De la Mata señala a Puigdemont por una reunión con un empresario del ‘caso 3%’

Apenas un mes después de asumir el caso 3% —el presunto cobro de comisiones por parte de Convergència a cambio de obra pública—, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata mantiene vivas las sospechas sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. También lo hace sobre personas de su entorno, como Isabel Muradàs, a quien Puigdemont nombró primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Girona tras ser investido alcalde de la ciudad en junio de 2015. Muradàs (actual cuarta teniente de alcalde) está siendo investigada por aprovecharse de sus cargos públicos para pasar información confidencial de interés para uno de los empresarios con mayor peso en la trama del 3%, Josep Maria Bassols.

En un auto en el que cita a declarar como investigadas a 23 personas, De la Mata incluye también los últimos hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción sobre el amaño de concursos por la Generalitat para beneficiar a empresas que financiaban al partido a través de sus fundaciones. Se trata de tres centros escolares que, entre 2012 y 2013, fueron adjudicados por casi ocho millones de euros en total a las constructoras Certis, Construcciones Deco e Impulsa Grupo Ortiz, esta última presidida por el exconsejero de los gobiernos de Jordi Pujol, Joan Maria Pujals.

De la Mata cita expresamente en su auto dos reuniones celebradas en 2013 entre Puigdemont —entonces alcalde de Girona— y el constructor Bassols. El nombre de Puigdemont y una fotografía suya junto al empresario ya había aparecido cuando la causa estaba en manos de un juez de El Vendrell (Tarragona). De la Mata hace suyo ese relato y subraya la existencia de dos reuniones. El 4 de junio, Ángel Sánchez - entonces director general de Bimsa, la mayor adjudicataria del Ayuntamiento de Barcelona- mantuvo un encuentro en el Parlament con Puigdemont y Bassols. El objetivo era preparar la visita prevista para el día siguiente a Girona. Allí, según las agendas de los investigados, el entonces alcalde de la localidad se reunió con Sánchez y con el jefe de éste, el concejal de Urbanismo y presidente de Bimsa, Antoni Vives, también investigado.

Según consta en los partes comerciales elaborados por Bassols para su empresa, Oproler, el objetivo de su encuentro con Puigdemont era preparar "un nuevo pliego y organización de licitaciones". Oproler es una de las empresas investigadas en el caso 3% por haber pagado comisiones ilegales al partido cambio de adjudicaciones públicas.

Ni De la Mata ni los investigadores indican, por ahora, que haya indicios de delito contra Puigdemont. Un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario del caso señala cómo Bassols intentó abrirse camino entre las autoridades de Girona por orden del propietario de Oproler, Sergio Lerma. En los registros, los agentes hallaron una fotografía en la que Bassols y Puigdemont aparecen juntos en un partido de fútbol en el Camp Nou. Tras el encuentro, Bassols escribió a su jefe: "Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona".

En el auto, De la Mata cita a declarar para el próximo junio a un total de 23 personas, algunas de las cuales aparecen por primera vez en los autos de la investigación del caso 3%. Uno de ellos es Joan Maria Pujals, hombre fuerte de los gobiernos de CiU con Jordi Pujol y que presidía Impulsa Grupo Ortiz, filial catalana del grupo constructor del mismo nombre con sede en Madrid. El grupo donó en 2010 a las dos fundaciones de Convergència —CatDem y Fòrum Barcelona— un total de 400.000 euros con el objetivo de “estar en Cataluña”, comunidad en la que hasta entonces no había logrado contratos públicos, según admitió la propia empresa.

El auto destaca que Pujals “ha sido uno de los empresarios que se concertó con altos cargos de CDC” para “obtener la adjudicación ilícita de concursos públicos a cambio de la entrega de ‘donaciones’ para financiar al partido político”. En concreto, el juez señala la adjudicación por 3,7 millones de euros por el proyecto de construcción la Escuela la Trama, en Sabadell, en 212.

Antonio Cañellas Anto, de Construcciones Deco, es otro de los nuevos empresarios citados a declarar. A finales de 2011, esta empresa se enfrentó a una grave crisis al no conseguir ninguna adjudicación y verse obligada a despedir a más de la mitad de la plantilla. Fue entonces cuando Construcciones Deco empezó a hacer importantes donaciones (210.000 euros en apenas 30 meses) a Convergència, tras lo que consiguió varios contratos. El auto del juez menciona uno: la construcción de la escuela La Canaleta, en Vila-seca (Tarragona), en 2013 por 3,2 millones.

El tercer nuevo constructor investigado es Ramón Blázquez Martínez, de la empresa Certis Obres i Serveis. Al igual que los anteriores, Blázquez se vio beneficiado por los manejos que se hacían en la sede de Infraestructures (el órgano adjudicador de la obra pública de la Generalitat) para favorecer a las empresas que pagaban a Convergència, según las evidencias halladas durante la investigación. En este caso, por las obras de reforma del colegio Abat Oliva, en Sant Hipòlit de Voltrega (Barcelona).

La lista de citados a declarar incluye al presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, a quien considera "uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido" mediante donaciones a sus fundaciones. Cambra, que fue nombrado a propuesta del expresidente Artur Mas, mantenía "reuniones frecuentes con los representantes" de empresas poco antes de algunas licitaciones importantes. La investigación sospecha de al menos dos adjudicaciones de gran envergadura: la ampliación del dique Sur (adjudicada por 10,6 millones a Copisa y Vopi 4) y los accesos al dique Este (39 millones de euros adjudicados a la UTE formada por las empresas Copisa, Benito Arno e Hijos y Comsa).

Entre los citados está también el que fue teniente de alcalde y concejal de Urbanismo bajo el mandato de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives. La causa señala a Vives en su papel como presidnete de Bimsa, la principal empresa pública adjudicataria del Ayuntamiento. Entre las obras adjudicadas de forma presuntamente irregular, destaca la reforma de la plaza de las Glòries, una obra faraónica adjudicada por 49,7 millones de euros.