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La demanda de Puigdemont contra Llarena acusa a España de ser un “Estado delincuente”

El texto señala al juez del Supremo por "parcialidad y "ensañamiento" y critica su instrucción del 'procés'

Kazajistan Puigdemont
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el pasado 25 de julio en San Lorenzo del Escorial.

La demanda civil que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado en Bélgica contra el juez Pablo Llarena contiene una notable carga política. Además de poner en duda la imparcialidad del magistrado, el texto acusa a España de cometer "vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales" de la "minoría" independentista. Las decisiones de Llarena denegando el permiso a los presos del procés para acudir al Parlament ponen "a España al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

El texto, que obligará a Llarena a comparecer ante la justicia belga el próximo 4 de septiembre, acusa al "sistema judicial" español de haber sido "incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial". La acusación se hace extensiva al Estado en su conjunto por cometer "violaciones" de derechos que son, según la demanda, "incompatibles con los valores de la Unión Europea".

Puigdemont y los exconsejeros del Gobierno catalán huidos de España -Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig- firman conjuntamente la demanda, en la que piden que se condene a Llarena a pagar "1 euro" a cada uno de ellos. Se trata de una cantidad "simbólica", añade la defensa del expresident, por los "daños morales" que la actuación de Llarena ha causado en "su honor, su integridad moral y el fundamento mismo de su acción política".

El escrito repasa con detalle los hechos políticos ocurridos en Cataluña durante el procés y el periplo judicial de los líderes independentistas. Aunque cita expresamente que las decisiones judiciales tomadas por Llarena demuestran su falta de "imparcialidad", la demanda se sustenta en una supuesta "falta civil" cometida por el juez al manifestar sus opiniones en distintas intervenciones públicas. En particular, cita unas declaraciones de Llarena a los medios de comunicación en Oviedo el pasado 22 de febrero, en las que recalcaba que los políticos independentistas encarcelados "no son presos políticos". Esas opiniones ante la prensa "evidencian su parcialidad y ensañamiento", insisten los abogados.

Llarena, según la demanda, "ha demostrado claramente su parcialidad, la violación de la presunción de inocencia y de otros derechos fundamentales". El texto acusa al magistrado de haber ejercido "una influencia política del todo inhabitual" al impedir, "hasta en cuatro ocasiones", la investidura de Puigdemont como presidente catalán. "Ha sobrepasado sus funciones judiciales", sentencian los abogados de Puigdemont y de los exconsejeros huidos.

El texto cita siete fragmentos de decisiones de Llarena de los que se desprenden que la respuesta penal puede ser "mitigada" si los responsables políticos catalanes "renuncian a su proyecto político independentista". Al margen de la demanda, la maniobra de los líderes independentistas pretende lograr la recusación de Llarena por parte del Supremo y que se nombre a otro juez en su lugar.