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La fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Pablo Casado por su máster

El alto tribunal cree que el líder del PP "podría" haber cometido cohecho, pero este delito está prescrito

Pablo Casado (c), juntoTeodoro García (i) y Javier Moroto (d). En vídeo, la Fiscalía no ve indicios para seguir investigando a Pablo Casado (ATLAS)

La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve razones para investigar al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades de su máster. El ministerio público entregó este viernes un informe en el alto tribunal en el que rechaza los indicios de un delito de prevaricación por parte de Casado que sí vio una juez de Madrid. La Fiscalía sí cree que el líder del PP “podría” haber cometido cohecho, pero opina que este delito está prescrito, por lo que no puede investigarse.

La posición de la Fiscalía sobre si se debe abrir una causa contra el líder del PP no es vinculante, pero el Supremo suele tener muy en cuenta su opinión cuando se trata de decidir si investiga a un aforado. El escrito de la Fiscalía, firmado por el teniente fiscal del alto tribunal, Luis Navajas, es, además, contundente y reprocha a la juez del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, que elevara al Supremo un caso que no cumple los “requisitos” que exige el tribunal para iniciar una investigación.

Según el fiscal, la juez no aporta dato alguno que avale “ni siquiera de forma indiciaria” las sospechas de la magistrada: que el posgrado se usaba “como regalo” a alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional” con el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama.

En el escrito que envió al alto tribunal pidiendo que se investigara al líder del PP, ya que ella no podía hacerlo por su condición de aforado, la instructora del caso Máster señalaba que Casado pudo haber cometido, como cooperador necesario, un delito de prevaricación administrativa (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta). También le atribuía cohecho impropio (aceptar un regalo ofrecido en consideración a su cargo).

La Fiscalía no comparte el análisis de la juez y sostiene que los indicios “no son lo suficientemente consistentes”. El ministerio público asegura que no se puede imputar a Casado prevaricación porque no hay datos que apunten a la existencia de un concierto previo entre Álvarez Conde y “un grupo de alumnos escogidos” para matricularse en el máster, al menos en el caso del líder del PP.

Respecto al cohecho, la fiscalía cree que “podría plantearse” que el dirigente popular lo cometiera, pero advierte de que la investigación no puede seguir adelante porque este delito prescribe a los cinco años y Casado hizo su posgrado en el curso 2008/2009. El cohecho, señala el ministerio público, solo podría juzgarse ahora si se diera en concurso con la prevaricación, pero como el ministerio público cree que el presidente del PP no cometió este delito, considera que tampoco puede ser investigado por haber aceptado el título.

El fiscal llega a afearle a la juez que haya propuesto la apertura de un procedimiento penal basándose en “una mera sospecha o conjetura”. El problema es que la instructora, en ningún caso, podía haber recabado pruebas sobre Casado porque, debido a su condición de aforado como diputado en el Congreso, solo le puede investigar el Supremo. Por eso la instructora sugirió a este tribunal que le abriera una causa y le pidiera la documentación que conserve de su posgrado —como los cuatro trabajos que esgrimió ante la prensa pero que se ha negado a entregar a los periodistas y algunos correos electrónicos—, además del ordenador portátil donde supuestamente se encontraban archivados estos trabajos y en el que se podría comprobar cuándo fueron elaborados.

El Supremo decide

La sala de admisión del Supremo puede, no obstante, desoír al fiscal, aunque no es frecuente. En el alto tribunal, antes conocer el criterio del ministerio público, ya había reticencias sobre la posibilidad de investigar a Casado. La decisión corresponderá al presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y a los magistrados Pablo Llarena (el instructor de la causa contra los líderes independentistas de Cataluña), Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Ana Ferrer. Esta última es la única de los cinco considerada adscrita al sector progresista de los jueces.

Las posiciones del Supremo y de la Fiscalía no son vinculantes ni para la juez de Madrid ni para la representante del ministerio público que está llevando allí la investigación, por lo que se podría dar la circunstancia de que Casado se libre de ser imputado gracias a su aforamiento mientras otras tres alumnas de su máster siguen siendo investigadas. Con todo, el informe del fiscal sobre el líder del PP resulta, en principio, extrapolable al caso de las otras estudiantes, lo que llevó ayer a la magistrada Rodríguez-Medel a preguntar al ministerio público si considera que se debe seguir adelante con la causa contra estas alumnas. En su escrito, la juez recuerda a la fiscalía que, hasta ahora, no se ha opuesto a ninguna de sus resoluciones, por lo que una petición de archivo supondría un cambio de criterio.

El escrito de la Fiscalía desató la euforia en el PP. Los secretarios generales autonómicos recibieron a Casado con un sonoro aplauso en la sede de la calle Génova, informa Natalia Junquera. “Ahora espero que los que han colaborado en el linchamiento del presidente bajen un poco el nivel, se retracten y aprendan que la prudencia es una virtud que se recomienda practicar”, declaró el secretario general del partido, Teodoro García Egea, en una rueda de prensa convocada tras conocerse la posición del ministerio público. Además, la alegría fue doble porque ayer se supo que la Rey Juan Carlos ha archivado la investigación sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Casado.

 

La juez pregunta a la fiscal si desimputa a las compañeras del líder del PP

J. J. GÁLVEZ

La juez del 'caso máster', Carmen Rodríguez-Medel, no se ha quedado parada tras conocer el escrito de la Fiscalía del Supremo. La magistrada ha dictado este viernes una nueva providencia —resolución para ordenar el procedimiento— donde pregunta al representante del ministerio público en la causa si desimputa a las tres compañeras de Pablo Casado que presuntamente obtuvieron el título de forma privilegiada: María Mateo Feito, hija de Teresa Feito, exasesora de Cristina Cifuentes; Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Generalitat valenciana en la etapa de Francisco Camps; y María Dolores Cancio, vinculada al instituto donde se impartía el máster. La instructora también recuerda a la Fiscalía que en toda la causa no ha presentado ningún recurso contra las decisiones que tomaba.

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