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El Gobierno pacta sacar del bono social eléctrico a las familias numerosas con rentas altas

Plantea poder elevar los ingresos por los impuestos sobre el diésel un 30% en 2020

IPC septiembre
Contadores eléctricos inteligentes en un edificio de viviendas de Barcelona. Reuters

El acuerdo entre el Gobierno y Podemos sobre los presupuestos de 2019 incluye un capítulo dedicado a las medidas energéticas. Habla de la preocupante evolución del precio de la electricidad y su efecto sobre los ciudadanos, especialmente sobre la población más vulnerable. también sobre la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad medioambiental. Pero el capítulo, no obstante, plantea más compromisos que acuerdos concretos y se centran sobre todo en modificar el bono social, potenciar las plantas de renovables y elevar el impuesto del diésel un 30%.

En ese sentido, el acuerdo firmado, de llevarse adelante el Presupuesto de 2019, replantea (otra vez) el bono social eléctrico, pese a que el real-decreto 15/2018 del pasado 5 de octubre de medidas urgentes aprobado por el Gobierno lo daba por bueno. El objetivo principal que plantean ahora es hacer una reforma profunda del bono social eléctrico (que se reformó en 2017) y crear un bono general (que incluya el bono gasista) con el objetivo de que los hogares puedan realizar un consumo mínimo de energía. La principal novedad es que se podrá solicitar de manera automática y en cualquier comercializadora eléctrica (no solo en las llamadas de referencia, como hasta ahora) y, sobre todo, que el único criterio para que se adjudique es la renta per cápita del hogar vulnerable. Es decir, la renta del hogar dividida por el número de miembros.

Esto es: ahora hay colectivos como las familias numerosas que lo pueden recibir, sea cual sea su renta. Sin embargo, en la propuesta pactada hoy, desaparece este criterio de la lista. Señala que "la renta per cápita del hogar vulnerable sea el único criterio de adjudicación. Como salvedad a esto, se podrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales", señala el texto del acuerdo.

Los servicios sociales deben autorizar los cortes

Además se da un plazo para elaborar una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (el Gobierno dijo la semana pasada que se daba seis meses). Para su elaboración se contará con las comunidades autónomas y ayuntamientos, la CNMC, las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas. Asimismo, será un requisito necesario la autorización por parte de los servicios sociales ante cualquier solicitud de interrupción de suministro a un consumidor acogido al bono social tanto si se trata de consumidor vulnerable como vulnerable severo.

La financiación correrá a cargo de las empresas del sector en base a su volumen de facturación ya sea pública o privada y será posible beneficiarse con la contratación de cualquier comercializadora. El documento recoge que "se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables".

400 millones para rehabilitación de viviendas

El Gobierno y Unidos Podemos quieren también aprobar un plan de impulso a la repotenciación de las plantas renovables existentes. "Es preciso recuperar el atractivo de invertir en renovable", aseguran. Entre otras cosas, se quiere modificar las reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo a nuevas instalaciones estableciendo como criterio fundamental el coste de generación y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

En esta misma línea, se pondrá en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta el año 2020. Con esta medida pretenden que las ventas no se concentren en momentos determinados o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas. Este plan contará en el año 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo.

Como reclamó en varias ocasiones el grupo confederal, ambas partes han acordado un Plan de Rehabilitación de Viviendas a partir de 2019, con una duración de cuatro años y una inversión de 400 millones cada año. "Incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total".

Grupo de trabajo para las renovables

El objetivo, dice el documento, es llegar al 100% renovable que requiere otras medidas y reformas legislativas que necesitan consenso parlamentario. Ante eso se ha acordado crear "de manera inmediata" un grupo de trabajo, formado por representantes del Gobierno y del grupo Unidos Podemos, que elabore un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar 2018. En el mismo plazo, se redactará un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que tendrá que ser enviado a la Comisión Europea.

Con la misma inmediatez, se acuerda negociar las enmiendas al citado real-decreto antes de su convalidación. En ese sentido, se incluyen cambios normativos para que las empresas eléctricas dejen de recibir sobrerretribución (conocido como "beneficios caídos del cielo" en terminología de Unidos Podemos) a energías como las nucleraes o la hidráulica. Se propone establecer "un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico: la diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores".

También plantea revisar los pagos por capacidad excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y modificar la factura de la luz para reducir el porcentaje que representa el término de potencia en función de la energía consumida. De esta manera, el coste de los primeros kilovatios/hora (Kw/h) consumidos será inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

El acuerdo plantea "establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que, deberá ser, igual al valor del mercado mayoristas de electricidad" y contar con los mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

Reacción sectorial

Fuentes del sector eléctrico, tras compartir la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la Unión Europea, sostienen que dicha reforma, en línea con la postura del entorno comunitario, debe ser general, y no tecnológica, acompañada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generación térmica que, generará cada vez menos pero garantizará el suministro.

Sin embargo, a su juicio, "no caben medidas que penalicen a las energías libres de emisiones como las que se proponen al respecto de la nuclear y la hidroeléctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables". "Son medidas contrarias a la normativa de la UE, por lo que se generaría una nueva judicialización del sector, en un momento en el que lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica", añaden,

También aseguran que esas medidas "van en contra de la acción climática, desincentivando las inversiones en energías limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnologías limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la necesidad de la energía sostenible".

Asimismo, recuerdan que las centrales nucleares no están amortizadas (no han llegado al fin de su vida útil) y están tan sobrecargadas de impuestos que no son viables. Mientras, las hidroeléctricas no están amortizadas y requieren de cantidades ingentes de inversión (gran obra civil) que empiezan a dar réditos a partir de los 70 años del inicio de su funcionamiento. Las quejas no acaban ahí: "Los generadores hidroeléctricos pagan actualmente más del 25% de sus ingresos en impuestos, tan elevados que no tienen parangón con países de nuestro entorno". 

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