Un rescate de las aguas de Libia a la bahía de Algeciras

Cuando el Open Arms localizó a 87 migrantes que una embarcación frente a las costas libias, su situación era desesperada. Llevaban dos días a la deriva. Apenas tenían agua ni víveres. Pero su terror por lo vivido llegaba a tal punto que “preferían lanzarse al mar y morir antes que volver a Libia”. Riccardo Gatti, jefe de misión Proactiva Open Arms, revive sin paños calientes el momento, vivido hace justo una semana, justo después de que esas 87 personas -entre las que hay 12 menores, seis de ellos no acompañados- hayan llegado este jueves por fin a un puerto seguro en la bahía de Algeciras, en la localidad de San Roque.

Más información

El Gobierno deja de aplicar las ventajas concedidas a los migrantes del ‘Aquarius’

El riesgo populista en España por la tensión migratoria pone en alerta a Bruselas

La llegada del buque Open Arms al puerto de Algeciras, en imágenes

El destino, autorizado por el Gobierno de España, ha resultado ser más lejano de lo esperado por la ONG. A los recién llegado se les aplicará en el protocolo habitual, recién creado por el Ejecutivo de Sánchez para la atención de los migrantes del Estrecho de Gibraltar. La atención seguirá los mismos cauces que las personas que son rescatadas en la zona tras lanzarse al mar en pateras desde Marruecos. Para ellos tampoco habrá permisos de residencia alguno, a diferencia de los 45 días dados a los 630 ocupantes del Aquarius, llegados al puerto de Valencia hace dos meses, y las 60 personas llegadas a Barcelona en el Open Arms a principios de julio.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha criticado al Gobierno central por tomar la decisión de atracar el barco en suelo andaluz con menores entre sus ocupantes, que son competencia de las autonomías. "Ahora con un Gobierno más comprometido, aunque heredero de la falta de planificación anterior, debe entender que no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos al puerto de Algeciras con menores a bordo, que es nuestra competencia. Y que al mismo tiempo se alegue que ni hay recursos presupuestarios ni posibilidades de repartir la responsabilidad de los menores entre las Comunidades Autónomas", ha denunciado.

Los 87 rescatados han llegado al puerto ubicado en la pedanía sanroqueña de Campamento pasadas las ocho de la mañana. El buque de Proactiva ha quedado amarrado justo a unos pocos pasos del nuevo Centro de Atención Temporal (CATE) que el Gobierno habilitó la semana pasada en dos antiguas naves pertenecientes a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, en un espacio restringido al acceso de medios de comunicación. Allí se realiza, desde la semana pasada, el primer auxilio y el proceso de reseña e identificación policial en el plazo de 72 horas de detención al que se ven sometidos los llegados irregularmente en patera.

Con su llegada a España, los auxiliados por el Open Arms dejan atrás un calvario que los propios voluntarios de la ONG de Barcelona han relatado tras terminar un rescate que comenzó el pasado 2 de agosto. “Su embarcación se encontraba 30 millas de nosotros. Tardamos dos horas y media en llegar y agradecemos que no intervinieran los guardacostas libios porque ya no podemos confiar en ellos”, ha relatado Gatti.

Ni siquiera los auxiliados se fiaban de acabar de nuevo en Libia en una devolución en caliente, como ocurre en otros casos vividos por los propios voluntarios en estos últimos 30 días que han estado en el Mediterráneo central. “Estaban muy asustados y en mal estado. Llevaban dos días en el mar y sin mucho margen de sobrevivir. Cuando los rescatamos el miedo no pasó, tardamos días en ganarnos su confianza”, ha añadido el jefe de misión. Los migrantes eran mayoritariamente de Sudán y Sudán del Sur, aunque en la embarcación a la deriva también había un sirio, un egipcio y un gambiano. De los 12 menores identificados, seis viajaban solos.

En busca de puerto seguro

Tras dos días en la zona a la espera de posibles nuevas embarcaciones que salieran de las costas libias, el Open Arms partió el sábado hacia España en busca de un puerto seguro. La ONG solicitó al Centro de Coordinación Marítima español la posibilidad de desembarcar en Barcelona, Valencia o Mallorca, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, pero el Gobierno les autorizó la llegada a la provincia de Cádiz. “Nos sorprendió por la lejanía. No era lo más conveniente por la presión migratoria que hay aquí. No nos queda más que acatar la decisión”, ha reconocido Gerard Canals, coordinador de operaciones de Proactiva Open Arms.

La asignación del puerto gaditano ha prolongado el desembarque de los rescatados tras cuatro días de navegación. De hecho, Salvamento Marítimo de Cartagena tuvo que llevar hasta el Open Arms víveres y medicinas, como ha explicado Canals. Sin embargo, en esta ocasión la consigna del Gobierno era la de seguir el protocolos recién establecidos para la llegada de personas por mar y que cuenta con la coordinación de un nuevo mando único. “No es una situación diferente a otras llegadas de inmigrantes. Son 87 personas que llegan huyendo del miedo, la guerra y el hambre igual que los que han estado llegando hasta ahora”, aseguró ayer el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.

Los llegados este jueves a bordo del barco de la ONG pasarán un máximo de 72 horas de retención policial en el CATE. Las instalaciones permiten atención individualizada, con zonas de asistencia sanitaria, de aislamiento médico. También dispone de habitaciones diferenciadas para hombres, mujeres y menores. En ese tiempo, son fotografiados y reseñados, al igual que ocurre con los llegados en pateras en el Estrecho. “Las circunstancias son prácticamente las mismas”, ha asegurado esta mañana un mando policial. Sin embargo, al ser rescatados frente a las costas de Libia, legalmente su situación varía ya no han cometido infracción administrativa alguna en su llegada a España.

Eso hará que no se les incoe expediente alguno de expulsión. “No han cometido una infracción administrativa en España, pero su situación no es de legalidad”, asegura la misma fuente. En cualquier caso, se trata de “una formalidad”, dado que estas órdenes rara vez se llevan a efecto cuando los recién llegados son de origen subsahariano. En el CATE, el Colegio de Abogados de Cádiz será el encargado de prestarles una asistencia letrada, tal y como aseguró ayer la entidad en un comunicado.

Una vez pase el plazo de detención, los adultos serán previsiblemente derivados al centro de acogida que el Ministerio de Trabajo y Migraciones ha habilitado en parte de un colegio de Chiclana de la Frontera, Campano. El espacio está gestionado por Cruz Roja y pensado como un lugar en el que los recién llegados puedan contactar con sus familias, buscar información sobre aquellos puntos de Europa al que se quieran marchar. También se les facilita los medios para continuar su viaje. Los menores no acompañados, conocidos como MENA, pasarán a la saturada red de acogida que la Junta de Andalucía posee en la provincia de Cádiz, donde algunos centros multiplican por siete su capacidad.

En esta ocasión no habrá permiso temporal de residencia para los recién llegados. El Gobierno ha justificado su decisión en que, en este caso, no concurren los mismos condicionantes humanitarios del Aquarius y que ahora sí existe un protocolo coordinado de atención, habilitado principalmente en la provincia de Cádiz. El propio Canals ha asegurado comprender la ausencia de permiso en esta ocasión: “Era normal si es el tratamiento habitual que se hace en España”.

Para los 87 rescatados comienza ahora una nueva vida en Europa. La llegada a puerto seguro es una parada más que sumar a un largo y duro peregrinar, en algunos casos ya con más de dos años de duración. Mientras, el Open Arms ya ultima un nuevo viaje. Mañana partirán a Barcelona y, con el tiempo justo de pertrecharse y cambiar de tripulación, partirá de nuevo al Mediterráneo central a continuar con su labor de rescate. “Estamos hablando de personas y necesitan ayuda”, remacha Gatti.