La Comunidad de Madrid eliminó los correos de Granados que le reclama el juez del ‘caso Púnica’

Un nuevo agujero documental en la Comunidad de Madrid afecta a la investigación del caso Púnica. La administración regional eliminó todos los correos electrónicos corporativos del exconsejero de Transportes y de Presidencia Francisco Granados, principal imputado en la trama de corrupción. El magistrado instructor, Manuel García-Castellón, reclamó al Gobierno autonómico el pasado 30 de enero que entregara los correos del expolítico entre 2003 y 2011, así como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa pública de infraestructuras desde la que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid. El juez, que busca nuevas pruebas del supuesto amaño en la adjudicación, en 2004, de tres obras del suburbano y de otras irregularidades en la extinta empresa de suelo Arpegio, envió a la Guardia Civil a recabar esas comunicaciones y ordenó que técnicos informáticos de la Comunidad auxiliaran a los agentes en el volcado. Sin embargo, los policías se fueron con las manos vacías.

“Realizada la búsqueda de las cuentas de Francisco Granados no se encuentra archivo alguno y el informático manifiesta que la información no se puede recuperar porque se borra por política interna”, escribió el letrado de la Administración de Justicia –antes llamado secretario judicial- en el acta. “Tampoco se encuentra información alguna del investigado Ignacio Palacios. Del señor [Jesús] Trabada [ex consejero delegado de Mintra], [José María] Díaz Retana, [Antonio] González Jiménez y [Rafael] Villafáñez Esteban [directivos de Mintra], no se encuentran datos por el informático en la base de datos”, prosigue el letrado.

Los agentes se llevaron sendos pantallazos del servidor donde constan los usuarios buscados con la fecha de baja de sus direcciones de correo electrónico. La de Granados fue dada de baja el 2 de abril de 2012, diez meses después de ser cesado por Esperanza Aguirre. El de su mano derecha, Ignacio Palacios, dos meses más tarde. Los de los cuatro exdirectivos de la empresa pública Mintra, sin embargo, no se desactivaron hasta hace solo dos meses. Así, el máximo responsable de esta sociedad, Jesús Trabada, había sido cesado en julio de 2011, poco después de la salida del Ejecutivo regional de Granados, pero su dirección de correo electrónico permaneció activa hasta el 6 de diciembre de 2017, según refleja la documentación incorporada al sumario.  

La Guardia Civil también se llevó un informe firmado por Julia Molina, directora de Producción y Gestión de Infraestructuras de Madrid Digital. En este documento se constata que en sus registros “no existe ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electrónico, asociada a ninguna de las personas y requeridas”, y a renglón seguido se explica: “Es política de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma”. En su explicación, Madrid Digital no sustenta su “política interna” en ninguna normativa vigente sobre conservación de ficheros, como la Ley Orgánica de Protección de Datos u otras. Fuentes del actual ejecutivo regional achacan dicha práctica a los gobiernos anteriores del PP.

Los archivos informáticos de Mintra se gestionan en Madrid Digital desde 2011. Antes se llevaban directamente desde la Consejería de Transportes. Tras verificar que en las instalaciones de la agencia no existe “ningún backup [copia de seguridad]” de dichos correos, Julia Molina informa que “se realizarán todas las consultas necesarias” con la Consejería de Transportes para localizar el nombre de la empresa que hasta 2011 “realizaba las gestiones relacionadas con el correo”.

Agujero documental

El borrado de los correos electrónicos por “política interna” ahonda el agujero documental en la Comunidad de Madrid en torno al caso Púnica. El pasado 13 de julio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que debían contener contratos investigados aparecían vacías, como adelantó EL PAÍS el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido. Finalmente, en julio se detectó la desaparición de documentos clave de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

El pasado mayo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al entonces instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, el registro en la sede de Arpegio en la supuesta falta de colaboración de las autoridades autonómicas. En el escrito, la fiscalía aseguraba que por parte de la Comunidad de Madrid “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” tanto en ésta como en el PP regional. Anticorrupción detallaba que la documentación que había enviado Arpegio el octubre anterior presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconocía que “se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid”.

A la desaparición de documentos se suma la renuencia del Gobierno de Cristina Cifuentes a facilitar a la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, ente público de aguas que se investiga judicialmente en el caso Lezo. Estos papeles estuvieron “traspapelados” cinco meses en el Gobierno regional, y cuando finalmente el Ejecutivo comenzó a facilitárselos a los grupos de la oposición, la entrega se interrumpió porque el juez instructor, García-Castellón, el mismo del caso Púnica, la desautorizó –con el informe favorable de la fiscalía- al tratarse de un caso bajo la lupa de la Justicia.