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Interior descarta expedientar a ningún agente por las cargas del referéndum

El ministerio asegura que las únicas investigaciones abiertas a policías y guardias civiles desplazados a Cataluña son por "cuestiones estrictamente de servicio"

Un hombre cae en el suelo en una carga policial en Barcelona el pasado 1 de octubre
Un hombre cae en el suelo en una carga policial en Barcelona el pasado 1 de octubre

El Ministerio del Interior, dirigido por Juan Ignacio Zoido, no ha abierto ni abrirá ninguna información reservada ni expediente sancionador contra policías y guardias civiles por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña. Así lo asegura el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, en la que detalla que los únicos expedientes abiertos “están relacionadas con cuestiones estrictamente de servicio y no con el operativo policial desarrollado”.

Entre mediados de septiembre y finales de diciembre, Interior desplazó desde otros puntos de España a cerca de 6.000 agentes para reforzar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña. El momento más polémico del despliegue —bautizado como Operación Copérnico por la Policía Nacional y como Operación Avispa por la Guardia Civil— se produjo durante la jornada de la consulta. Ese día se registraron numerosas cargas policiales en los centros de votación, con episodios polémicos que incluyeron patadas y tirones de pelo a las personas que trataban de impedir que los agentes se llevaran las urnas.

Tras la difusión de aquellas imágenes, el Consejo de Europa reclamó por carta al Gobierno de Mariano Rajoy “una investigación rápida, independiente y eficaz” al considerar que se había producido “un uso desproporcionado de la fuerza”. Un juez de Barcelona abrió poco después diligencias para investigar la actuación de los agentes tras recibir más de 100 denuncias de lesionados. El magistrado citó en febrero como testigo al coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable del dispositivo, y reclamó a la policía “copia de las comunicaciones entre el centro de mando operativo del 1 de octubre” y “los mandos sobre el terreno”.

Pese a ello, el Gobierno siempre ha defendido la labor policial y ha puesto en duda la cifra de personas atendidas que facilitaron entonces los servicios médicos de la Generalitat —más de 1.000—. Zoido afirmó, el día después de la consulta ilegal, que la policía había hecho “lo que tenía que hacer”. En enero, en una comparecencia en el Senado, insistió en que la actuación de los agentes había sido “legítima, profesional y proporcionada”. Interior siempre ha destacado que en aquella jornada 431 policías y guardias civiles resultaron “heridos de diversa consideración”. De ellos, 111 fueron “contusionados”. Diez tuvieron que ser dados de baja.

Vídeo del barco

Sobre los expedientes abiertos por “cuestiones de servicio”, Interior no detalla su número y sólo explica que “se encuentran pendientes de resolución”. Uno fue abierto al policía que grabó un vídeo con su teléfono móvil en el que se veía el interior del barco Moby Dada —célebre por los dibujos de Piolín de su casco— y calificaba de “zulito bueno” los camarotes.

Además, la Dirección General de la Policía abrió expedientes disciplinarios a otros nueve agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) por viajar el 26 de octubre —un día antes de que Carles Puigdemont anunciase la declaración unilateral de independencia a Valladolid, su lugar de origen, para visitar a sus familias tras recibir unos días de permiso en los que tenían que estar en situación de “disponibilidad permanente”. Junto al expediente abierto por una falta leve —sancionada con entre 1 y 4 días de empleo y sueldo— los agentes fueron apartados de la Operación Copérnico.

 

Incidentes de orden público de “imposible gestión policial”

En otra reciente respuesta parlamentaria, Interior recuerda que el 1 de octubre la Policía y la Guardia Civil “procedieron a la desactivación directa” de 113 centros de votación. También que se vieron obligadas a abortar una parte de las intervenciones “ante la constatación de que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante las puertas [...] hubiera requerido un uso excesivo de la fuerza”. “Se optó por no intervenir o, en su caso, por retirarse, en evitación de que se produjeran incidentes de orden público de imposible gestión policial”, concluye el texto.

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