El Consejo de Estado da vía libre a recurrir al Constitucional la investidura a distancia de Puigdemont

El Consejo de Estado ha decidido por unanimidad dictaminar a favor de que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional el cambio en la ley de Presidencia, aprobado por el Parlamento de Cataluña, que permitiría la investidura a distancia de quien aspire a dirigir la Generalitat de Cataluña. "El debate de investidura no puede celebrarse en ausencia del candidato. Y la imposibilidad de asistencia del candidato, en razón de una enfermedad, incapacidad o impedimento de naturaleza física, debe en todo caso recibir un tratamiento acorde con la naturaleza personal y presencial del acto de investidura". señala el dictamen que ya ha sido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Este informe favorable no es vinculante para que el Gobierno recurra pero sí es preceptivo. Ahora será el Constitucional el que tome la decisión sobre la reforma de la ley, aunque los precedentes señalan que se manifestará en contra de investir a un candidato que no esté presencialmente en la cámara catalana. El Gobierno tiene preparado ya su recurso.

El Consejo de Estado indica además en su dictamen que no solo hay visos de inconstitucionalidad sino que la reforma de la ley va también en contra del Estatut. "El tenor del artículo 67.8 del Estatuto de Autonomía, lejos de justificar la posibilidad de que el acto de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalidad pueda realizarse sin su intervención o asistencia, evidencia que el otorgamiento de la confianza parlamentaria exige siempre —cualquiera que sea el mecanismo a través del cual se articule— la comparecencia y presencia en la Cámara de quien la solicita", indica.

El Tribunal Constitucional ya suspendió la pretensión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de investir a Puigdemont sin que estuviera presente y, demás, señaló que para hacerlo presencialmente debía tener un permiso judicial. Si Puigdemont viniera a España sería probablemente conducido ante un juez ya que pesa sobre él una orden de detención.

Una vez que se pronuncie el Tribunal Constitucional, los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, con Torrent a la cabeza, deberán decidir si acatan y no proponen a Puigdemont, ni a ninguna otra persona que esté fugada o en la cárcel, o afrontan responsabilidades penales.

Los partidos constitucionalistas piden enfáticamente la presentación de un candidato “viable”, que no tenga cargas judiciales.