No basta con que sea efectivo

No basta con que sea efectivo. Debe ser eficaz. Y también legal y leal. Así debe ser el Gobierno que necesita Cataluña con urgencia. Todo lo demás son adornos, dilaciones, engaños a los ciudadanos y autoengaños de quienes quieren seguir con unas piruetas que no llevan a nada.

Seis años sin gobernar, que son los que han monopolizado todas las energías en favor de un proyecto político fracasado, requieren ponerse a la tarea de inmediato y sin distracciones. No es fácil porque son muy pocos los dirigentes independentistas con dotes y voluntad de gobierno.

El modelo a descartar, no tan solo por razones prácticas de su alejamiento físico y de su complicado futuro judicial, es el del expresidente Puigdemont, que ha sido hombre de desgobierno siempre, en la alcaldía de Girona y en la Generalitat, ocupado únicamente en su obsesión, el Estado independiente que no ha conseguido ni conseguirá. No habrá Estado para quienes no tienen ni por asomo sentido de Estado.

Para que sea eficaz debe ser antes efectivo. Los maestros narradores del procés, auténticos virtuosos de la ficción novelesca, deben renunciar de una vez por todas a la continuación fantástica de su periplo a ninguna parte. Un gobierno subordinado y sometido al ensueño de una República y de un irreal Consejo de la República, es garantía de esterilidad en la gestión y de ridículo en la política.

Es el “infausto pacto del 8 de marzo” entre Puigdemont, PdeCAT y ERC, tal como lo calificaba Xavier Vidal Folch (Un Govern efectivo, ¿para qué?, 30 de abril, EL PAÍS), que pretende instalar tres niveles de disparatado desgobierno: la calle con los CDR, el gobierno formal y subordinado en la plaza de Sant Jaume, calificado de provisional, interino o incluso de puente, y el Consejo Republicano en el exilio presidido por Puigdemont.

¡Qué barbaridad! Hora es ya de regresar a la política adulta y responsable, que acepta limitaciones y asume sus deberes en vez de enroscarse en los delirios imaginativos de una grandeza política inasible y en la victimización a partir de un listado de derechos vulnerados y agravios acumulados, normalmente más imaginarios que reales.

Todo gira alrededor de un punto ineludible. Debe ser legal en el sentido más profundo y a la vez común de la palabra. Sin esta referencia, no puede haber gobierno que dure, ni siquiera gobierno que sea capaz de constituirse. Seguir la ley y honestamente, sin retorcimientos ni lecturas malévolas que conviertan su andadura en un permanente pleito ante los tribunales.

No valen los unilateralistas, claro está. No valen los que consideran obligado saltarse los semáforos en rojo. No sirve ni uno solo de los apóstoles de la desobediencia y quienes convierten en una obsesión la destrucción del Estado de Derecho. El multilateralismo, la cooperación entre las distintas instancias y niveles de gobierno, el Estado de Derecho, es lo que ha construido a Europa, de forma que hacer todo lo contrario, como han hecho los procesistas, es directamente destruirla.

No es extraño que el Gobierno de Rajoy, por boca de su delegado en Cataluña, Enric Millo, haya adelantado ya la disponibilidad del artículo 155 para intervenir en cuanto se produzca una contravención de la Constitución. A fin de cuentas, desde su activación el 27 de octubre se halla desprecintado y como recurso a disposición del Ejecutivo ante cualquier vulneración de la Constitución que pueda producirse en el futuro.

El gobierno eficaz, efectivo y legal debe ser también leal, y en varias direcciones. Ya que corresponderá a una mayoría independentista, se supone que deberá ser leal al ideal independentista. No debe haber ninguna duda sobre esta cuestión. Defender la independencia de Cataluña, como situación ideal para lo que ahora es una comunidad autónoma de España, está dentro de las ideas pacíficas y legítimas protegidas por la Constitución española. Otra cosa es que se pretenda hacer por medios ilegales y violentando la voluntad de los ciudadanos.

Gobernar un país como Cataluña desde un ideario independentista debe ser posible sin necesidad de forzar la Constitución y el Estatuto ni de vulnerar los derechos políticos de los catalanes que no son independentistas. En los últimos seis años se ha hecho lo contrario, por lo que ahora es necesario y cabe esperar que el independentismo sepa hacer las cosas de otra forma, con lealtad a sus ideales, pero a la vez lealtad a la Constitución y al Estatuto y lealtad a los catalanes en su conjunto, es decir, a Cataluña, siempre mucho más importante como idea que la propia idea de independencia.

Legal, leal, eficaz y efectivo. Por cierto, como el Gobierno vasco. ¿Y todo eso para qué? Para recuperar, mantener y mejorar el autogobierno, claro está. Para superar la división entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles, sin duda. Para atraer de nuevo a las empresas y a las inversiones, en un proyecto renovado de país de punta en la industria, la tecnología, el diseño y la creatividad. Y, naturalmente, para dejar atrás este presente amargo, divisivo y sin esperanza, sin autogobierno y con políticos independentistas huidos o encarcelados.