La juez acusa a Eduardo Zaplana de formar un grupo criminal

La juez de Valencia Isabel Rodríguez envió este jueves a prisión provisional comunicada y sin fianza al exministro del PP Eduardo Zaplana, detenido el martes en Valencia dentro de la Operación Erial. La magistrada acusa al exministro de los delitos de cohecho y prevaricación continuados, fraude en la contratación y fiscal, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo, malversación, pertenencia a asociación ilícita para delinquir y a grupo criminal, según han indicado a EL PAÍS fuentes del procedimiento.

Zaplana está acusado de blanquear 10,5 millones de euros procedentes de comisiones presuntamente cobradas en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002) y ocultados durante más de una década en el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la medida alegando que existía riesgo de fuga.

Los resultados de la investigación, que continúa en marcha, indican que Zaplana comenzó a reintroducir en España el dinero obtenido de mordidas en el año 2005, y que él y la trama de la que formaba parte han continuado haciéndolo hasta este mismo año.

Solo en comisiones procedentes de la familia Cotino —tres de cuyos miembros están investigados en la causa—, el expresidente valenciano cobró presuntamente seis millones de euros.

La instructora considera que Zaplana reintrodujo los fondos a través de despachos y sociedades de Uruguay, Panamá, Luxemburgo y Andorra. Y que una de las sociedades que utilizó para ello fue Inmison International. Con ayuda de otros de los investigados —una decena de momento, aunque fuentes de la investigación aseguran que habrá más citaciones—, el exministro ha estado disfrutado de inmuebles y otros bienes, como automóviles, puestos a nombres de empresas.

Este periódico ha intentado sin éxito obtener la versión del equipo jurídico que defiende a Zaplana. EFE, citando "fuentes cercanas a la defensa", ha señalado que sus abogados consideran el ingreso en prisión "innecesario, desproporcionado e injusto", y tienen intención de recurrir la medida cautelar.

La magistrada también ha enviado a prisión a Francisco Grau y Joaquín Barceló, personas de estrecha confianza de Zaplana desde hace más de 20 años. El primero, ex secretario general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), está considerado su asesor fiscal, mientras que Barceló, que fue director del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm, habría actuado como su testaferro inmobiliario en España. A Grau y a Barceló se le atribuyen los mismo delitos que a Zaplana.

Los investigadores consideran acreditado que Zaplana recibió comisiones por la adjudicación de contratos del Plan Eólico Valenciano y por las concesiones de las ITV en la Comunidad Valenciana, y que había empezado a reintroducir el dinero en España. Pero estiman que durante su carrera como cargo público obtuvo de forma ilegal, en total, "decenas de millones" de euros, parte de los cuales continúan ocultos en el extranjero a través de una compleja red de despachos de abogados y testaferros, detallada en cuatro folios manuscritos que figuran en el sumario, lo que eleva el riesgo de que pueda intentar sustraerse a la acción de la justicia.

La magistrada ha dejado en libertad con la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada semana en el juzgado a otros dos de los principales detenidos el martes, los hermanos José y Vicente Cotino. La juez cree que sus empresas, la más conocida de las cuales es Sedesa, pagaron a Zaplana a cambio de obtener contratos del plan eólico y las ITV.

El tío de ambos, Juan Cotino, que fue director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y presidente de las Cortes Valencianas, entre otros cargos, ha comparecido como investigado ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y será citado por la magistrada en los próximos días. Los tres miembros de la familia Cotino también se han negado a declarar.

Los otros dos detenidos en la operación del martes, el que fuera antiguo jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat valencina y presidente de Estudiantes Juan Francisco García, así como Felisa López, exdirectiva del parque temático de Benidorm Terra Mítica y esposa de Joaquín Barceló, han quedado en libertad con prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

En la causa hay, de momento, una decena de imputados, pero solo siete fueron detenidos. Los tres que no lo fueron serán citados a declarar por la juez en los próximos días. Además de Juan Cotino, se encuentran en esta situación la esposa de Zaplana Rosa Barceló, que también ha guardado silencio este jueves en su comparecencia ante la Guardia Civil, y Mitsuko Henríquez, la secretaria personal del exministro tanto en su etapa como cargo público como en sus actividades privadas.