La justicia investiga adjudicaciones del Gobierno de Zapatero por la campaña valenciana de 2007

Un juzgado de Madrid investiga adjudicaciones realizadas durante la etapa de Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en torno al año 2007, según han asegurado a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación.

Las pesquisas judiciales comenzaron en diciembre de 2016 en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, tras recibir un informe de la policía basado en una denuncia del PP por posible financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc —uno de los partidos que integran Compromís— en la campaña electoral de aquel año, como ha adelantado este miércoles El Mundo.

Los delitos electorales —el nombre técnico de la financiación irregular— que hubieran podido cometerse están en todo caso prescritos debido al tiempo transcurrido. Pero el juzgado valenciano ha investigado también supuestos delitos de falsedad, prevaricación y malversación, cuyo plazo de prescripción es más prolongado, y que además podrían haberse extendido hasta el año 2011.

En enero de este año, el juzgado de Valencia se declaró no competente tras descartar que los hechos presuntamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

La magistrada se inhibió en favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid —donde han sido distribuidos en dos juzgados—. El motivo de que parte de la instrucción se haya derivado a esta última ciudad se debe, según fuentes conocedoras de la decisión, a que algunos de los contratos bajo sospecha fueron firmados por organismos gubernamentales con sede en la capital de España.

Según la información ofrecida por El Mundo, en el centro de la investigación original se sitúa la empresa Crespo Gomar, con sede en Gandia. Esta agencia de comunicación, vinculada a dirigentes locales del PSPV-PSOE, organizó actos electorales tanto para los socialistas valencianos como para el Bloc en la campaña de 2007. La documentación entregada por el PP a la justicia —tras recibirla según una portavoz de forma anónima— apunta a que constructoras y otras empresas privadas pagaron a Crespo Gomar actos de la campaña de ambas formaciones.

Los candidatos autonómicos en aquellas elecciones de los socialistas valencianos y del Bloc fueron respectivamente Joan Ignasi Pla y Enric Morera.

Pla se vio forzado a dimitir ese mismo año, tras perder las elecciones ante el popular Francisco Camps, al descubrirse que una constructora no le había cobrado una reforma de 78.000 euros en su casa. Morera es presidente de las Cortes Valencianas y uno de los líderes de Compromís.

"Con total rotundidad digo que colaboraremos con la justicia y la policía, vamos a actuar como siempre, desde la tolerancia cero hacia cualquier acto que no sea correcto", ha afirmado el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig. "La diferencia entre nosotros y el PP es que nosotros queremos saber lo que ha pasado y tomar medidas en función de lo sucedido, desde el respeto absoluto a jueces, policía y medios de comunicación", ha agregado.

El vicesecretario del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha afirmado que se trata de una cuestión "muy grave", y que su partido va a crear una comisión para "recopilar toda la información" sobre cómo se desarrolló aquella campaña. Mata ha manifestado que su partido colaborará con la justicia y ha dicho que ahora vivimos en "otra época".

Morera ha declarado, por su parte, que su formación no tiene "nada que esconder", ha expresado su disposición a entregar a la justicia la información que les sea requerida y ha enmarcado la investigación en "la estrategia reiterada del Partido Popular" de denunciar a las dos políticas que integran el Gobierno autonómico presidido por Ximo Puig.

Los socialistas valencianos ejercen la acusación popular en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional por presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Y tanto el Bloc como Compromís se han mostrado muy críticos con el supuesto uso de una caja b por parte de los populares.