La política migratoria del Gobierno, de la solidaridad a las expulsiones masivas

En poco más de tres meses de gobierno, la política migratoria se ha convertido en una prioridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo era forzar el diálogo y la solidaridad en Europa y, al mismo tiempo, mantener bajo control los crecientes flujos de llegadas a las costas españolas. Apenas dos semanas después de estrenar el cargo, Sánchez, en una llamada de atención a sus socios europeos, invitó al buque de rescate Aquarius a atracar en el puerto de Valencia y dio un trato preferente a los 630 rescatados que iban a bordo. Más de dos meses después, ante los saltos en la valla de Ceuta, se ha impuesto la mano dura. Primero con la expulsión a Marruecos de 116 inmigrantes y después con la detención de 10 subsaharianos acusados de planear un salto violento en Ceuta.

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La acogida al Aquarius. El Gobierno de Pedro Sánchez fue el único europeo a ofrecer un puerto seguro al buque de rescate el 11 de junio tras el rechazo de Italia y Malta. Sánchez pretendía sacudir las consciencias de sus socios europeos que miraban para otro lado ante el desafío de la inmigración. La recepción de los 630 migrantes se organizó al más alto nivel y se convocaron 2.300 personas entre voluntarios, policías abogados e intérpretes. Los rescatados, además, recibieron un permiso de residencia excepcional de 45 días. Sus trámites y su acogida fueron prioritarios.

Devoluciones en caliente. El mismo día que Sánchez ofrecía acoger al Aquarius, el Ministerio de Justicia enviaba una carta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que anunciaba que iba a revisar el recurso que el Ejecutivo del PP había presentado contra la sentencia que condenó a España por la devolución en caliente de dos migrantes en Melilla en 2014. Finalmente, la Abogacía del Estado presentó un recurso en agosto en el que, en contra de lo apuntado, defendía aquellas dos expulsiones exprés.

Otro caso excepcional. El 4 de julio el buque de rescate español Open Arms atracaba en Barcelona con 60 migrantes a bordo. No se trató de una invitación con intenciones políticas, pero los rescatados fueron recibidos y acogidos gracias a un dispositivo especial. También recibieron un margen de residencia legal, esta vez de 60 días. La tramitación de sus peticiones de asilo se ha realizado también con prioridad.

Como las pateras. La última vez que el Open Arms buscó un puerto seguro más cercano, el Gobierno tardó cuatro días en responderle para adjudicarle la lejana bahía de Algeciras como destino, adonde llegó el 9 de agosto. Los 87 rescatados no tuvieron ningún trato especial ni permiso excepcional de residencia. Fueron tratados como las decenas que llegan en patera todos los días.

Un convenio de 1992. El pasado 23 de agosto, el Gobierno recuperó un convenio firmado con Marruecos hace 26 años para retornar al país magrebí a los 116 de los 118 subsaharianos (dos eran menores de edad y permanecieron en España) que el día anterior habían saltado la valla de Ceuta. El acuerdo contempla la expulsión en menos de 10 días de los ciudadanos de terceros países que entraran ilegalmente en España desde Marruecos. La Policía no necesitó tanto tiempo. En poco más de 24 horas se les filió, tomó declaración y entregó la orden de expulsión en presencia de un abogado. Interior recalcó que “ninguno” de los migrantes solicitó asilo durante este trámite. El convenio recoge que España se hace cargo tanto de los gastos de transporte a Marruecos como, posteriormente, a sus países de origen.

Al calabozo por “organización criminal”. El del 26 de julio fue uno de los saltos a la valla de Ceuta “más violentos” que la Guardia Civil. Un mes después ha detenido este martes a diez de las 602 personas que consiguieron entrar aquel día. A los arrestados se les imputan cargos de pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y daños. El Código Penal establece para estos delitos penas de entre los dos y cinco años de cárcel.