Sánchez anuncia mejoras en el alquiler y la prohibición por ley de amnistías fiscales

Subida de impuestos a las empresas. Mejora de la financiación autonómica. Retoques en la legislación laboral. Nuevo Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones en función del IPC. Supresión por ley de las amnistías fiscales (algo que ya anunció hace un año el exministro Cristóbal Montoro). Y mejoras en el marco normativo de los alquileres para deshinchar la burbuja. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana en un largo discurso —de 91 minutos— un paquete de medidas económicas en su primera comparecencia en el Congreso, a las que se suman algunos de los anuncios de las últimas semanas en otros capítulos, como la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos "en un muy breve espacio de tiempo", y la pretensión de pactar "una solución política para Cataluña" a través del diálogo. El debate, que arrancó a las 9.00, ha concluido sobre las 14.50.

La política económica ha sido la estrella de su primer discurso, aunque sin grandes novedades respecto a los anuncios que en las últimas semanas han ido desgranando sus ministros, salvo quizá la citada prohibición por ley de las amnistías fiscales y la nueva senda de déficit público. Esa nueva meta de déficit permitirá a las comunidades autónomas un mayor margen fiscal que asciende a dos décimas de PIB. En dinero contante y sonante, eso supone unos 2.500 millones de euros, tal como adelanta hoy este diario.

El Ejecutivo ha solicitado a Bruselas más flexibilidad fiscal, pero a la vez certifica que en breve llegarán al menos dos alzas fiscales: a las empresas tecnológicas (en un sector que apenas paga impuestos, y con el objetivo declarado de cuadrar la sostenibilidad del sistema de pensiones) y en el Impuesto de Sociedades. El tipo efectivo de Sociedades se situará en el 15%, ha subrayado Sánchez. El Ejecutivo pretende aproximar los tipos efectivos a los nominales: si alguna empresa no llega al tipo del 15% (las del Ibex cotizan como media por debajo del 10%) se limitarán las deducciones. Los ingresos fiscales procedentes del Impuesto de Sociedades han caído a plomo a lo largo de la Gran Crisis; el objetivo del equipo económico del Gobierno es afinar una figura fiscal que se ha convertido en una suerte de queso gruyere, plagado de agujeros en forma de deducciones y créditos fiscales.

Fuera del ámbito económico, tres asuntos fundamentales: Cataluña, memoria histórica y violencia de género. Sobre Cataluña ha mostrado su disposición a "alcanzar una solución política" a través de "un diálogo franco y directo". Sobre memoria histórica, ha apuntado que en un "breve espacio de tiempo" se exhumarán los restos de Franco del Valle de los Caídos —pese a que ayer el Ejecutivo admitió que habrá retrasos en ese capítulo—. Y sobre la violencia de género, Sánchez ha reiterado que el Ejecutivo reformará las leyes para clarificar los delitos relacionados con las agresiones sexuales, tal y como adelantó la vicepresidenta Carmen Calvo. "Si dice no es que no y si no dice que sí también es que no", ha dicho el presidente a pesar de las dudas de los juristas sobre la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal similar a la de Suecia para garantizar que los tipos no dependan de la interpretación de los jueces.

Sobre vivienda, Sánchez ha reiterado que el Ejecutivo apuesta por poner un parque de 20.000 viviendas públicas en alquiler, tal como avanzó este periódico. Además, pretende elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años; limitar las fianzas, y acotar las viviendas turísticas para desinflar la burbuja de precios que se detecta en algunas grandes ciudades. Junto con la vivienda, políticas de empleo: Sánchez ha hecho varios anuncios sobre el mercado laboral, ente ellos un plan de choque para crear empleo juvenil, que no ha detallado. España sufre un desempleo juvenil del 45%, frente al 20% de la UE. Su objetivo es un "reparto equitativo de la riqueza" en la que los salarios recuperen el peso en la renta nacional que tenían antes de la crisis, con una subida del salario mínimo, la lucha contra la economía sumergida, las horas extraordinarias ilegales, los falsos autónomos y la discriminación por raza o género.

También ha afirmado que revisará los contratos de relevo -un asunto pendiente desde septiembre el año pasado y que ha retomado el pacto salarial-, que desarrollará nueva regulación de las prácticas no laborales, y que aprobará un Estatuto del Becario. Y ha apuntado a la derogación de delitos relacionados con la actividad sindical: "Vamos a derogar el párrafo 3 del artículo 315 del Código Penal sobre los delitos relacionados con la libertad sindical". "Vamos a aprobar un plan director contra la explotación laboral, que supondrá un cambio de rumbo en las políticas laborales, para erradicar la desregulación de las condiciones de trabajo", ha dicho.

Frente a esa batería de anuncios más o menos conocidos, las primeras reacciones de la oposición. "Mes y medio para que nos contara su plan de gobierno. 56 minutos y todavía no he escuchado ni una sola reforma para abordar los tres grandes cuellos de botella para el progreso del país: empleo, educación, instituciones. No se puede vivir de gestos para siempre", ha asegurado Toni Roldán, de Ciudadanos. Rafael Hernando, del PP, ha replicado al discurso de Sánchez con duros ataques a "las concesiones a los independentistas" que vienen de propinar "un golpe contra las instituciones", le ha reprochado el traslado a Cataluña de los políticos presos y se ha preguntado "cómo va a aprobar el Gobierno todas esas reformas con solo 85 diputados". "¿Está usted con España o con quien los que quieren romperla?", le ha cuestionado. "Usted no ha presentado un programa de gobierno sino un plan de subsistencia con los comunistas bolivarianos", ha sentenciado.

En su intervención Ione Belarra, de Podemos, ha reclamado que "con los CIE lo único que podemos hacer es cerrarlos", al tiempo que ha reclamado que se desvele la lista de defraudadores. Se puede publicar y se lo vamos a demostrar", ha dicho. "Lo que han dicho de las cintas que afectan al rey Juan Carlos es lo mismo que decía el PP sobre los papeles de Bárcenas", le ha reprochado Alberto Garzón. Albert Rivera también ha sido muy crítico con los primeros 50 días de gestión: "Este es un Gobierno sin rumbo y sin mayoría parlamentaria, sin votos en las urnas, sin proyecto de país".