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El muy discreto 600 aniversario de la Generalitat valenciana

La conmemoración, de perfil bajo, se celebra en un contexto de austeridad y sombra política del ‘procés’

Ignacio Zafra
Las pinturas del siglo XVI que decoran las paredes de la sala de Corts del Palau de la Generalitat Valenciana reflejan las instituciones medievales.
Las pinturas del siglo XVI que decoran las paredes de la sala de Corts del Palau de la Generalitat Valenciana reflejan las instituciones medievales.MÒNICA TORRES

No se cumplen 600 años todos los días, pero la Generalitat valenciana ha decidido celebrar en 2018 esa efeméride imponente y redonda de forma discreta. Los miembros del Ejecutivo señalan como razones principales la contradicción que supondría permitirse un dispendio cuando sus miembros están todas las semanas reclamando fondos para hacer frente a los servicios básicos, y el hecho de que la exaltación del pasado medieval carece de sentido, por lo que han optado por una vía austera y académica. La institución surgida en 1418, cuya función casi exclusiva era recaudar impuestos para la Corona, fue, además, muy diferente a la actual Administración autonómica.

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El Gobierno valenciano no admite abiertamente que en el formato elegido haya influido la sombra del procés independentista en Cataluña. Pero lo que ocurre en la comunidad vecina es observado por el Ejecutivo formado por socialistas y Compromís con mucha atención, y resulta evidente el alivio de los gobernantes al comprobar que el temido contagio de la tensión identitaria no se ha trasladado a la sociedad valenciana, que a principios de los años ochenta fue escenario de enfrentamientos callejeros por ese motivo. Que Carles Puigdemont haya pasado meses huido de la justicia presentándose en Europa como el presidente número 130 de la Generalitat de Cataluña, tampoco ha generado un contexto favorable a grandes fastos.

"En el primer contacto que mantuve con el presidente Ximo Puig para tratar el tema coincidimos en que la celebración debía tener un perfil bajo, netamente cultural y memorístico, y que no tenía nada que ver cuestiones que se estaban produciendo en otros lugares", afirma Manuel Alcaraz, consejero de Transparencia y Responsabilidad Social, de Compromís.

La conmemoración se ha concretado, de momento, en un acto. Tuvo lugar el 22 de marzo en el Convento de Santo Domingo de Valencia. El mismo día, 600 años después, y en el mismo lugar donde concluyeron las Cortes del Reino de Valencia que instauraron el funcionamiento permanente de la llamada Diputación del General: un grupo de seis diputados de los tres estamentos medievales que, junto a otras 12 personas con diversos cargos, tenían como misión principal recaudar impuestos para financiar las guerras de la Corona. El antiguo convento, desamortizado en 1835, es ahora sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, y el primer discurso tras la introducción del acto fue el del teniente general Francisco José Gan.

El Ejecutivo valenciano, oficialmente Consell de la Generalitat, ha consignado 480.000 euros para las actividades del centenario. En enero presentó, vinculándola al aniversario, una actualización del diseño de su escudo —el yelmo y el dragón tienen ahora líneas más claras—, en octubre está previsto un congreso de historiadores y no se descarta algún otro evento, aunque tampoco de masas. El consejero de Hacienda, el socialista Vicent Soler, afirma que el Gobierno autonómico “mira hacia el pasado para proyectar el futuro”, y que la reivindicación de la antigüedad de la Generalitat puede reforzar reclamaciones actuales, como la reforma del reparto del dinero entre las comunidades autónomas, en el que hoy la valenciana es la peor parada.

En 2008, el presidente de la Generalitat Francisco Camps, del PP, recreó la entrada del rey Jaume I en Valencia en el año 1238 con un desfile de 700 personas —que llevaban réplicas muy conseguidas de armaduras, espadas, escudos, estandartes y vestidos—, 120 caballos y 20 bueyes, cuya factura ascendió a 686.000 euros. Alcaraz considera que hacer hoy algo así no tiene sentido.

Los contornos de la antigua Generalitat son desconocidos para la gran mayoría de los valencianos. Una sociedad en la que, según puso de manifiesto de nuevo un estudio sociológico presentado por la Generalitat en febrero, existe un sentimiento nacionalista muy bajo. Un 17,9% de los ciudadanos se siente solo español y un 10,6%, más español que valenciano, frente a un 1,6% que responde que solo valenciano y un 3,8%, más valenciano que español. El 62,7% se siente tanto una cosa como la otra.

José Castillo, autor de una tesis doctoral sobre la primera Generalitat, afirma que con la Transición “se puso en marcha la recuperación de las antiguas instituciones, aunque en realidad el paralelismo con la Administración actual es el nombre y poco más”. “La Generalitat de entonces no tenía presidente ni consejeros, era un órgano colegiado con una función casi exclusivamente fiscal. Gracias a esa función, podía influir en el rey. Pero, hablando en términos de hoy, no era un Ejecutivo regional, no se encargaba de ejecutar lo que emanaba de las Cortes del Reino de Valencia”.

El poder en la Corona de Aragón estaba muy fragmentado. Lo que podríamos llamar competencias en educación y sanidad —universidad y primeros hospitales—, señala el catedrático Rafael Narbona, eran de las ciudades. Mientras que la guerra, la justicia y la política exterior eran asuntos reales. Progresivamente, mantiene el también catedrático Antoni Furió, la Generalitat acabó ostentando “la más alta representación política del reino”. Una idea sujeta a debate que comparte Óscar Clavell, diputado del PP en el Congreso que está haciendo su tesis doctoral sobre el tema. La Generalitat de origen medieval entró en decadencia en el siglo XVII, coincidiendo con el avance del absolutismo en España y el resto de Europa. Y desapareció junto al resto de instituciones del Reino de Valencia a principios del siglo siguiente, tras la aprobación por Felipe V del Decreto de Nueva Planta.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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