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El Supremo y la Fiscalía intentan mantener vivo el delito de rebelión

El juez del Supremo estudia acudir al Tribunal Europeo para que se pronuncie sobre si la justicia de Alemania se ha extralimitado

FOTO: Puigdemont se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster en Alemania. / VÍDEO: Declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría sobre Puigdemont, este viernes.

El juez Pablo Llarena estudia acudir al Tribunal Europeo para mantener viva la posibilidad de procesar a Carles Puigdemont por rebelión, después de que la Audiencia de Schleswig-Holstein haya descartado entregar al expresident por ese delito. La decisión de los jueces alemanes no es recurrible, pero el instructor del Supremo está estudiando plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este se pronuncie sobre si Alemania ha aplicado bien la orden europea de detención. La Fiscalía General del Estado está valorando también pedir la intervención de los jueces de la UE

El Tribunal Supremo y la Fiscalía buscan opciones para salvar el delito de rebelión desde que el jueves por la tarde se conoció la resolución de la Audiencia de Schleswig-Holstein de descartar la entrega del expresidente catalán por ese delito, el que vertebra toda la causa abierta contra los líderes del procés. Todas las fuentes consultadas admiten que el margen es escaso porque si Alemania no entrega a Puigdemont por rebelión, en España no se le puede juzgar por ello. Acudir al tribunal con sede en Luxemburgo es la única opción que ven el alto tribunal y la Fiscalía.

La idea que estudia el juez Pablo Llarena es plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la decisión marco que regula la euroorden y los procedimientos de entrega entre los Estados miembros. Las cuestiones prejudiciales a Luxemburgo, reguladas en el Tratado de Funcionamiento de la UE, sirven para resolver dudas de los jueces sobre la aplicación de una norma comunitaria en una determinada causa. Lo habitual es que la emita el juez que tiene que decidir sobre la causa, que en una euroorden sería el que la ejecuta (en este caso, el tribunal alemán), pero los expertos consultados señalan que existen precedentes de cuestiones prejudiciales planteadas por el juez emisor de la euroorden (el Supremo en este caso).

En esa cuestión prejudicial, Llarena podría plantear una o varias preguntas, tanto sobre si Alemania está aplicando correctamente el procedimiento de la euroorden como dudas que el propio instructor tenga para actuar a partir de ahora tras conocer la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein.

Desde que se supo que este tribunal descartaba la entrega por rebelión, desde algunos ámbitos jurídicos, incluido el Supremo, se ha cuestionado si Alemania se ha excedido en el papel que le correspondía para decidir la entrega y ha entrado en el fondo de asunto (si hubo o no violencia y de qué alcance). Acudir a Luxemburgo abriría la puerta a que el tribunal europeo se pronuncie sobre ello y, en caso de considerar que Alemania se ha extralimitado, se pueda replantear la situación.

Apenas una hora después de que el Supremo avanzara la opción de acudir a Luxemburgo, la Fiscalía General del Estado emitió una nota en la que anuncia que también se está planteando acudir al Tribunal Europeo y ya apunta directamente que lo que se cuestiona es si la justicia alemana se ha extralimitado. El ministerio público recuerda que la normativa europea que regula la euroorden establece que el tribunal que la ejecuta "debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo" y a valorar que los hechos sean constitutivos de delito en ambos Estados "con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo".

Fuentes de la UE afirman que si se plantea la cuestión, se estudiará, pero advierten de que el tribunal de Luxemburgo no va a entrar a valorar la actuación de Alemania sino solo a resolver dudas de Llarena sobre cómo se aplica la normativa de la euroorden.

En cualquier caso, acudir a Luxemburgo le permitiría al Supremo y a la Fiscalía ganar tiempo para reorganizar la estrategia judicial tras el revés propinado por la justicia alemana. Fuentes del alto tribunal señalaron que si Llarena da el paso, se suspenderá el procedimiento de euroorden de Puigdemont mientras Luxemburgo resuelve. Esta suspensión, según otras fuentes consultadas, no es automática, pero es habitual porque el juez que ha preguntado suele esperar a que la UE responda antes de seguir adelante con el caso. Como en esta ocasión el que pregunta es el Supremo, las fuentes consultadas afirman que Alemania no tendría por qué frenar la euroorden, aunque Llarena podría pedírselo y los jueces de aquel país, aceptarlo. El tiempo medio que tarda el Tribunal Europeo en resolver es de 16 meses (hay una vía urgente de tres meses).

Puigdemont: “Continuamos más fuertes”

A.C

Diez minutos antes de las dos de la tarde de ayer, el expresidente catalán Carles Puigdemont cruzó la puerta de la prisión alemana de Neumünster para celebrar su excarcelación ante los periodistas. El líder independentista pidió la liberación de sus compañeros que están en prisión provisional en España y consideró “una vergüenza para Europa” que haya “prisioneros políticos”. “El tiempo del diálogo ha llegado”, añadió.
Puigdemont ha pasado doce días en prisión y ha salido en libertad bajo fianza de 75.000 euros. No podrá abandonar Alemania y debe presentarse ante la policía todas las semanas mientras se tramita su posible extradición por malversación. El expresident indicó a la fiscalía alemana cuál será a partir de ahora su residencia, un dato que no trascendió. Acompañado por su abogado alemán, Wolfgang Schomburg, Puigdemont leyó un comunicado en alemán y en inglés y no admitió preguntas. Más tarde, de camino a Berlín, tuiteó: “Continuamos más fuertes que nunca. Continuamos más decididos que nunca”.

Esta cuestión puede también afectar a las euroórdenes de los procesados por rebelión que están en Bélgica (Antonio Comín) y Reino Unido (Clara Ponsatí), ya que la justicia de estos países podría optar por esperar a la decisión de Luxemburgo para ejecutarlas. En ese caso, la opción más factible es que se juzgue primero a los procesados que están en España (y a los huidos no procesados por rebelión) y, más adelante, a los que se fugaron, incluidos Puigdemont.

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