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Burgos y Álava sellan la paz en el Condado de Treviño

Las diputaciones aparcan sus diferencias políticas y pactan siete convenios para mejorar los servicios públicos a sus vecinos

El alcalde de La Puebla de Arganzón, Roberto Ortiz de Urbina y la alcaldesa de Treviño, Elena Ramirez, delante de la Diputación de Álava.
El alcalde de La Puebla de Arganzón, Roberto Ortiz de Urbina y la alcaldesa de Treviño, Elena Ramirez, delante de la Diputación de Álava.

Los vecinos del Condado de Treviño (Burgos) han ganado. Frente a quienes anteponen sus reivindicaciones políticas al bienestar de los ciudadanos, los dirigentes de Castilla y León, y del País Vasco, han aparcado sus diferencias históricas en torno al enclave situado dentro de Álava, para poner en primer plano a las personas. Los 2.000 treviñeses empadronados, aunque en realidad viven unos mil más en sus dos municipios, Treviño y La Puebla de Arganzón, van a empezar a disfrutar de manera estable, de una serie de servicios públicos, educativos, asistenciales, en materia de incendios, culturales y de conservación del patrimonio, que hasta ahora recibían con cierta precariedad por el enfrentamiento y los recelos entre administraciones. 

Los siete convenios

Los siete acuerdos específicos -que tiene una vigencia de cuatro años con posibilidad de prórroga de otros cuatro- son para la promoción de actividades culturales, educativas y aprendizaje y normalización del euskera; para proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de elementos menores de equipamiento e infraestructuras promovidos por los ayuntamientos; protocolos y coordinación en la lucha contra la violencia de género, políticas públicas en materia de igualdad; así como para la promoción de políticas públicas en materia de juventud.

Asimismo, se firmaron también los acuerdos específicos relativos a proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de bienes artísticos, calificados o protegidos con sistemas de protección cultural; para la integración y atención social a personas mayores, personas con discapacidad y dependientes; y, finalmente, otro en materia de protección civil y atención de emergencias, en particular, en materia de prevención de incendios y salvamento.

El caso que hizo saltar todas las alarmas sobre la descoordinación entre Burgos y Álava se produjo en 2014. Ese año falleció una niña de tres años con una simple varicela en medio de una agria polémica sobre si la ambulancia que tenía que recogerla para llevarla al hospital era la de Vitoria o la de Miranda de Ebro. En noviembre de ese año el PP y el PSOE rechazaron en el Congreso admitir a trámite la solicitud del Parlamento vasco de regular por Ley que el Condado de Treviño saliera de Castilla y León, dejara de pertenecer a Burgos y pasara finalmente a formar parte de la provincia de Álava.

Han tenido que pasar 23 años para que las diputaciones de Burgos y Álava bajen las espadas, aparquen sus diferencias y pacten siete convenios. La regulación por convenios fue una propuesta de la ponencia que en 1995 estudió en la Cámara Alta el problema de varios enclaves. La diputación alavesa reclama desde hace décadas la integración de Treviño. La de Burgos apela a su estatuto para rechazarlo. El empuje de los vecinos, que no han cejado en su lucha, ha terminado por imponer la paz. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV) y el de Burgos, Cesar Rico (PP) resaltaron el pasado martes día 3, tras la firma de los convenios en la Biblioteca del Real Monasterio de San Agustín, en la capital burgalesa, el esfuerzo negociador de sus equipos para buscar puntos de acuerdo.

“No éramos ciudadanos de segunda”, asegura la alcaldesa de Treviño, Elena Ramírez, “pero los convenios suponen el principio del camino para mejorar las condiciones de vida” de los ciudadanos del Condado. “El hecho de haber pactado siete convenios da mucha estabilidad a los vecinos, al reconocérseles unos derechos”, ratifica el alcalde de Lapuebla de Arganzón, Roberto Ortiz de Urbina. Los acuerdos tienen pleno encaje legal y por lo tanto dan plena cobertura jurídica a los servicios en competencias compartidas que han pactado.

La muerte de la niña fue el problema más grave, pero hay muchos más, relatan los dos alcaldes. En el Condado no hay atención pediátrica. A los niños los atiende el médico de familia, y una vez al mes se traslada uno desde Miranda hasta el centro de salud del Condado. Los niños que van al centro local de educación primaria tienen que ir después obligatoriamente a la secundaria, en Miranda o Burgos cuando Vitoria está mucho más cerca. Tampoco estudian euskera.

“La única buena noticia es que en Treviño no hay parados”, bromea Ortiz de Urbina. Sí que los hay, pero no aparecen en la estadística de Burgos porque todos se empadronan en Vitoria para que, por proximidad, les atienda el Servicio vasco de Empleo, Lanbide.

Castilla y León, y Euskadi han vivido prácticamente de espaldas y con una relación escasa que empeoraba cada vez que los partidos vascos, incluidos el PP y el PSE-EE, reclamaban la integración del Condado en Álava. Una reivindicación que se ha mantenido viva a lo largo de la historia desde la primera propuesta de segregación de Burgos y anexión a Álava solicitada en 1880. "No se trata de renunciar a los principios políticos de nadie", explica la alcaldesa de Treviño, "pero el bienestar de las personas es lo primero".

Como los ámbitos competenciales de las dos diputaciones no son iguales, el siguiente paso que dará la Diputación alavesa para ampliar esa mejora en la prestación de servicios a los vecinos de Treviño será trabajar con la Junta de Castilla y León, en busca de otros acuerdos, como por ejemplo, en materia de sanidad.

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