Ley de Migraciones en Chile: qué dicen las modificaciones aprobadas por los diputados

La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este martes un proyecto legislativo que modifica la actual Ley de Migraciones, norma que regula la situación de las personas extranjeras que llegan al país sudamericano para buscar la residencia. Los cambios han sido impulsados por el Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric, y apuntan a un endurecimiento en la política migratoria vigente, con algunas medidas como la ampliación de las causales de expulsión de quienes estén involucrados en delitos graves o el incremento de cinco a 10 años el período de residencia mínimo para acceder a la nacionalización chilena. Las derechas empujaron algunos cambios en el acceso de los extranjeros a algunos derechos sociales, lo que generó resistencia en el oficialismo.

Esta propuesta —que pasará a un segundo trámite legislativo en el Senado— ha surgido en medio de un incremento sostenido de la población migrante, que actualmente representa a cerca de 1,6 millones de los cerca de 19 millones de habitantes en Chile. Casi un 33% de los residentes que nacieron fuera de tierras chilenas son venezolanos, un grupo cuya presencia ha aumentado de manera sostenida debido a la crisis social y política desatada por el régimen de Nicolás Maduro.

Los datos biométricos y el ingreso de niños

La idea aprobada por los diputados incluye un reforzamiento en la seguridad e identificación de las personas extranjeras. Uno de los cambios en esta materia es la incorporación de los datos biométricos en el registro nacional de extranjeros. A esto se agrega una modificación en el sistema de entrada de los niños, niñas y adolescentes que ingresen a Chile sin compañía o documentación. De acuerdo al texto, cada caso deberá ser analizado por un Tribunal de Familia, que tendrá que revisar la situación familiar de cada menor para determinar si se ordena la permanencia o la salida del país.

La extensión de las causales de expulsión

Una de las modificaciones aplicadas es la extensión de las causales de expulsión de las personas involucradas en delitos como violencia intrafamiliar, explotación sexual, sicariato, uso y porte ilegal de armas, entre otros. El objetivo de esta medida es impedir la permanencia en el país de ciudadanos extranjeros que tengan antecedentes penales. El Servicio Nacional de Migraciones podrá revocar los permisos migratorios de quienes tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, entre otras actividades que afecta a la convivencia.

La nacionalización

La reforma incrementará de cinco a 10 años el período de residencia mínimo para acceder a la nacionalización chilena. A ello se sumará una prueba de conocimientos para los solicitantes. La normativa propone una serie de causales —entre ellas, la participación en delitos graves— para revocar o rechazar la solicitud de nacionalización. En el proyecto también elimina la llamada nacionalización calificada, que permite a determinadas personas, en virtud de vínculos familiares, solicitar con dos años de residencia, obtener la carta de nacionalización. Los deportistas quedan excluidos de este cambio.

Sanciones por el fomento de la migración irregular

El fomento y traslado de personas extranjeras que han ingresado de manera irregular al país también tendrá sanciones aumentadas. La propuesta fija sanciones para las personas o empresas que cometan acciones que faciliten esta actividad, especialmente con la entrada y el transporte por el territorio nacional. También incrementa las penas para el tráfico ilícito de migrantes.

El derecho a la educación y a la vivienda

La nueva Ley de Migraciones también contempla algunos cambios en el acceso de los extranjeros a algunos derechos sociales. En el caso de la educación, el texto ordena a los establecimientos a hacer un enrolamiento de los estudiantes que se encuentren en una situación migratoria irregular. Algo similar ocurre con quienes necesiten atención en la salud pública. En vivienda, se establece que quienes se encuentren en una condición migratoria irregular no podrán subarrendar una propiedad. Estas modificaciones, que son resistidas por algunos sectores del oficialismo chileno, podrían ser revisadas en el trámite en el Senado.