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Podemos reclama no cumplir con Bruselas y bloquea el Presupuesto

El Gobierno se niega a derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a la renegociación del déficit acordado con las autoridades comunitarias

Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso. En vídeo, declaraciones de Guijarro.Vídeo: VÍCTOR SAINZ | EPV
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La negociación para el techo de gasto como paso previo a los Presupuestos se complica. Podemos, socio principal del Gobierno, insiste en que el Ejecutivo debe derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, algo a lo que el Gobierno se niega porque entiende que sería romper con Bruselas. El Ejecutivo está convencido de que hay margen para hacer políticas de izquierda sin chocar con la UE porque el Gobierno socialista logró ampliar el objetivo de déficit de 1,3% del PIB al 1,8%. Podemos exige derogar la ley porque es “hija” del nuevo artículo 135 de la Constitución que marcó el pago de la deuda como prioridad.

El Gobierno está sorprendido por la dureza que está exhibiendo Podemos en las últimas horas, después de que el Ejecutivo respondiera de forma muy positiva al documento que la formación hizo público la semana pasada. Podemos por su parte está muy molesto porque el texto con el que le contestó el Gobierno no flexibiliza su posición en los asuntos que considera centrales. La negociación se acelera porque este viernes se aprueba el techo de gasto en el Consejo de Ministros y debería convalidarse en el Congreso antes de un mes. Esta decisión es una especie de fase previa para negociar los Presupuestos de 2019.

Sintonía para facilitar la inversión local

Ya se han producido varios contactos informales y, sobre todo, por teléfono durante el verano, pero finalmente se ha convocado una reunión formal para tratar de desbloquear la negociación entre el Gobierno y Podemos. Será hoy a última hora de la tarde. Antes, la ministra presidirá un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se hará por vía telemática. Con Podemos hay discrepancias de fondo pero también muchos puntos de acuerdo para negociar.

El Gobierno y su principal socio parlamentario mantienen posiciones similares sobre la flexibilización de la regla de gasto, que permitiría a los Ayuntamientos invertir en políticas sociales en un ejercicio con elecciones municipales. El Ejecutivo del PSOE se comprometió el mes pasado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a estudiar la manera de flexibilizar su aplicación y a ampliar el uso del superávit de los Ayuntamientos.

La derogación que demanda Podemos de los reales decretos de racionalización del gasto aplicados por el PP en educación, sanidad y dependencia tampoco debería ser un problema insalvable. El Gobierno ha expresado su disposición a derogar con “celeridad” el real decreto ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El principal obstáculo en este momento está en la exigencia de derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno ya dijo que se plantearía alguna solución para evitar la capacidad de bloqueo que esta norma da al PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. La ley marca que debe aprobarse por las dos Cámaras. Y eso podría cambiarse. Pero el Ejecutivo no contempla derogar la ley de estabilidad porque entiende que implicaría romper con Bruselas y con la filosofía de que España tiene que seguir reduciendo su déficit, aunque sea de manera más flexible.

“No se contempla derogar la ley de estabilidad. El Gobierno cree que se puede hacer política social, subir la recaudación de los impuestos a las grandes empresas e introducir un impuesto a la banca pero a la vez respetar los compromisos con Bruselas. Hemos logrado un margen del 1,3% al 1,8% [del PIB] y con eso se pueden hacer muchas cosas. Confiamos en que Podemos sepa ver esta oportunidad para hacer políticas de izquierda”, señalan desde Hacienda.

Hay otro problema. Incluso si el PSOE lograra convencer a Podemos, no le basta con sus votos. Necesita también al PNV, que está prácticamente garantizado; a ERC, que es más difícil; y al menos la abstención de PDeCAT, algo nada sencillo con la situación política en Cataluña. Aun así, al Gobierno le interesa mucho lograr el apoyo de Podemos y buscar al resto de grupos para lograr al menos la aprobación en el Congreso y evitar la imagen de soledad y de legislatura en el aire que ofreció la última votación de julio, cuando solo le apoyó el PNV.

Podemos tiene un rechazo de fondo a la ley de estabilidad. “No solo es la traducción en la legislación española del dogmatismo fracasado y cruel con la gente humilde de la austeridad, sino que además pone en manos del PP la aprobación definitiva de la senda del déficit en el Senado, convirtiendo en estéril todo este debate”, aseguró Pablo Echenique, secretario de Organización del partido. Echenique lidera las conversaciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Podemos también exige otra condición casi imposible de asumir para el Gobierno: la renegociación del déficit acordado con Bruselas. El Ejecutivo está muy satisfecho por haber logrado cinco décimas más y no quiere reabrir ese melón. De hecho, trata de presionar a Podemos con la idea de que si no se aprueba este techo de gasto el que quedará vigente es el del 1,3% que pactó el PP, lo que supondría un recorte extra de 5.000 millones.

“Aunque ninguna ley ni tratado impide renegociar el déficit con Bruselas poniendo los intereses del pueblo español por delante de los intereses de los especuladores financieros, el Gobierno se niega, aceptando un ajuste de entre 5.000 y 11.000 millones de euros”, sostiene Echenique.

“El Gobierno no ha asumido prácticamente ninguna de nuestras propuestas centrales, bien omitiéndolas de su respuesta, bien despojándolas de compromisos concretos y rodeándolas de lenguaje ambiguo y buenas palabras, bien remitiendo su posible desarrollo a futuros pactos, comisiones o reuniones”, advierte el número dos de Podemos.

Desde el Ejecutivo transmiten inquietud por esta reacción, que no esperaban, pero están convencidos de que hay mucho margen y aún algunas semanas para negociar. “No tiene sentido echar al traste la legislatura y renunciar a subidas de impuestos para las grandes empresas, la banca, e incluso la posibilidad de reformar la imposición sobre las grandes fortunas por una posición de máximos sobre la ley de estabilidad presupuestaria. Vamos a seguir intentándolo”, sentencian.

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