El presidente del puerto de Barcelona niega que influyera en las adjudicaciones del ‘caso 3%’

El caso 3% ha regresado este viernes a la Audiencia Nacional. El magistrado José de la Mata ha interrogado durante la tarde a cuatro de los imputados en la causa: entre ellos, a Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona desde 2011, y a Constantí Serrallonga, director de la Fira de la capital catalana. Los investigadores han señalado a ambos como supuestos colaboradores de la estructura construida por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) para financiarse a través de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones. Una acusación que los dos niegan. De hecho, además, Cambre ha insistido durante su declaración de más de una hora en que, no solo nadie habló con él para que diera los contratos a determinadas compañías, sino que no tenía capacidad de influencia en las adjudicaciones.

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Según ha detallado su abogado, en todos los procesos de licitación del Puerto de Barcelona tenía "un papel determinante Puertos del Estado", dependiente del Ministerio de Fomento. Además, según ha añadido, en las mesas de contratación estaban presente técnicos de este departamento del Gobierno español y las adjudicaciones no las hacía Cambra, sino el consejo de administración. "Donde, según ha dicho Sixte, él era solo uno más", afirman fuentes jurídicas. "Además, desde 2004 no tiene ninguna vinculación con CDC, salvo como militante. No sabe ni tienen por qué saber nada de las donaciones", ha apostillado su letrado.

Cambra ha explicado al juez que nunca tuvo reuniones con dos de las piezas claves de la supuesta trama: Francesc Sánchez, excoordinador de régimen interno de CDC, y con Andreu Viloca, extesorero del partido y de la Fundación Catdem, ligada a la formación política. Según explican fuentes jurídicas, el presidente del Puerto ha reconocido al magistrado que le llamaron una vez para que acudiera a la sede de Convergencia, donde le pidieron que pagara más cuota, pero que no recuerda con quién se encontró.

Los investigadores creen que hubo irregularidades en, al menos, dos adjudicaciones de gran envergadura del puerto de Barcelona: la ampliación del dique Sur (concedida por 10,6 millones a Copisa y Vopi 4) y los accesos al dique Este (39 millones de euros adjudicados a la UTE formada por las empresas Copisa, Benito Arno e Hijos y Comsa). En un auto de mayo, De la Mata explicaba que Cambra fue uno de los altos cargos de CDC que "contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido [...], alterando todo tipo de concursos públicos". El magistrado explica que, con tal intención, el ahora presidente del Puerto mantenía reuniones frecuentes con representantes de las empresas "en fechas próximas a la publicación de licitaciones y otros hitos claves en el proceso de adjudicación".

En esa línea, el instructor también señala a Serrallonga como "colaborador" en la creación de esa red de financiación: "En los casos investigados que atañen a la empresa pública BIMSA (Carril Bici y Mirador de Aguas), pudo participar directamente en varias adjudicaciones irregulares, tales como anotaciones, reuniones y comunicaciones", escribe el juez sobre el entonces gerente del Ayuntamiento de Barcelona, que ha negado este viernes tener cualquier vinculación con dicha sociedad pública. Según explican fuentes jurídicas, Serrallonga ha asegurado que se reunía con industriales solo para que se presentaran el mayor número de compañías a los concursos públicos.

Ronda de declaraciones

Este jueves también han declarado Isabel Muradas, que era subdirectora de Estudios y Coordinación del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, y Ambrosio Martínez, apoderado de la empresa Copisa. La primera ha afirmado que no se encargaba de los concursos públicos. El segundo ha negado que participara en ninguna adjudicación de obra pública.

Con estas cuatro nuevas comparecencias, De la Mata sigue con la ronda de declaraciones de los 23 imputados. Los interrogatorios arrancaron el pasado lunes, con el aterrizaje de Francesc Sánchez, abogado y excoordinador de régimen interno de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), en la sede de la calle de Génova de la Audiencia Nacional. "Yo no he llevado nunca las donaciones de este partido ni de ningún otro. Mi responsabilidad ha sido llevar la comunicación y la parte más jurídica", aseguró a la salida del tribunal, después de negar ante el magistrado cualquier responsabilidad en las donaciones.

Al letrado le siguieron esa misma jornada Anna Dolors Benítez, exjefa económica financiera; y Carles del Pozo, exgerente. Ambos explicaron que la formación nacionalista no contaba con ningún filtro para controlar las donaciones. El miércoles le llegó el turno a Ángel Sánchez Rubio, exdirector general de Bimsa; Ernest Santolaria, exdirector de obra civil de esta compañía; Pilar Matesanz, directora de contratación de Infraestructures.cat; y Ramón Massagué, coordinador de entidades municipales del Ayuntamiento de Barcelona. El próximo lunes declara Antoni Vives, exvicepresidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y expresidente de BIMSA.

El juez de la Audiencia Nacional asumió la competencia de la causa el pasado abril, procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). El magistrado investiga si los imputados, entre ellos exaltos cargos de CDC, contribuyeron a “poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido, mediante donaciones a Fundaciones ligadas con Convergencia (Catdem y Forum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política”. De la Mata ha llegado a apuntar a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, por una reunión con un industrial implicado en el caso 3%.