Sánchez asegura que no abrirá “ni una vía judicial más” con Cataluña

Diálogo y ley. Son las únicas guías que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, maneja ante la crisis territorial catalana frente a las exigencias de la derecha y sus demandas de una mayor presión judicial para doblegar al independentismo y "ante eventuales vulneraciones" por parte de la Generalitat. En la que ha sido su primera comparecencia desde que llegó a la Moncloa, Sánchez aseguró que no quiere abrir “ninguna vía judicial más”. El presidente anunció que el próximo día 17 asistirá con el Rey a Cataluña para participar en los actos del aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, para los que reclamó “solidaridad y respeto a las víctimas”.

Sánchez insistió en que el Gobierno defenderá la legalidad y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, y abogó por resolver el problema “desde la política” y en el marco de la Constitución. Pero insistió en que evitará las “vías judiciales” como medio de abordar el conflicto. En ese sentido, afirmó que proponer otros mecanismos es “hacer el caldo gordo” a quienes no quieren que esas relaciones iniciadas por el Gobierno socialista fructifiquen “en aspectos positivos para Cataluña”. El Ejecutivo de Sánchez recurrió el pasado 6 de julio al Tribunal Constitucional una moción del Parlamento de Cataluña que persistía en la vía soberanista.

Durante su comparecencia, el presidente tuvo palabras de defensa para el Rey, que como símbolo del Estado es uno de los máximos objetivos del acoso independentista y de las denominadas cloacas del Estado. El presidente aseguró que Felipe VI representa una “Monarquía renovada y ejemplar”, como él había exigido en otro tiempo. Y “también Juan Carlos I”, añadió. En cuanto a las complicadas relaciones de la Generalitat con La Zarzuela y la presencia de Felipe VI en el acto de la plaza de Cataluña de Barcelona el próximo 17 de agosto, manifestó que el aniversario de la matanza terrorista “exige de todos solidaridad y respeto a las víctimas”. “Así es y espero que sea”, confió.

La manifestación celebrada en los días siguientes a la masacre en Barcelona y Cambrils fue aprovechada por el movimiento independentista para realizar una demostración de fuerza en la que se hostigó al jefe del Estado. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció recientemente que la institución que representa rompía relaciones con el Rey por no pedir perdón por la actuación policial llevada a cabo el 1 de octubre de 2017, durante la celebración de la consulta ilegal de independencia, y que no asistiría a ningún acto en el que Felipe VI estuviera presente. Tanto en jefe del Estado como el presente de la Generalitat han confirmado su asistencia al acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona.

En la crisis catalana, subrayó Sánchez, el itinerario del Gobierno es el del diálogo y la ley. Es decir, el camino iniciado esta semana en la comisión bilateral, y que reunió a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y al consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall. El presidente defendió esta vía como la única posible y salió al paso de quienes han querido transmitir la sensación de que el primer encuentro se saldó en fracaso. “La reunión no implicaba ya acuerdos, sino poner en marcha grupos de trabajo” a partir de septiembre y cuyos resultados empezaran a ser visibles en diciembre.

“Se trataba de formalizar la voluntad de diálogo y de normalizar las relaciones en una comisión que no se ha reunido en siete años”, enfatizó. La tensión territorial catalana, quiso hacer hincapié, “no se va a resolver ni en un mes, ni en dos, ni en un año, ni en dos años”. “Se viene larvando desde hace más de una década y va a exigir mucha paciencia, pedagogía, generosidad y altura de miras”, advirtió, insistiendo en que “el objetivo en el corto plazo es normalizar las relaciones institucionales”.

El jefe del Gobierno reiteró que es consciente de que la solución al problema catalán pasa por una votación del conjunto de sus ciudadanos, pero la “discrepancia” con los independentistas es que “el acuerdo que se vote tiene que representar al 80% de la sociedad catalana”. Lo que plantean los independentistas, recalcó, no está respaldado por ese porcentaje. Con todo, el presidente confió en poder convencer al Govern “en el medio plazo” de que no existe otra salida que no sea a través de la Constitución y el Estatuto. Y para evitar más errores en el proceso recomendó una reflexión: “Hay que aprender de las lecciones de todo lo ocurrido con la crisis catalana”, y una de ellas, refirió, es que “el agravio territorial y la confrontación entre personas no son proyectos que suman, sino que restan”.

Sánchez agradeció, sin embargo, la proposición que el jueves le hizo el nuevo líder de los populares, Pablo Casado, con quien mantuvo una entrevista de cerca de tres horas y le ofreció los votos de su partido en el Senado para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en el caso de que la Generalitat persista con la estrategia independentista. “Si hay que volver a hablar del 155, volveremos a hablar”, alegó. El presidente defendió el precepto constitucional y su aplicación, pero pidió a Casado que su partido apoyara al Gobierno no solo en el 155, sino “en todo”: “Como hizo el PSOE cuando estuvo en la oposición con los temas de Estado”. También reprochó al líder popular el “extremismo” en sus declaraciones sobre Cataluña y le exigió apoyo en una crisis “en la que el PP no ha sido ajeno”.

Cohesión territorial

La cohesión territorial, expuso, constituye uno de los principales ejes del Gobierno que preside. En ese sentido quiso destacar “el diálogo y consenso” con todos los presidentes autonómicos en una ronda que el Gobierno culminará a finales de año. “Ese espíritu”, ponderó, “está presente en las 18 conferencias sectoriales realizadas en estos dos meses y en las comisiones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat. Tenemos los instrumentos para articular consensos. Esperamos frutos este semestre”, alentó.

PPese a los buenos augurios sobre la intención de voto que da el CIS al PSOE y la debilidad parlamentaria que apoya al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ratificó su intención de agotar la legislatura para “blindar” el Estado del bienestar y “sacar a España de la parálisis y el letargo”. “Este Gobierno no gobierna a golpe de encuestas”, afirmó. El propósito “no es aguantar, sino avanzar”, pero avisó de que tiene “mucho aguante”.

Sánchez admitió que la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados puede impedir la materialización de sus planes, como le acaba de ocurrir con la senda del déficit, un asunto en el que, además, el Senado, dominado por el PP, tiene la última palabra. Esa limitación tampoco le permite cumplir con su promesa de derogar la reforma laboral ni resolver el problema de la financiación autonómica, que en un año electoral reconoció que será complicado. Sin embargo, consideró que “hay un camino enorme” para hacer cosas, como “desmontar los artículos más lesivos” de la reforma laboral o “volver a hablar de la negociación colectiva” o la “igualdad laboral y salarial”.

El presidente también garantizó que se exhumarán del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco “muy pronto”, aunque no concretó fechas: "Si se ha esperado 40 años, se puede esperar semanas o días para que la exhumación se pueda llevar a cabo con todas las garantías".