El Gobierno se desentiende de la suerte de los 116 expulsados

El Gobierno ha querido lanzar un mensaje con la decisión de expulsar en menos de 24 horas a 116 migrantes que el miércoles saltaron la valla de Ceuta. “No vamos a consentir la inseguridad de nuestras fronteras”, manifestó ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien defendió la reactivación de un acuerdo de readmisión de extranjeros con Marruecos de hace 26 años. “Esta no es una manera aceptable de entrar a nuestro país”, defendió Calvo tras el Consejo de Ministros.

El Ministerio del Interior, responsable de la aplicación del convenio, no pedirá explicaciones a Marruecos sobre el destino y trato que dará a los 116 migrantes que fueron entregados a sus autoridades, según una portavoz. El acuerdo bilateral contempla que el país africano envíe a los expulsados “lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron su viaje”, pero establece algunas exigencias. Entre ellas, que el extranjero no “corra riesgo de sufrir malos tratos en el país de destino”. Algunos especialistas rechazan considerar al reino alauí un país seguro. “Existen dudas de que en Marruecos exista un pleno reconocimiento de los derechos de migrantes y solicitantes de asilo”, mantiene Judith Sunderland, investigadora experta en inmigración de la ONG Human Rights Watch.

Hace semanas que Marruecos ha vuelto a convertirse en blanco de denuncias de activistas por las redadas violentas en los barrios de Nador y Tánger donde se alojan los migrantes que esperan su oportunidad para alcanzar Europa. Los relatos de los propios subsaharianos ilustran un largo viaje esposados hasta ciudades fronterizas del sur del país donde se les abandona a su propia suerte.

Marruecos ya ha trasladado a cerca de 1.800 personas, según declaraciones a France Presse de un funcionario que habló en nombre de las autoridades de Tánger. “Se desconoce cuál es el destino reservado por Marruecos para esas personas y, aunque el acuerdo no establece responsabilidad del Estado español, los tratados sobre Derechos Humanos de los que España es parte le obligan a velar por el respeto de los derechos humanos de todos ellos”, mantiene el abogado Hipólito Granero, que apunta al “oscurantismo” del Gobierno en sus explicaciones sobre el episodio.

“En la medida en que España ha aplicado jurisdicción sobre estas personas no puede desvincularse de lo que ocurra con ellas”, defiende Francisco Solans, letrado especialista en inmigración. “El acuerdo tiene que cumplir la normativa internacional, que prohíbe la expulsión de una persona, sea o no sea solicitante de asilo, a un país donde pueda sufrir tratos inhumanos o degradantes. España tendrá que responder qué pasa con estos señores. Si Marruecos no garantiza sus derechos es con la connivencia de España”.

“Aunque el acuerdo no establece responsabilidad del Estado español, los tratados sobre Derechos Humanos de los que España es parte le obligan a velar por el respeto de los derechos humanos de todos ellos”, mantiene el abogado Hipólito Granero

La aplicación del acuerdo ha levantado críticas de abogados, especialistas de ONG y analistas. No ponen en duda la legalidad del procedimiento de devolución, pero sí cuestionan si se cumplieron las garantías que contempla la ley y si se respetaron los derechos de los migrantes en un proceso que duró menos de 24 horas. Los 116 expulsados contaron con la asistencia de apenas 12 abogados de oficio convocados a toda prisa y que trabajaron toda la madrugada mientras la policía tramitaba los expedientes de devolución. Su protocolo contempla que se le pregunte a cada migrante si quiere solicitar asilo, pero la decana de abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, no garantiza que se le explicara a cada uno de los interesados que tienen derecho a pedir asilo y lo que supone. “Nadie sabía que se haría la devolución, fue algo extraordinario. Normalmente, tienen ocasión de ver a su abogado más veces y asesorarse mejor. Sé que ninguno quería ser devuelto y que todos querían recurrir [la devolución] y los abogados ya están con los recursos”. La decana afirma que los subsaharianos no suelen pedir asilo en Ceuta. “Una vez que piden el asilo los mantienen mucho tiempo aquí y para ellos Ceuta es un lugar de paso [a la Península], no quieren quedarse”.

Estas son, en síntesis, las opiniones de otros expertos que, advierten, no conocen del primera mano la devolución de los 116 subsaharianos a Marruecos.

Álvaro García, el presidente de la subcomisión de extranjería del Colegio de Abogados de Málaga, explica: “Legal es porque el convenio de 1992 está ahí, lo que me parece raro es que en 24 horas se pueda asistir a este número de personas. Esta semana a nosotros nos han llegado 114 en patera, llevamos dos días asistiéndolos y todavía no hemos terminado. La policía tiene que identificarlos a todos, tomarles las huellas, la filiación… Luego está la asistencia letrada: hay que informales de sus derechos, que sepan que pueden pedir asilo si vienen de un país en guerra o por otros motivos, preguntar su año de nacimiento, ver si son posibles víctimas de trata… Y la policía tiene que hacer el expediente administrativo, notificarlo. Me parece todo muy diligente, a lo mejor han querido dar ejemplo y estaban todos muy coordinados”, ironiza.

Expulsión colectiva

Sunderland, de HRW, añade: “Significa la vuelta a la legalidad frente a la práctica durante años de devoluciones en caliente. Y eso es positivo. Lo que habría que ver es cuáles han sido sus garantías efectivas, si tuvieron acceso inmediato y real a abogados, y si eran expertos en extranjería. Luego está qué le espera a esta gente en Marruecos. Y un grupo tan grande que podría constituir una expulsión colectiva, lo que sería contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en Europa se habla más y más de este tipo de acuerdos que permiten devoluciones a terceros países y, en ese sentido, España manda una señal cuando menos preocupante al utilizar este acuerdo viejo que casi no se ha utilizado”.

María Vieyra, abogada del Servicio Jesuita de los Refugiados, que trabaja para la asesoría jurídica gratuita que prestan en Melilla, se sorprendió con la medida. “Todo parece indicar que, dada la premura, en la práctica las garantías quedaron en papel mojado. Y saltan las alarmas porque tras un toque de atención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena a España por las devoluciones en caliente, en vez de afianzar los derechos humanos se saca un acuerdo de un cajón”.

Gemma Pinyol, directora de inmigración de la consultora Instrategies, duda de las garantías del procedimiento. “Es verdad que ha habido más garantías que en las calientes, pero creo que no han hecho un chequeo completo”.