El Gobierno aprueba nuevas ayudas a los consumidores para luchar contra la pobreza energética

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el decreto ley en materia energética que, entre otras medidas, anula el impuesto del 7% sobre generación eléctrica y el impuesto de hidrocarburos durante seis meses, tiempo que se da para elaborar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Se calcula una repercusión total del 7% a la baja en el recibo de la luz. Además, introduce cambios en el bono social eléctrico, crea el bono social térmico para calefacción y suprime el impuesto al sol.

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El Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto discutir con los sectores sociales la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para promulgarla en un plazo de seis meses desde que se publique el decreto ley (es decir, hasta principios de abril). Esta estrategia establecerá las medidas y actuaciones para reducir y aliviar este problema que afecta a más de 4,6 millones de personas, según aseguró este viernes la ministra, Teresa Ribera. El objetivo es facilitar la transición energética, hacer recuperar la confianza para atraer inversiones y construir un mercado estable.

La reestructuración que pretende el Gobierno se basa en cinco grandes pilares: pobreza energética, protección al consumidor, autoconsumo, fomento a las energías renovables y fiscalidad y sostenibilidad del sistema. Según la ministra, “mientras no hay una reforma estructural de fondo no será posible modernizar la economía, ni tampoco dar cobertura a los que sufren pobreza energética”. Asimismo, subrayó que se buscará una rentabilidad razonable para los inversores, pero evitando encarecer la transición.

La medida más inmediata es la supresión del impuesto de generación eléctrica que instauró el anterior Gobierno y el impuesto de hidrocarburos que se aplica en la generación de gas, conocido como “céntimo verde”. Se trata de atajar la controversia de la formación del recibo de la luz. En la actualidad, el 50% procede del coste de financiación de infraestructuras, peajes y otros factores ajenos al negocio y un 22% de tributos, quedando solo el 28% correspondiente al consumo.

El ministerio calcula que la suspensión de ambos impuestos tenga una repercusión del 7% en el recibo de la luz. Un 4% corresponde al de generación eléctrica y un 3% al céntimo verde. La reducción de este impuesto tiene efecto en el mercado mayorista de electricidad (donde se casan las ofertas para la compra de energía entre las empresas), ya que son las plantas de gas y carbón las que suelen marcar el precio marginalista que se cobra para todas las fuentes. Lo que debe decidirse es si después de los seis meses los impuestos acaban suprimiéndose del todo, se modifican o se recuperan.

Según cálculos del mercado, la anulación del impuesto a la generación representa un ahorro de en torno a seis euros en el recibo para un hogar medio con consumo de 2.600 kilovatios/hora y de unos ocho para uno con más potencia contratada. La reducción de ingresos para el Estado se estima en unos 1.000 millones.

Bonos sociales

Las medidas sobre el bono social eléctrico vigente (creado en 2017 por el Gobierno del PP que sustituyó el anterior modelo, anulado por el Supremo) ampliarán los grupos sociales beneficiados. De esta forma, entran como las familias monoparentales (o, como dijo Ribera “monomarentales”, ya que el 85% de las familias con un solo cabeza son de mujeres), cuyo umbral de renta máximo para acceder se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de familias con dos progenitores, y personas en situación de dependencia. En ese sentido, se prohibirá cortar el suministro en los hogares con al menos un menor de 16 años o donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33%. Estas circunstancias, que deberán acreditarse con certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, que incluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas butano, gasóleo, pellets...). Tendrán derecho a él de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico. Son, por tanto, acumulables, y la vía para llegar al térmico es ser reconocido como beneficiario del eléctrico. El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos del Estado y del número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre. Su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo y de la zona climática donde viva el beneficiario.

Prohibición de la contratación puerta a puerta

El Gobierno también ha prohibido la contratación puerta a puerta del suministro energético, una de las grandes reivindicaciones de las asociaciones de consumidores, y algo también reclamado por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC). La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mencionó esta acción como uno de los puntos clave del decreto ley que se propone proteger a un consumidor muchas ocasiones indefenso ante un servicio que la mitad de los usuarios confiesa no entender. 

La CNMC denunció repetidas veces las malas prácticas de algunos comerciales en la captación de clientes a domicilio. Hace menos de un mes, obligó a las eléctricas que operan tanto en el mercado libre como en el regulado a cambiar las marcas de sus filiales para no confundir a los consumidores en un plazo de seis meses.

“La factura de luz debe dejar de ser ese gran desconocido”, dijo este viernes Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la cual detalló las líneas generales del nuevo decreto ley. La ministra, que ya había tachado el recibo de “incomprensible”, explicó que la factura incluirá información más clara para que los usuarios entiendan qué pagan y cómo les puede beneficiar una tarifa de discriminación horaria, con la cual es más barato consumir por la noche y a primera hora de la mañana y que solo tienen contratada 660.000 de los 11,1 millones de consumidores que se acogen a precios regulados.

Por otro lado, el nuevo decreto prevé que los usuarios con contador inteligente puedan contratar la potencia —permite tener acceso al suministro aunque no lo utilice— en múltiplos de 0,1 kilovatios (kW) en lugar que en múltiplos de 1,1. De esta manera, el consumidor podrá ajustar la potencia que necesita de manera más precisa y conseguir un ahorro en el recibo. Cada kilovatio se corresponde a unos 40 euros al año para los consumidores acogidos a la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC.

Ribera también abordó otro asunto clave en el desarrollo del autoconsumo en España: el impuesto al sol. La ministra anunció la eliminación este gravamen, algo que definió como “un gran absurdo”, la simplificación de las trabas burocráticas y el reconocimiento del derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, en sintonía con las políticas que está impulsando la UE en su diseño hacia un modelo energético más limpio.