El Gobierno asume la búsqueda y exhumación de desaparecidos de la Guerra Civil

"No puede ser que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un Ayuntamiento”, declaró la ministra de Justicia, Dolores Delgado, este miércoles en el Congreso. “Es inaceptable que España siga siendo el segundo país en número de desaparecidos después de Camboya”. Quedan por abrir más de 1.200 fosas comunes, según el mapa disponible en el Ministerio.  

Durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la ley de memoria histórica, el Ejecutivo dio subvenciones a las asociaciones de víctimas del franquismo para que fueran ellos, los familiares, quienes se encargaran de buscar y abrir las fosas reclutando a profesionales. El Gobierno de Mariano Rajoy redujo a cero esas partidas presupuestarias y las fosas se abrieron entonces con donaciones de sindicatos noruegos de electricistas, la dotación de premios desde EE UU, o exhortos enviados desde la justicia argentina, a 10.000 kilómetros de la escena del crimen.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asumirá ahora de principio a fin esa tarea: desde la recién creada dirección general de memoria histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, elaborará un plan nacional de búsqueda de desaparecidos y contará para ello con un grupo de expertos arqueólogos, abogados, forenses y representantes de las asociaciones de víctimas. Los resultados se publicarán en el BOE anualmente o en los boletines oficiales de las comunidades donde se haya hecho la exhumación, y se elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El primero. Hasta la fecha, solo los datos reunidos por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su intento de investigar los crímenes del franquismo abarcaban todo el territorio nacional.

Delgado recordó durante su comparecencia el “demoledor” informe del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff, que en 2014 visitó España y denunció el abandono total de las victimas del franquismo por parte del Estado.

“Me parece una magnífica noticia”, declara a EL PAÍS De Greiff, que dejó hace un mes el cargo de relator de la ONU. “La privatización de las exhumaciones era una política condenada a pésimos resultados. Son procesos difíciles: Argentina y Chile han logrado maravillas, pero 30 años más tarde de lo que pensaban. Esto debe ser una política de Estado, tiene beneficios para todos”, añade.

La ministra insistió en que “hablar de memoria es hablar de justicia” y declaró que el Gobierno quiere realizar una “reforma integral” de la ley de memoria histórica para cubrir las carencias denunciadas estos diez años por las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Así, el Ejecutivo pretende declarar nulas las sentencias franquistas —en 2007 se declararon ilegítimos los tribunales, pero no se anularon sus resoluciones—; crear una comisión de la verdad e imponer sanciones económicas a quienes no retiren la simbología de exaltación franquista.

Desde la oposición, el PSOE presentó en varias ocasiones estas propuestas, y fueron rechazadas. La última vez, por “motivos presupuestarios”.

Fundación Franco

Asimismo, como avanzó este diario, el Ejecutivo estudia cómo ilegalizar a “asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo”. La Fundación Nacional Francisco Franco, que pone flores frescas cada día en la tumba del dictador, custodia archivos y recoge en su web múltiples artículos de elogio a Franco y menosprecio de la durísima represión que llevó a cabo, lo que el hispanista Paul Preston llama “el holocausto español”. Entre las posibilidades a estudio por parte del Ejecutivo está llevar al código penal el delito de “apología del franquismo” y modificar la ley de asociaciones y fundaciones. La de Franco ya no recibe subvenciones hace años, pero sus socios disfrutan de beneficios fiscales.