Sánchez aborda el inicio del curso político como una campaña electoral

El Gobierno socialista traslada la sensación de que ha venido para quedarse. Pedro Sánchez reunió este sábado en la finca de Quintos de Mora, en Toledo, a todos sus ministros para hablar de la agenda España 2030, de los grandes temas del futuro, de las reformas para varias legislaturas. Sin embargo, todos los ministros y el equipo del presidente son conscientes de que la incertidumbre política es enorme. No está descartado el adelanto electoral, y en cualquier caso hay un escenario con varias elecciones clave de aquí a mayo de 2019. Como mínimo dos —andaluzas, marzo como máximo, y municipales y autonómicas en mayo—. Pero podrían ser hasta cinco, si se sumaran las generales, en caso de que el presidente decidiera convocar, algo que en su entorno insisten en descartar; y tal vez incluso las valencianas y las catalanas.

Por eso el Gobierno arranca el curso político después de este encuentro con la idea de convertir el Ejecutivo en un gran escaparate electoral, llenar la agenda de medidas progresistas de recuperación de derechos y mejora de los servicios públicos y prepararse para una larga campaña electoral hasta mayo de 2019, un mes en el que la suma de PSOE y Podemos podría lograr una cantidad de poder que no han tenido nunca. El curso político se convierte así para el Gobierno, según fuentes del Ejecutivo, en una especia de campaña electoral permanente no declarada en la que Sánchez y su equipo tratarán de sacar el máximo partido al privilegio de tener el poder y la iniciativa.

“Haremos un Gobierno justo y progresista, feminista, que blinde los servicios públicos”, dijo la ministra portavoz, Isabel Celaá, para resumir el encuentro de Quintos de Mora. “Es ahí donde podemos encontrar la justicia que debe ser restaurada a aquellos ciudadanos a los que ha sido arrebatada”. Los ministros debatieron sobre las estrategias y la situación de cada sector, pero la línea general es que Sánchez ha pedido a su equipo que llene la agenda de los próximos meses con todas las medidas progresistas ya anunciadas y otras que puedan entrar. El objetivo es ocupar todo el espacio político y aprovechar al máximo el escaparate de La Moncloa, que ya ha dado enormes réditos al PSOE y le ha colocado como primer partido en las encuestas después de ocho años siendo segundo, tercero e incluso cuarto. “Estar en el Gobierno es la mejor campaña electoral posible. Tú no haces promesas, como en la oposición, tomas decisiones y las llevas al Parlamento. Si no lo salen, puedes presionar a tus socios y culparles políticamente. Vamos a estar en campaña permanente”, resume un dirigente.

En el Gobierno y en el PSOE se vive un debate intenso sobre la oportunidad de adelantar elecciones y hacerlas coincidir con las andaluzas. Se da casi por seguro que Susana Díaz las convocará antes de que acabe el año. Varios barones se han puesto en contacto con el presidente y su entorno para convencerles de que sería ideal aprovechar la ola positiva que ha causado el cambio de Gobierno para buscar un buen resultado electoral que consolide el poder socialista y así enfrentarse con más garantías a los comicios autonómicos y municipales del 22 de mayo de 2018. Estos dirigentes argumentan que justo ahora, con el centro derecha en una batalla descarnada y Podemos en una situación más débil que hace unos meses, sería ideal ir a elecciones generales. Pero desde La Moncloa les contestan que no es el momento, que el adelanto habría que justificarlo, que sería una irresponsabilidad llamar a las urnas en pleno otoño caliente en Cataluña y sobre todo sin haber intentado al menos sacar adelante unos Presupuestos expansivos, aunque sea en febrero (Rajoy los aprobó en mayo).

Eso incluiría una serie de medidas económicas de izquierdas: subidas de impuestos a las grandes empresas o a la banca, aumento del salario mínimo, mejora de las pensiones, planes de lucha contra la explotación laboral, cambios en la reforma laboral para mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores, mejoras y aumento de gasto en sanidad y educación con el margen de déficit obtenido de Bruselas. Pero también reformas de la justicia, más medidas simbólicas como anular los juicios franquistas y algunas iniciativas de regeneración de la política.

Los ministros no entraron en estos asuntos estratégicos del posible adelanto electoral, que Sánchez discute con muy poca gente. Más bien se concentraron en exponer como están sus sectores, sus planes, qué se podría hacer en cada área. Pero en la cabeza de todos está la idea de que empieza un año electoral y el Gobierno necesita rápidamente sacar medidas positivas que ocupen todo el espacio para evitar que otros temas mucho más complicados, como el conflicto catalán o la política de inmigración, con decisiones polémicas como la devolución de 116 africanos que atravesaron la frontera en Ceuta, ocupen el debate y empiecen a provocar desgaste. Desde La Moncloa no comparten el temor de algunos barones a que se agote rápidamente esta ola positiva.“Están empeñados en que no se puede gobernar con 84 diputados”, apunta un miembro del Ejecutivo. “pero vamos a intentarlo, nadie quiere elecciones, y eso ayuda mucho a aprobar cosas”.

Estas son las prioridades políticas del partido del Gobierno y de las formaciones que colocaron a Sánchez en La Moncloa.

PSOE.  Posición de ventaja que no tenía en una década

El PSOE inicia el curso en una posición de ventaja poco usual. Al menos, en tiempos recientes. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le situó el pasado julio como el primer partido en estimación de voto. Una posición que no lideraba desde el primer semestre de 2009 y entonces la distancia con el PP era residual a diferencia de la renta de más de nueve puntos que le otorga el primer CIS desde que Sánchez es presidente del Gobierno.

La conclusión a la que llegan en Ferraz es que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo con menos diputados en el Congreso (84) puede transformarse en una oportunidad para el partido. La constatación más reciente se produjo a raíz de la abstención de Podemos en julio en la votación sobre la senda de déficit. El bloqueo evidenció las costuras del Ejecutivo, que esperaba aprobar el techo de gasto en el Parlamento para retratar al PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. “Fue un golpe para el Gobierno, pero la estrategia seguida en ese momento por Podemos nos dio argumentos para movilizar a nuestro electorado potencial”, explican en el partido. A esta reflexión llegaron en diferentes federaciones socialistas, entre ellas las de las comunidades autónomas que preside el PSOE. Una de las primeras consecuencias de la resurrección del PSOE es la interrupción del trasvase de votos que padeció en las dos últimas elecciones generales entre sus votantes de centro atraídos por Ciudadanos y los situados más a la izquierda que optaron por Podemos. La fidelidad de los votantes socialistas con sus siglas es según el último CIS del 77,3%, por encima de Ciudadanos (67,9%), Unidos Podemos (56,5%) y el PP (50,7%).

La agenda parlamentaria que el PSOE impulsará prestará atención a cuestiones prioritarias para la izquierda como la derogación de los artículos “más lesivos” de la ley mordaza, según ha señalado la vicesecretaria del PSOE portavoz en el Congreso, Adriana Lastra. La aprobación de la ley de eutanasia antes de final de año lanzaría un mensaje social.

UNIDOS PODEMOS. Relación amor-odio con el PSOE más allá de los Presupuestos.

La negociación de los presupuestos para 2019 es la “prueba de fuego”, señalan en la dirección de Podemos, que marcará la relación inmediata con el PSOE. Pero habrá muchos más elementos que decidan el grado de afectividad o tensión en la izquierda. Podemos y sus confluencias harán bandera de una serie de demandas muy incómodas para el partido que gobierna. El principal socio del Gobierno prevé que en otoño ya tendrán una idea de la “voluntad y capacidad transformadora” del Ejecutivo.

Unidos Podemos insistirá en una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el rey emérito tras las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La pretensión del partido de Pablo Iglesias es que Juan Carlos I comparezca y dé explicaciones en una comisión en abierto. La dirección de Podemos emplaza al resto de partidos en el Congreso a apoyar esa investigación.

Otro asunto indigesto para el PSOE es la publicación de la lista de amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Una promesa de Sánchez antes de llegar a La Moncloa —el PSOE registró incluso proposiciones de ley— pero que asegura ahora que no puede cumplir con efecto retroactivo. Podemos insiste en que se conozca a las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía, de las que 715 serían cargos públicos.

Podemos explotará los puntos débiles del Gobierno en solitario del PSOE pero con el cuidado de evitar una ruptura abrupta dentro de la izquierda: a priori no le interesa, con las autonómicas y municipales en el horizonte que examinarán por primera vez la gestión de los autodenominados Ayuntamientos del cambio. La renuncia a la renegociación de la senda del déficit con Bruselas, sumada a la modificación pactada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, son dos gestos de calado que la formación recordará cuando el PSOE critique sus exigencias.

ERC. Explotar la situación de los políticos presos

El partido de Oriol Junqueras considera que el curso político vendrá marcado por el juicio a los políticos presos y no esconde que intentarán explotar sus efectos. “Tenemos que convertir ante el mundo en un juicio a la represión de un Estado demofóbico al que ya han desenmascarado todas las justicias europeas ante las que se ha puesto a prueba”, asegura el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà. La vista oral servirá, además, para presionar al Gobierno y urgirle a tomar decisiones que reconduzcan la situación catalana. “El Gobierno tiene cada vez menos margen de tiempo, ante esta cita, para demostrar si apuesta verdaderamente por una solución política del conflicto o deja que se continúe cronificando y pudriendo por la vía judicial”, añade Tardà.

En este sentido, pide que se pase de “las buenas palabras, voluntades y gestos” de estos primeros meses a la concreción. Y eso pasaría por la convocatoria de algún tipo de consulta en Cataluña.

PDeCAT. Incremento de las críticas y distancia con el Gobierno

Después de su congreso de julio, en el que el expresident Carles Puigdemont se hizo con las riendas del PDeCAT, el partido parece haber abandonado la moderación y todo hace prever que en los próximos meses se mostrará muy crítico y exigente con Sánchez. “La gente no nos ha votado para facilitar un Gobierno en España, sino para hacer efectiva la república catalana”, asegura Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT.

En este sentido, destaca el “contexto de anormalidad, presos políticos y exiliados, represión e ignorancia ante el mandato democrático que surge de las urnas”. Nogueras destaca que las fuerzas secesionistas son mayoría absoluta en el Parlament —aunque obvia que la CUP está en la oposición— e insiste en que la prioridad de su formación para los próximos meses es “hacer efectivo el mandato” de las elecciones, “como en cualquier país democrático del siglo XXI”.

Y todo ello, advirtiendo que el Gobierno “no da señales de tener ninguna intención de abrir los ojos ante esta realidad”.

PNV. Exige pasos concretos en autogobierno

El PNV está apretando las tuercas al PSOE para que septiembre se inaugure el desbloqueo de 37 transferencias. Las competencias están pactadas ya con los socialistas vascos en el programa de Gobierno, y el PSOE se ha comprometido a negociarlas, pero el PNV no quiere más retrasos. Los dos Gobiernos tienen ya a punto un primer paquete relacionado con varias líneas de ferrocarril y autopistas. Pero el PNV quiere que, de forma paralela, se inicien los trabajos específicos para las dos con mayor carga simbólica y mayores problemas técnicos, la de prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social.

El PNV es consciente de que como socio preferente del PSOE tiene más cerca que nunca la posibilidad de lograr uno de sus objetivos de la legislatura, completar el Estatuto, o al menos encarrilarlo. Los nacionalistas vascos están dispuestos a secundar al PSOE en la confección del nuevo techo de gasto, y a negociar una reforma fiscal, como exige Podemos, pero a cambio le exigirán firmeza en sus compromisos con el autogobierno vasco.