La acusación pide cinco años de cárcel al expresidente murciano por el ‘caso Púnica’

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el caso Púnica, ha reclamado una pena de cinco años y medio de prisión para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por supuestos delitos de cohecho y fraude. El político está acusado de encargar al experto informático Alejandro de Pedro, uno de los principales encausados en la trama corrupta, la realización de trabajos para mejorar su imagen personal y su reputación en Internet, y pactar que estos se pagarían con cargo al presupuesto público. Adade ha rebajado de nueve a cinco años la petición de condena que solicitó cuando expresidente de Murcia estaba aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

Sánchez, que llegó al poder en julio de 2015, dimitió como presidente regional en abril de 2017, cuando, tras ser imputado en este caso, renunció ante la amenaza de una moción de censura que arrebataría al PP el gobierno de una comunidad que controla desde 1995. El político dejó en septiembre de 2017 la presidencia del PP murciano y su acta como diputado autonómico.

Según el escrito de acusación, en septiembre de 2014, Sánchez, entonces consejero murciano de Educación, recurrió a los servicios de las empresas de Alejandro de Pedro para impulsar su carrera política. La imagen del político se encontraba deteriorada tras ser imputado en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad murciana limítrofe con Almería, y de la que el político fue alcalde. Además, está procesado en el llamado caso Pasarelas, otro caso de facturas irregulares en aquel municipio.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de carácter personal, y que durarían siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año. Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.

En esta pieza del caso Púnica está también imputado el exconsejero murciano de Industria Juan Carlos Ruiz, quien acudió a De Pedro en su carrera por ser presidente regional en sustitución de al anterior presidente murciano Alberto Garre, que estuvo en el cargo hasta 2015 cuando tomó posesión Sánchez..  Esta investigación también ha afectado a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, cuya causa se instruye en el Tribunal Supremo al ser aforada. Adade reclama en su escrito una pena de 25 años de prisión para De Pedro y para su socio, el también exregidor cartagenero, en este caso socialista, José Antonio Alonso Conesa.