Rajoy negocia nuevas cesiones a los nacionalistas en los Presupuestos

Tras superar las enmiendas a la totalidad, el Gobierno afronta la negociación de las enmiendas parciales al proyecto presupuestario sabiendo que tiene que mantener un delicado equilibrio entre las concesiones a los nacionalistas vascos y canarios —imprescindibles para aprobar las cuentas— y la fiscalización de Ciudadanos. De aprobar los Presupuestos de 2018 depende que Rajoy pueda apurar su mandato hasta 2020. Al tiempo, fuentes del PP admiten que a Ciudadanos le beneficiaría un adelanto electoral, porque está disparado en las encuestas. Y por eso el Ejecutivo afronta el tramo final de los pactos presupuestarios con la máxima precaución. El objetivo es que las negociaciones no provoquen el choque entre socios que se consideran incompatibles.

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“Veremos una a una cada una de las enmiendas parciales, porque no tenemos ningún compromiso de votarlas a favor”, advirtió una fuente de la dirección de Ciudadanos que mantiene un continuo contacto con Albert Rivera. “Luego, al final, tras pasar ese trámite, valoraremos si el conjunto de los Presupuestos respeta nuestras prioridades o no”.

“Hay muchas cosas que no nos gustan, pero sabemos que es una balanza y que hay que elegir entre lo malo y lo peor”, abundó una segunda fuente de la dirección del partido que lidera las encuestas para llegar a La Moncloa. “En general es un Presupuesto bueno, que incluye todas nuestras cosas, y al mismo tiempo hay otras cosas que habríamos hecho distintas”, añadió. Y avanzó: “Nosotros vamos a ser leales”.

Aunque en La Moncloa ya no hay dudas de que los Presupuestos saldrán adelante, los representantes del Ejecutivo reconocen que tienen por delante unos días de cierta tensión. Fuentes conocedoras de las negociaciones presupuestarias describen la actitud de Ciudadanos como vigilante. Admiten, también, que habrá alguna incomodidad entre los socios en las próximas semanas. Y subrayan que tanto el Ejecutivo como el PNV tienen muy claro que no deben darle excusas a Rivera para desmarcarse y poner en peligro el acuerdo global.

Apuntarse el tanto

Así, estos interlocutores apuntan al pacto alcanzado con los nacionalistas vascos para subir las pensiones como un ejemplo de la actitud del PP y del PNV. Ese acuerdo, argumentaron, es beneficioso para todos los españoles, no se puede interpretar como una cesión a una comunidad autónoma concreta, y por lo tanto no puede ser impugnado por Ciudadanos.

Esa coincidencia de criterios entre el PP y el PNV —que comparten el deseo de que Ciudadanos no se apunte tantos que alimenten su crecimiento electoral— explica por qué el Gobierno cree que en esta materia Rajoy ya le ha ganado la partida a Rivera. Hay, además, un segundo elemento con el que el Ejecutivo argumenta su capacidad de llevar a buen puerto por segundo año consecutivo un pacto tan complejo. Aunque sea por razones opuestas, tanto Ciudadanos como el PNV tienen más que ganar si los Presupuestos son aprobados que si no salen adelante.

“Un acuerdo evita el desastre en Madrid”, admitió esta semana Andoni Ortuzar, el líder del PNV, razonando que un adelanto electoral “sólo beneficiaba a Ciudadanos”, una alternativa “más de derechas y peor” que el PP, puesto que es enemigo declarado del Cupo vasco y de que los nacionalistas tengan un papel decisivo en el Congreso. A su entender, dijo Ortuzar, Rivera será “el gran perdedor” si hay Presupuestos en 2018.

En ese caso, ¿por qué no fuerza Ciudadanos la rotura del pacto presupuestario? Porque sus estrategas juzgan que provocar un adelanto electoral les perjudicaría a la larga, puesto que perderían la bandera de ser los garantes de la estabilidad y le servirían en bandeja al PP su principal argumento para la campaña. Solo una discrepancia del máximo calado llevaría a Ciudadanos a dar ese paso. Y el Gobierno empeñará el prestigio de sus dirigentes de mayor peso para evitarlo.

Negociaciones

Así, el propio Mariano Rajoy, y su número dos en La Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría, asumirán personalmente la interlocución con los socios potenciales del Gobierno.

El presidente mantendrá una interlocución directa con los líderes del PNV, Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu; el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; y el de Nueva Canarias, Román Rodríguez. De la vicepresidenta dependerá cerrar el apoyo a las cuentas de Foro Asturias y UPN, a los que representan en Madrid los diputados Isidro Martínez Oblanca e Iñigo Alli, respectivamente.

Las enmiendas parciales, que deberán ser examinadas por el Gobierno y calificadas por la Mesa del Congreso, pasarán a discutirse en una ponencia que tiene de plazo hasta el 11 de mayo para emitir su informe. A partir de ahí, las enmiendas se debatirán y votarán en la comisión de Presupuestos a la semana siguiente. El proyecto modificado y las enmiendas que aún queden vivas tras este trámite serán elevadas al pleno, que las votará entre el 21 y el 24 de mayo. Si las cuentas se aprueban en la Cámara Baja, pasarán al Senado, donde el PP tiene mayoría y las aprobaría en junio.

Para entonces, el panorama político se habrá despejado en Cataluña: el 22 de mayo es la fecha límite para que los independentistas formen Gobierno o haya una repetición electoral. Dos hitos con los que facilitar el apoyo a las cuentas del PNV, que lleva meses repitiendo que no votará a favor de los Presupuestos mientras el artículo 155 esté en vigor.