texto suscrito por ambas formaciones.