Cuando la corrupción envenena un Gobierno

En el Gobierno de la Comunidad Valenciana, formado por los socialistas (PSPV) y Compromís, con mayoría del Bloc Nacionalista Valencià, y el apoyo de Podemos, nadie pone la mano en el fuego por nadie. Las dudas crecen cada día. La investigación judicial abierta en cuatro juzgados, dos en Madrid, uno en Gandía (Valencia) y otro en Benidorm (Alicante), por falsedad, prevaricación, malversación y financiación del PSPV-PSOE y Bloc, que han ofrecido explicaciones poco convincentes, han incrementado las sospechas entre los socios del Botánico.

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La empresa de comunicación Crespo Gomar, con sede en Gandía, organizó actos y campañas para los dos partidos investigados, y, presuntamente, falsificó facturas para ambos. El 25 de abril de 2008, la portavoz municipal del PSPV-PSOE en Alicante, Etelvina Andreu, fue nombrada directora general de Consumo por su antiguo profesor, el exministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria. En noviembre, su departamento adjudicó, por más de dos millones de euros, la información del sistema arbitral de consumo a Crespo Gomar, que ya se había ocupado de su candidatura a la alcaldía de Alicante, que perdió frente al popular Luis Díaz Alperi.

La agencia vinculada a los socialistas valencianos, también logró ese mes una campaña de más de 184.000 euros para promover el consumo responsable en las compras de navidad y rebajas. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el 29 de diciembre de 2008, por tramitación urgente, Crespo Gomar consiguió la publicidad institucional del plan de vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero, por un total de 126.208 euros. En 2009 se le adjudicó la campaña de la sociedad estatal Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente para la desalinizadora de Torrevieja por 600.000 euros. Unos años antes, en 2005, Aguas del Júcar le adjudicó el diseño y plan de medios por un importe de 234.700 euros.

En esa época presidía la Confederación Hidrográfica del Júcar el ingeniero Juan José Moragues, marido de la exalcaldesa de Gandía, Pepa Frau, que abandonó la institución tras perder el PSOE las elecciones generales de 2011. Ese mismo año, la compañía investigada que dirigía Alberto Gomar, hijo del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antonio Gomar, cuyo responsable era José Manuel Orengo, en la actualidad asesor del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, presentó concurso de acreedores.

El periodista Josep Ramón Tiller, exdiputado socialista en las Cortes valencianas, actual jefe de Expansión y Comunicación de Egevasa, empresa mixta del agua, participada por la Diputación de Valencia y Aguas Valencia, dirigió desde 2007 al 2010 la comunicación institucional y política de Crespo Gomar. Tiller fue director de gabinete de la alcaldía de Gandía durante nueve años, desde 1998 hasta 2007, con Frau y Orengo. También figura en la contratación de los opinómetros, dispositivos instalados en Benidorm por el entonces alcalde, Agustín Navarro, por más de 280.000 euros, procedentes del plan E de Zapatero. Los aparatos quedaron fuera de servicio al año siguiente.

Lubasa y Blauverd, presuntamente, forman parte de la trama de empresas que facturaban falsos servicios al PSPV y al Bloc en la etapa del socialista Joan Ignasi Plá, que dimitió en 2007, tras perder frente a Francisco Camps, y hacerse público que no había pagado a la constructora la reforma de 78.000 euros de su casa. Y de Enric Morera, presidente del Parlamento autonómico, que se ha proclamado “víctima” de un chantaje aduciendo que la campaña de 200.000 euros que contrató con Crespo Gomar se pagó y tiene las facturas. Pero ni él ni su partido las han presentado todavía.

Puig y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, han descartado un adelanto electoral como pedía la oposición. Ambos dirigentes se han comprometido a asumir las responsabilidades políticas que se deriven de la investigación y a actuar con “contundencia” por encima de las siglas.