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Una empresa pagó 400.000 euros a CDC para entrar en el mercado catalán

El Grupo Ortiz afirma que con las donaciones quería "trabajar en Cataluña"

Joan Maria Pujals, llegando a la Audiència de Palma.
Joan Maria Pujals, llegando a la Audiència de Palma.

Las donaciones a las dos fundaciones de Convergència (CDC) no se usaban solo como forma para pagar al partido el 3% de algunas obras públicas, como ha quedado acreditado en cuatro casos. Otras constructoras abonaban cuantiosas ayudas a la formación para entrar en el mercado catalán de obra pública. Así lo admite el madrileño Grupo Ortiz, que en 2010 donó 400.000 euros a CatDem y Barcelona Fòrum para “estar en Cataluña trabajando”.

En una respuesta por escrito a EL PAÍS, el Grupo Ortiz reconoce que pese a contar “con 50 años de experiencia, nunca había trabajado en Cataluña” para las Administraciones locales o la Generalitat. Sí había llevado a cabo obras, pero siempre “para la Administración del Estado”, principalmente Adif y Aena. “Queríamos estar en Cataluña”, explica un portavoz del grupo, y “con estas donaciones tratábamos de hacernos notar como grupo empresarial”.

Los intentos de Ortiz para entrar en el mercado catalán habían sido hasta entonces escasos e infructuosos. En 2009, cuando el Tripartito —PSC, ERC e ICV— gobernaba en Cataluña, el grupo logró una adjudicación para construir un colegio en Vidreres. La empresa ganadora fue Ortiz Construcciones y Proyectos, una de las filiales del grupo con sede en Madrid. La obra, sin embargo, quedó frenada por los recortes.

Es entonces cuando la constructora decide fundar una filial para el mercado catalán, llamada Impulsa Grupo Ortiz, y cuyo presidente —y pequeño accionista— es Joan Maria Pujals, exconsejero de los gobiernos de Jordi Pujol. A principios de 2010, sin ninguna obra en cartera, el Grupo Ortiz empezó a hacer cuantiosas donaciones a Convergència. Entre febrero y mayo de ese año, cuatro filiales de la constructora —Impulsa, Icma Proakis, Elecor y Asteisa— hicieron una treintena de donaciones a las dos fundaciones de CDC. La suma de todas asciende a 200.000 euros para cada entidad, 400.000 en total.

Ocho adjudicaciones

Impulsa Grupo Ortiz ha logrado desde entonces al menos siete adjudicaciones en Cataluña, según ha podido saber este diario de la consulta de boletines oficiales. Otra filial —Icma Proakis, especializada en obras ferroviarias— obtuvo una octava en el municipio de Vimbodí i Poblet (Tarragona), en este caso formando una unión temporal de empresas con Copisa, investigada ahora por pagar mordidas a Convergència a cambio de obra pública.

Dos de las adjudicaciones, por casi 800.000 euros, las consiguió Impulsa en Vila-seca (Tarragona), Ayuntamiento gobernado por CDC y del que Pujals había sido alcalde entre 1983 y 1993. Entre 1988 y 1992, el político también fue presidente de la Diputación de Tarragona. Entre los miembros de las dos juntas de gobierno que adjudicaron los contratos estaba Josep Maria Pujals, hermano del presidente de Impulsa. En las actas de ambas juntas —una celebrada en 2012 y otra este año— no consta que se hiciera notar en el procedimiento la relación de parentesco.

Un "conseguidor" en Mallorca

Andreu Manresa

Joan Maria Pujals, consejero de Cultura y Educación de la Generalitat con Jordi Pujol, fue el mediador o conseguidor para que la constructora catalana Sacresa se hiciera en 2006 con el mayor solar público de Palma por 30 millones de euros, la mitad de su valor, tras pagar un soborno de cuatro millones a la entonces presidenta del Consejo Insular de Mallorca Maria Antonia Munar y su partido, Unió Mallorquina.

Así lo confesaron tres de los cuatro participantes en la operación en el juicio, celebrado en 2013, entre ellos el propio Pujals. Roman Sanahuja Sanahuja, dueño de Sacresa, asumió toda la responsabilidad del caso al confesar y colaborar con la justicia, con lo que obtuvo una condena mínima de un año de cárcel y logró exculpar a sus hijos. La estrategia benefició también a Pujals, que pasó de imputado a testigo del caso. Pujals negó ser “el conseguidor” de Sacresa en Mallorca, aunque así le calificó Sanahuja ante el juez instructor.

El actual alcalde de Vila-seca y también presidente de la Diputación de Tarragona es Josep Poblet, también relacionado con otras dos adjudicaciones logradas por el Grupo Ortiz. Una, de marzo de 2012 y valorada en 2,3 millones de euros, es la concedida por la Autoridad Portuaria de Tarragona, feudo de poder de Convergència y de la que Poblet es también consejero. La otra, la de Vimbodí i Poblet —de 1,14 millones—, fue tramitada por técnicos de la Diputación debido a la envergadura del proyecto y al pequeño tamaño de la localidad (apenas un millar de habitantes), admiten fuentes municipales.

Dos de las mayores adjudicaciones logradas por el Grupo Ortiz, sin embargo, fueron en licitaciones de la Generalitat. La primera, en enero de 2012, asciende a 3,7 millones y fue para construir un colegio en Sabadell (Barcelona). El organismo adjudicador fue Infraestructures.cat, cuyo director, Josep Antoni Rosell, fue detenido hace dos semanas por la Guardia Civil en la redada contra la financiación ilegal de Convergència. La segunda gran obra de la Generalitat ganada por Impulsa fue en noviembre de 2012 por 2,01 millones para construir un edificio de viviendas sociales en Badalona (Barcelona).

Las dos últimas adjudicaciones logradas por el Grupo Ortiz con fondos públicos en Cataluña han sido para la reforma del recinto histórico del Hospital de Sant Pau —otro proyecto con fuertes vínculos con Convergència— y para la Universidad de Barcelona.

En total, el valor de las adjudicaciones logradas por Impulsa en Cataluña superan los 12 millones de euros. Pese a ello, el Grupo Ortiz afirma en su nota: “No hemos tenido prácticamente adjudicaciones, las que hemos tenido han sido de pequeña importancia y de pequeñísimo importe económico”. A la pregunta de quién partió la iniciativa de donar 400.000 euros a Convergència, la respuesta es que “fue a iniciativa del Grupo Ortiz, canalizada a través del señor Pujals”.  Investigación@elpais.es