Andalucía pide a Sánchez que negocie con Marruecos para devolver a los menores
Andalucía quiere que se reactive un acuerdo bilateral de 2007 para repatriar a los marroquíes. El reparto, exigido por las comunidades con más presión, continúa en el aire
La Junta de Andalucía va a redoblar la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para intentar solucionar los problemas que le genera la tutela de más de 2.500 menores extranjeros no acompañados que han desbordado su sistema de acogida. El Gobierno de Susana Díaz va a insistir hoy, en una reunión sobre el tema, en pedir que los jóvenes inmigrantes sean distribuidos entre las comunidades autónomas, pero reclamará también al Gobierno que trabaje en la vía diplomática con Marruecos para que colabore en la repatriación de los menores.
De los más de 7.000 menores extranjeros tutelados en este momento por las comunidades, cerca del 70% son marroquíes. La Ley de Extranjería ya contempla un protocolo para devolverlos, pero en la práctica no se realiza ante la falta de cooperación de las autoridades marroquíes y del resto de países de origen. Las gestiones diplomáticas con el país vecino harían viables los retornos, a pesar de que la última palabra siempre depende de los fiscales que tutelan sus expedientes. “Si la autoridad marroquí garantiza que el niño contará con un entorno y condiciones seguros, el fiscal no pondría trabas para el regreso”, opina una fiscal que gestiona a diario casos de estos menores.
En concreto, Andalucía quiere que se reactive un acuerdo bilateral de 2007, impulsado en aquella época por la actual Secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí. Con su firma las autoridades marroquíes se comprometían a colaborar en la identificación del menor y de su familia para poder devolverlo a su casa o ingresarlo en la red de acogida local. El convenio sólo entró en vigor en octubre de 2012, y en su aplicación ha sido papel mojado.
La propuesta se discutirá hoy en la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados, a la que acudirán representantes de seis ministerios y consejeros y directores de infancia de 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. “El Gobierno tiene que articular con todas las garantías esas fórmulas con Marruecos y la fiscalía”, exige la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, cuyo Gobierno ya gasta 45 millones al año para gestionar 208 centros de acogida.
Un hogar seguro
La ciudad autónoma de Melilla, responsable de cerca de 800 de estos menores aunque tiene infraestructura para apenas 260, también es partidaria de esta fórmula. “El 60% de los menores que hay en Melilla vienen con documentación, algunos hasta atraviesan la frontera con sus padres. Me sigo preguntando cómo en esos casos no somos capaces de devolverlos a las autoridades marroquíes”, cuestiona el consejero de Bienestar Social, el popular Daniel Ventura. En Ceuta también apoyan la reagrupación de los menores con sus familias.
Save the Children ha mostrado su preocupación por la propuesta. “Muchos de estos niños ya vivían en la calle en Marruecos o sus familias no pueden acogerles por falta de recursos”, denunció su director en España, Andrés Conde. “Es necesario garantizar que cada caso se resolverá de manera individual y estudiar si los niños están seguros en sus hogares de origen”, alertó.
Además de las propuestas específicas que las comunidades más afectadas por la llegada de estos menores llevarán a la reunión, hay una cuestión que sigue siendo prioritaria: un reparto solidario entre comunidades. La Conferencia Sectorial de Migraciones celebrada hace un mes ahondó en el asunto, pero se topó con el rechazo de algunas regiones a la hora de asumir cupos y con la falta de financiación del Gobierno para incentivar la solidaridad que demanda. El propio Sánchez garantizó, en presencia de la canciller alemana, Angela Merkel, en su visita a Sanlúcar de Barrameda, que se conseguiría un reparto. En la reunión de hoy, la distribución de los menores no está en el orden del día.
Otra de las propuestas de la Junta andaluza pasa por que los adolescentes sean tutelados por el Gobierno central hasta que los resultados de las pruebas oseométricas ratifiquen que estos aún no han cumplido 18 años. Andalucía quiere que el Ministerio del Interior habilite “ámbitos intermedios, dentro de los CIE pero apartados de los mayores”, para atenderlos hasta que se determine su edad. El objetivo es que el joven no ocupe una plaza de acogida inmediatamente y se espere hasta que se resuelva su caso.
El reparto, un guión casi idéntico al de la crisis de 2006
La llamada crisis de los cayucos se saldó en 2006 con 30.000 migrantes desembarcando en Canarias, entre ellos 700 menores no acompañados. Al verse desbordado, el Gobierno de Canarias presionó al Gobierno socialista de entonces, con Consuelo Rumí también al frente de la Secretaría de Migraciones, para que negociase con las comunidades un reparto. En aquella época, como ahora, los Gobiernos del PP se mostraron más reticentes. Finalmente, y en una primera fase, cerca de 500 menores embarcaron en aviones rumbo a la península. Las comunidades acabaron ofreciendo plazas en sus sistemas de acogida; recibieron para ello financiación del Gobierno, que cubrió los gastos de la tutela de cada uno de los menores.
