ONG denuncian la devolución exprés y que Marruecos no es un país seguro

Doce abogados del turno de oficio de Ceuta recibieron la tarde de este miércoles una llamada urgente. Debían asistir a 116 subsaharianos que acababan de saltar la valla para iniciar su expediente de devolución. Cada letrado se ocupó aproximadamente de 10 migrantes con la ayuda de algunos intérpretes de francés e inglés cuyo número no han sabido precisar. Pasaron la madrugada haciendo papeles. “Me sorprendió la prisa”, afirma la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas. “No imaginaba que esta sería la medida, sino que querrían enviarlos a la Península y que por esa razón querían agilizar los trámites”. En 36 años de carrera, Valriberas no recuerda una operación parecida.

Es la precipitación lo que han criticado las entidades que trabajan con inmigrantes y refugiados. “Procedimientos acelerados impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional”, ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos”, ha señalado Estrella Galán, directora general de CEAR. La organización también ha apuntado “el creciente hostigamiento que están sufriendo los subsaharianos en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro”.

Amnistía Internacional considera que la fórmula aplicada por el Gobierno pueda ser ilegal por el riesgo de que los migrantes repatriados de forma exprés sufran “violaciones de derechos humanos en Marruecos, en sus países de origen, o en los países donde hubieran comenzado su viaje”. Esteban Beltrán, director de la organización, ha incidido en su insistencia durante años al Gobierno español para que detenga "inmediatamente la práctica de expulsar de manera express a Marruecos a personas de terceros países". Beltrán también es partidario de suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio "hasta que respete plenamente los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo". Esa suspensión, mantiene, también debe incluir el acuerdo de readmisión existente entre ambos países.

Sin solicitudes de asilo

La fórmula escogida por las autoridades españolas no era la habitual ni en tiempo ni en forma. En el salto multitudinario de 600 migrantes a finales de julio no se hizo una tramitación masiva de expedientes. Se acometió en fases: entre 15 o 20 personas por día. “De hecho, debe de haber alguno al que no han citado aún”, mantiene Valriberas, que critica la “precipitación” de la medida. Algunos de los abogados que asistieron a los subsaharianos ya han presentado recurso contra la devolución y estudian más medidas para anular la repatriación exprés. La operación también ha movilizado a ONG en ese sentido.

Ninguno de los migrantes solicitó asilo, afirma el Ministerio del Interior y confirman los letrados que los asistieron. Pero que no soliciten protección en un primer momento es algo habitual. “El tiempo de cada asistencia es muy rápido. En ese momento no te dicen que quieren asilo, pero se dan muchos casos en los que lo piden después. Una vez que ya están en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) más tranquilos se asesoran mejor”, afirma el abogado de extranjería de Ceuta José Luis Pizarro.