El expresidente de Murcia se sentará en el banquillo acusado de prevaricación, falsedad y fraude

El juzgado de instrucción número 3 de Lorca ha decretado este miércoles la apertura de juicio oral contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el marco del denominado caso Pasarelas, que investiga si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a dedo y sin convocar concurso público al arquitecto Martín Lejárraga, que también irá a juicio por este caso.

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Los hechos se remontan al año 2006, cuando Sánchez era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras y, según las acusaciones del fiscal y el auto de procesamiento dictado el pasado 4 de abril, este habría contratado directamente a Lejárraga saltándose la ley de contratos.

El arquitecto, el mismo que construyó el auditorio de Puerto Lumbreras, otra de las causas judiciales que tiene pendiente Sánchez, habría emitido varias facturas, todas ellas con un valor inferior a 12.000 euros, que es el máximo que fija la ley para no tener que sacar un proyecto a concurso. El juez considera que todas esas facturas correspondían a un mismo trabajo, el de reconstruir y embellecer un puente y una pasarela sobre una rambla, que en su conjunto tenía un valor de más de 54.000 euros.

Por estos hechos, el fiscal pide para Sánchez cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental y dos más por otro de fraude en la contratación, además de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, 20 meses de inhabilitación especial por el delito de falsedad, y diez años más por el de fraude.

Además de estar procesado en el caso Pasarelas, Sánchez lo está en otros dos casos, que motivaron su dimisión en abril de 2017. Se trata, por un lado, del caso Auditorio, en el que se le acusa de los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental por su gestión de la adjudicación, ejecución y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras. El edificio se construyó con una subvención de seis millones de euros concedida por la comunidad autónoma y la obra se recepcionó en 2011 a pesar de no estar finalizada.

Sánchez está también investigado en la operación Púnica por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada que habrían tenido lugar en 2014, cuando era consejero del Gobierno murciano. El juez considera que Sánchez contactó con empresas de esa trama para contratar con cargo a los presupuestos de su consejería trabajos de mejora de su imagen en internet de cara a impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas del año siguiente. Sánchez siempre ha defendido que esos contratos no llegaron a materializarse, si bien no ocurrió así porque la trama estalló antes.

Ambos casos estaban en manos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que también había ordenado ya procesar a Sánchez (en junio lo hizo por la Púnica y un mes más tarde, por el caso Auditorio).

En aquellos momentos, aunque Sánchez ya había dimitido como presidente de la comunidad autónoma, seguía siendo diputado y, por tanto, mantenía su aforamiento. Abandonó el escaño ante la inminente apertura de los juicios orales el pasado mes de septiembre, por lo que ambas causas han regresado ahora a sus tribunales de origen: el juzgado de instrucción número 1 de Lorca en el caso Auditorio, y la Audiencia Nacional en la Púnica.