El largo camino belga del caso Puigdemont vs Llarena

Ni se resolverá en un solo día ni, previsiblemente, tampoco a corto plazo. La audiencia preliminar que celebrará este martes la justicia belga por la demanda civil presentada por Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su Gobierno huidos de la justicia española contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena será un trámite para intentar fijar el calendario de un procedimiento que ambas partes auguran largo. Una primera vista en la que los representantes legales del expresidente de la Generalitat y del instructor de la causa contra los cabecillas del procés deben proponer al magistrado belga sus propios calendarios para resolver el caso.

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Por tanto, no está previsto que se entre en el fondo de la cuestión. Ni siquiera supondrá una primera toma de contacto entre los abogados de ambas partes, ya que desde que el Gobierno español anunciase el pasado jueves que iba a destinar más de medio millón de euros para contratar los servicios del bufete belga Liederkeke se han producido conversaciones entre los letrados de una y otra parte, según confirman fuentes jurídicas. “Christophe Marchand [el abogado del equipo de Paul Bekaert que representará a Puigdemont junto a otros tres letrados] y Hakim Boularbah [contratado por el Gobierno para que se persona en nombre de Llarena] se conocen desde hace años y mantienen buena relación”, justifican estas mismas fuentes.

"Si algún día necesitara contratar un abogado para mi defensa, sería a Hakim", dice Marchand a este diario alabando el buen hacer de su oponente, hijo de una mujer valona y un marroquí que emigró a Bélgica en 1971. Entre los letrados que han trabajado con el despacho que defenderá a Llarena, las opiniones son igual de favorables. "Trabajo a menudo con ellos. Tienen unos estándares de calidad muy altos. Es uno de los bufetes más importantes de Bélgica", señala uno de ellos.

En esta primera cita ante el juez de Bruselas, las posibilidades de que se resuelva definitivamente el caso con la inadmisión de la demanda son “prácticamente nulas”, explican fuentes jurídicas. No obstante, admiten que los abogados de Llarena, bajo la dirección de la Abogacía del Estado española, lo intentarán. Las fuentes consultadas apuntan que para ello invocarán la inmunidad de las decisiones jurisdiccionales: esto es, que la justicia de un país no puede cuestionar las decisiones de los magistrados de otro. “Lo habitual es que el juez belga posponga su decisión sobre dichas cuestiones a una vista posterior”, aclaran dichas fuentes. Insisten en que hoy el magistrado se limitará a escuchar y estudiar los calendarios propuestos por las partes para el procedimiento. Marchand coincide con esa perspectiva: espera que la audiencia dure poco tiempo, tan solo unos minutos, y que sea el pistoletazo de salida de un proceso "que va a requerir mucho desarrollo".

Las irregularidades en la traducción al francés de las palabras que Llarena pronunció en Oviedo que figuran en el texto de la demanda y que provocaron una gran polémica la semana pasada no saldrán durante esta primera vista. En la documentación que los abogados de Puigdemont han entregado a los de Llarena “ese error ya se ha subsanado”, destacan fuentes del equipo legal del expresidente de la Generalitat.

Una victoria no solo judicial

El calendario que presentarán este martes los abogados de Puigdemont intentará que el caso se prolongue lo máximo posible hasta hacerlo coincidir con la vista del Supremo por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los letrados que representan a Llarena buscarán lo contrario, aunque la elevada provisión de fondos realizada el pasado jueves por el Gobierno para hacer frente a los gastos de defensa del magistrado español reflejan su propio escepticismo en que finalmente logren una resolución acelerada.

Si el juez belga desestima la petición de inadmisión que previsiblemente plantearán los abogados contratados por el Ministerio de Justicia, el proceso se alargará durante varios meses. En ese periodo cada parte presentará documentación y alegaciones dentro del calendario fijado de común acuerdo. Si esto último no se produce, será el juez el que determine la duración de un proceso que debería culminar en esta primera instancia con un juicio y una sentencia.

En la demanda, Puigdemont y sus exconsejeros piden una indemnización simbólica de un euro, lo que les permite reducir de manera considerable una supuesta condena en costas si la justicia belga rechazara sus pretensiones, ya que estas se fijan en función de la cuantía que se reclame. No obstante, el gran beneficio de una hipotética victoria en los tribunales no sería tanto económico, sino judicial y político. Le serviría para cuestionar toda la instrucción de la causa seguida en el Supremo y, también, para continuar la batalla judicial más allá de las fronteras españolas, con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. NI siquiera una derrota pondría fin a la batalla judicial en el extranjero.