La policía investiga un fraude masivo de títulos universitarios

El escándalo asedia a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. En ella estalló el caso máster, que ha acabado ya con una presidenta regional y con una ministra y que cerca al principal líder de la oposición. Y sobre ella han puesto también la mirada la Policía Nacional y el juez de Instrucción número 40 de la capital, que investigan su relación con una supuesta trama de abogados italianos irregularmente colegiados en España. Una historia que ya denunció en 2016 el Observatorio contra la Corrupción después de detectar una colegiación masiva de abogados italianos gracias a las presuntas facilidades irregulares que les daba este centro docente. Según la Cadena SER, que adelantó el jueves esta nueva investigación, no solo ocurría en esta universidad.

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"Se celebró un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana —más o menos unas 500 personas—, con el fin de que los mismos pudieran obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho, y así poder comenzar su actividad profesional mediante la simple colegiación en España", resalta el escrito del Observatorio, enviado a la fiscalía. "Es muy llamativo que haya habido hasta ocho autobuses desplazándose desde la estación de Atocha a la universidad como si fueran de excursión", continuaba la denuncia, que expone que los alumnos italianos podrían haber pagado en torno a 11.000 euros por un "examen de convalidación" que les permitía comenzar su actividad profesional "sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado".

Esta nueva investigación pone el foco sobre un asunto que lleva levantando recelos en el sector desde hace años. De hecho, la Audiencia Nacional ya dictó un auto el 5 de febrero de 2015, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde apreciaba la "posible existencia de una infracción penal" en un caso denunciado por un abogado de Jaén, que sospechaba que se estaban produciendo prácticas irregulares en los Colegios de Lucena (Córdoba), Jaén y Valencia, ya que en ellos se estaban inscribiendo numerosos abogados italianos. Estos órganos lo negaron. Pero, en su escrito, el letrado afirmaba que 29 de los registrados en Jaén tenían como domicilio profesional un "mismo piso pequeño" de Fuenlabrada (Madrid) y el mismo número de teléfono.

Aunque el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, encabezado entonces por Javier Gómez Bermúdez, admitió a trámite la denuncia y dio parte al Ministerio Público, finalmente, este órgano judicial descartó entrar en el fondo de la cuestión porque no era de su competencia. Según reza en el auto de archivo, se procedió a sobreseer porque el "supuesto fraude no produciría grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni existen múltiples perjudicados, ni la cuantía de la supuesta defraudación afecta a la economía nacional; por lo que se rechaza el conocimiento por falta de competencia".

Según consta en el sumario del caso Máster, el Grupo Operativo de Extranjeros II (GOE II) de la Policía Nacional citó hace unas semanas al profesor Pablo Acosta, nombrado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para hacerse cargo del Instituto de Derecho Público (IDP), donde estalló el escándalo. Los agentes tomaron esta decisión porque "gran parte de la información que maneja este GOE II apunta a que esta universidad estaría relacionada con los ciudadanos italianos que están siendo investigados por colegiarse como abogados en distintos colegios de España, al parecer, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos".

A raíz de este escándalo, la policía se puso en contacto con la Rey Juan Carlos, que, según el propio centro, está colaborando con la policía desde mayo, aportando documentación para esclarecer los hechos.