España alega que Bélgica no es competente para juzgar a Llarena

Los primeros compases del proceso abierto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena escenifican el desencuentro entre las partes. El letrado Hakim Boularbah, que representa tanto al Estado español —que ha intervenido voluntariamente para defender la inmunidad de sus tribunales— como al magistrado, ha insistido este martes en cuestionar la jurisdicción belga para juzgar el asunto. Enfrente, los abogados de Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos —los denunciantes— reclaman entrar también en el fondo del caso: la presunta parcialidad del juez por unas declaraciones públicas en las que habría vulnerado la presunción de inocencia de los instigadores del referéndum ilegal del 1-O.

Solo parecen estar de acuerdo en una sola cosa: en que no están de acuerdo. Y se abre ahora un periodo de un mes para que los abogados presenten por escrito sus alegaciones defendiendo una y otra postura. A partir de ahí, la justicia belga tendrá dos semanas para pronunciarse sobre si puede entrar a juzgar el fondo o, por el contrario, se centra solo en el asunto de la jurisdicción.  Gonzalo Boye, abogado de la acusación contra Llarena, cree que en total la justicia belga tardará entre seis y doce meses en dilucidar si puede tomar posición sobre la actuación del juez español. "Ahora viene un intercambio de escritos bastante largo", ha afirmado. Una vez haya sentencia, no habrá posibilidad de recurso, dado que las leyes belgas fijan que en las demandas civiles debe exigirse una indemnización mínima de 1.860 euros para que sea posible apelar, y en este caso solicitan la cantidad simbólica de un euro.

Lo novedoso del proceso vuelve su resultado incierto. Es la primera vez que en Bélgica está sobre la mesa una demanda contra un juez extranjero, por lo que la defensa de Llarena, que quiere evitar a toda costa que la justicia de ese país examine el fondo del caso, ha recurrido a precedentes como la compra del banco holandés Fortis por el francés BNP Paribas, salpicado de denuncias que los jueces belgas finalmente rehusaron tratar al declararse no competentes. "Hay que decidir primero si hay jurisdicción belga antes de entrar sobre el fondo. El Reino de España viene aquí para defender la jurisdicción y solo ha tomado posición sobre eso", ha dicho Boularbah. Boye cree en cambio que no hay motivos para cerrar la causa. "La justicia belga es competente porque no se está enjuiciando a un magistrado del Supremo sino a un señor que se llama Pablo Llarena que hizo unas manifestaciones privadas fuera del ámbito de su jurisdicción", ha afirmado este martes.

Una cámara de tres jueces deberá pronunciarse al respecto, tal y como había solicitado la defensa dada la complejidad del caso. La acusación, encabezada por los letrados Paul Bekaert, Christophe Marchand y el propio Boye, aceptó esa petición de sus oponentes. "Es lo mejor para un caso de estas características", ha explicado Boye a la salida de la audiencia, que ha durado escasos minutos. Su principal línea argumental es que no hay ningún impedimento para que la justicia belga analice las palabras pronunciadas por Llarena en Oviedo el pasado febrero, en las que consideran que se extralimitó y dio opiniones sobre la macrocausa contra el independentismo para las que no está habilitado en su posición.

El miembro del Supremo dijo entonces que "delitos políticos son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal". Y añadía: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos —si es que eso ha sido así— pues tienen que ser investigados".