El Gobierno y sus socios aceleran para aprobar los Presupuestos este año
PSOE, Podemos, ERC y Compromís registran en el Congreso una proposición de ley para eliminar la capacidad de veto a la senda de déficit del Senado
El Gobierno y sus socios aceleraron este viernes los trámites para aprobar los Presupuestos antes de que termine el año. PSOE, Podemos, ERC y Compromís registraron en el Congreso una proposición de ley para eliminar la capacidad de veto a la senda de déficit del Senado, bajo control del PP. Su aprobación está prevista para dentro de dos o tres meses, periodo durante el cual el Ejecutivo pospondrá la aprobación del techo de gasto. “Nos acercamos más a la posibilidad de negociar unos Presupuestos más expansivos”, reconocieron en Podemos, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo admitió que los tiempos son muy justos.
La rapidez con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reaccionado para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tan solo dos días después del inicio de las negociaciones formales entre el PSOE y Unidos Podemos, evidencia la trascendencia de la aprobación de los Presupuestos en los cuatro meses que restan para finalizar 2018. Algo que Mariano Rajoy no logró en sus últimos años de mandato, cuando perdió la mayoría absoluta.
Un proceso que se podría resolver en una única sesión
La modificación mediante el procedimiento de urgencia y en lectura única acortaría de forma significativa los plazos para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Podría salir adelante en dos o tres meses, fundamentalmente porque el proceso no se alargaría con el periodo de ponencia y enmiendas. Toda la tramitación se podría resolver en una sesión plenaria, sin necesidad de aprobar su tramitación o pasar por comisión.
La solicitud de urgencia debe ser formulada por el Gobierno, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, según recoge el artículo 93 del reglamento del Congreso. Pero la Mesa del Parlamento, órgano que controlan el PP y Ciudadanos, es la que decide si se “podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia”.
Un proyecto de ley ordinario tarda entre seis meses y un año para ser aprobado, señalan fuentes parlamentarias de distintos partidos. El artículo 94 del reglamento del Congreso establece que los plazos por la vía de urgencia “tendrán una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario”.
El registro a primera hora de la mañana de la proposición de ley que acabaría con el veto potencial de la Cámara Alta a la senda de déficit, introducida por el Gobierno de Rajoy, es el primer paso que Sánchez da con el objetivo último de aprobar las cuentas para 2019. La tramitación de la proposición de ley por el procedimiento de urgencia y por lectura única le daría la mayor celeridad posible a su aprobación.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció ayer la complejidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en unos plazos “muy ajustados”. Aunque la posibilidad de presentar las cuentas fuera de plazo está ahí, en el Gobierno se escudan en el beneficio que supondría para las Administraciones que pudiesen contar con el margen de cinco décimas de PIB (unos 5.000 millones de euros) renegociado con Bruselas para el próximo ejercicio. Una mejora sustancial que, además, se produciría en vísperas de un año con elecciones autonómicas y municipales.
El PSOE preside siete comunidades autónomas, dos más que el PP. El Gobierno acordó con Bruselas la suavización del objetivo de déficit al 2,2% del PIB para este curso, cinco décimas por debajo de lo que acordó Rajoy, y del 1,8% en el ejercicio que viene. El bloqueo a la propuesta del Gobierno obligaría a un ajuste de 11.000 millones, 6.000 millones más de los negociados por el Ejecutivo.
La condición de eliminar la capacidad de veto del Senado, indispensable para que Unidos Podemos facilite los planes presupuestarios del Gobierno, se realizaría mediante la modificación parcial del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los partidos firmantes de la Proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Financiera —el PDeCAT y PNV, que apoyaron la moción de censura contra Rajoy, también comparten la medida aunque no la firman— argumentan en la exposición de motivos que “resulta ciertamente anómalo” que sea el Senado y no el Congreso la Cámara que tiene la última palabra para aprobar el techo de gasto.
El procedimiento para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública es “distinto al que la propia Constitución establece para la aprobación de los Presupuestos”, destacan los impulsores del cambio. Así lo establece el apartado 6 del artículo 15 de la normativa vigente, que estipula que “si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos [de déficit], el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.
“La redacción actual resulta distorsionadora en tanto responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución y que no encuentra cumplida explicación en el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que introdujo este especial mecanismo de aprobación ajeno al funcionamiento ordinario de nuestro sistema parlamentario”, añade el documento registrado para justificar la revisión de la normativa vigente.
La proposición de ley recuerda que la redacción del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya fue criticada en su momento por el Consejo de Estado, que propuso recuperar un inciso de versiones anteriores de la legislación en el que se preveía que si el Congreso aprobaba el objetivo de estabilidad pero era rechazado por el Senado, valiese con su aprobación con mayoría simple en la Cámara baja. Con la nueva redacción que se plantea “se trata de volver a la que tenía el artículo en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007, dotándolo de una mayor coherencia” y “sin merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito”.
El PP usará “todos los mecanismos a su alcance” contra la reforma
El PP y Ciudadanos coincidieron de nuevo en sus críticas al Gobierno por su intención de cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con la posición de fuerza del Senado para aprobar el techo de gasto y la senda de déficit. El secretario general de los populares, Teodoro García, advirtió que utilizarán "todos los mecanismos a su alcance" para impedir la reforma acordada entre el Ejecutivo y Podemos. El statu quo vigente lo introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El PP, que disponía entonces de mayoría absoluta en el Congreso y Senado, estableció que los objetivos de déficit y deuda debían ser aprobados en ambas cámaras. Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del PP en el Congreso, afirmó que el Gobierno quiere "amordazar" al Senado "para ocultar una subida brutal de impuestos".
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reclamó una vez más la celebración de elecciones. “Si no le gusta la composición del Senado, que a mí tampoco me gusta, convoque elecciones”, reclamó al presidente del Gobierno. “[PSOE y Podemos] Quieren ponerse de acuerdo para cambiar la legalidad y adaptarla”, reprochó.
Carmen Calvo aseguró que el Gobierno no se planteó en ningún momento modificar la ley mediante un decreto ley. “No ha estado nunca la posibilidad de la reforma de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria por la vía de real decreto”, aseveró. La vicepresidenta calificó la capacidad de veto del Senado de “situación excepcional e inentendible para la configuración constitucional de las dos cámaras”.
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