La Comisión de la Verdad prevé investigar la dictadura con expertos de la ONU
El PSOE ya ha trabajado en profundidad esta idea y la plasmó en una proposición de ley, que será la base para el nuevo proyecto
El presidente Pedro Sánchez cambió la posición del Gobierno sobre el futuro del Valle de los Caídos, y dijo que no será un centro de memoria, pero confirmó la decisión de crear una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura, una decisión polémica e inédita. El PSOE ya ha trabajado en profundidad esta idea y la plasmó en una proposición de ley, que será la base para el nuevo proyecto, según fuentes del Gobierno. Allí se detalla que esta comisión estaría compuesta por expertos independientes, historiadores y hasta representantes de la ONU.
El Gobierno ha decidido no quedarse en la exhumación del cadáver de Francisco Franco. El decreto ley que ordena la salida de los restos del dictador se tramitará como proyecto de ley una vez convalidado y ahí se abrirá un gran melón que incluye la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo, reclamada especialmente por ERC y PDeCAT, la garantía por ley de que el Estado financiará la búsqueda de los desaparecidos, la decisión de qué hacer con el Valle de los Caídos, en la que ha habido mensajes contradictorios y discusiones internas, y también uno de los asuntos más controvertidos de todos: la creación de una Comisión de la Verdad, algo que han hecho otros países con duras dictaduras, pero que ninguno ha realizado con tantos años de distancia como España, ya que se han cumplido 82 años del inicio de la Guerra Civil y este año se celebra el 40 aniversario de la Constitución.
A pesar de la polémica y la dificultad, ya prácticamente sin protagonistas vivos de la Guerra Civil, de llegar a una conclusión definitiva sobre qué pasó, el Gobierno ha decidido seguir adelante con la idea del PSOE de hacer una Comisión de la Verdad, aunque fuentes del Ejecutivo admiten que será muy complicado que logre terminar sus trabajos antes del final de la legislatura. La idea que trasladó el PSOE a su proposición de ley, y que es la base sobre la que se trabaja ahora en el ministerio de Justicia, es la de crear “un órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como forma de favorecer la convivencia democrática”, señala la proposición de ley.
La idea es que la comisión tuviera acceso a todos los documentos que necesite, sin que el Ejército o ninguna otra institución se los pueda negar alegando que es material clasificado o secreto, además de testimonios para llegar a una conclusión que sirva para establecer la verdad y reparar a las víctimas y garantizar que no se repetirán nunca más los crimenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. El periodo de estudio es desde julio de 1936 a diciembre de 1978, cuando se aprueba la Constitución.
El lapso temporal del trabajo de recopilación, análisis y elaboración del informe final por parte de la Comisión de la Verdad abarcará el periodo histórico que se inicia con el comienzo de la Guerra Civil Española en julio de 1936 y termina con la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978.
La idea, decía la proposición de ley, es que la comisión esté formada por juristas, historiadores, psicólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos. El texto detalla con precisión cómo serían elegidos sus 11 miembros: tres elegidos por el Parlamento, dos por el Poder Judicial y la fiscalía general, uno por el Consejo de Universidades, tres por las asociaciones de víctimas y los últimos dos serían expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La proposición daba un plazo de dos años a la comisión para terminar su tarea. Eso es precisamente el máximo que le quedaría a una legislatura que podría acortarse en cualquier momento por un adelanto electoral, lo que da idea de la enorme dificultad de llevar a cabo esta iniciativa, mucho más compleja que la decisión de exhumar los restos de Franco. Ya ha habido algunas iniciativas de este tipo en algunas comunidades, que deberían incorporarse a estos trabajos. En esos dos años, la comisión debería concluir un informe final sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad “como una contribución a la construcción colectiva de la memoria democrática española”.
