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La universidad disuelve el instituto del ‘caso máster’

El consejo de Gobierno acuerda suprimir el centro dirigido por el imputado Álvarez-Conde

Instituto de Derecho Publico
El catedrático Enrique Álvarez Conde, sale de los Juzgados de Plaza de Castilla.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha decidido este viernes disolver el Instituto de Derecho Público (IDP), epicentro del caso máster, que ha acabado ya con la carrera política de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid; y de Carmen Montón, exministra de Sanidad. Una causa que también cerca al líder de la oposición, Pablo Casado, aunque la fiscalía del Supremo ha pedido esta mañana archivarla.

Según confirma un portavoz del centro docente, el Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad la supresión administrativa del IDP, que permanecía clausurado desde que la universidad decidió intervenirlo tras saltar el escándalo. El rector, Javier Ramos, destituyó entonces al catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama, y nombró al profesor Pablo Acosta responsable del instituto.

Acosta relató a la juez que se encontró multitud de irregularidad en el IDP, que funcionaba sin ningún tipo de control de la URJC desde hace más de una década: presentaba las cuentas desde 2006, las labores administrativas las desarrollaba una estudiante y carecía de contabilidad y presupuestos. Había una "absoluta falta de supervisión", subrayó el profesor a la instructora del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel.

Álvarez Conde montó un centro docente que manejaba totalmente, según las investigaciones. A principios de la década pasada, tras obtener el visto bueno para funcionar de la universidad y de la Comunidad, obtuvo un CIF propio en Hacienda. Una iniciativa que le permitió firmar convenios con otras instituciones por su cuenta. Además, abrió unas cuentas bancarias que han levantado las sospechas de Acosta. En ellas, se ha detectado que se hizo transferencias a sí mismo y a sus dos hijos —que no tienen relación con la universidad—; y que usó la tarjeta asociada para todo tipo de gastos personales.

Según las cifras analizadas por EL PAÍS, cargó más de 50.000 euros por abonos en restaurantes, viajes y otros gastos; se retiraron casi 35.000 en efectivo; y hubo dos pagos de casi 12.000 en moneda extranjera en oficina, según el sumario.

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