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La fuga de Anna Gabriel a Suiza obliga a un complejo proceso de extradición

El Supremo se inclina por pedir la detención inmediata de Gabriel, pero el juez Llarena debe decidir si pide que se tramite ya la extradición o espera al auto de procesamiento

Pancarta de apoyo a Anna Gabriel en la plaza del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). VÍDEO: ATLAS

La decisión de Anna Gabriel de refugiarse en Suiza aboca a España a un proceso de extradición que puede ser largo y cuyo éxito no está asegurado. Pese a que la defensa de Gabriel comunicó este martes oficialmente en el Supremo que no acudiría a declarar, el juez Pablo Llarena mantuvo la cita, prevista para las 9.30. El instructor comunicará qué hace una vez que constate que la exdiputada de la CUP definitivamente le ha dejado plantado. El Supremo se inclina por pedir la detención inmediata de Gabriel, pero Llarena debe decidir si pide que se tramite ya la extradición o espera al auto de procesamiento.

La decisión de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel de instalarse en Suiza para escapar de la Justicia española no es casual. Por un lado, pretende poner de nuevo el conflicto catalán en el mapa internacional, un objetivo que consiguió Carles Puigdemont en sus primeras semanas de fuga, pero que se ha desinflado en los dos últimos meses. La huida de la exdiputada de la CUP supone además que el proceso penal abierto contra los líderes independentistas trascienda el ámbito meramente judicial y se convierta en un proceso político, ya que Suiza no es miembro de la UE, por lo que el Supremo tendría que pedir la extradición, un procedimiento que requiere la intervención de los Gobiernos de ambos países.

Las leyes helvéticas obligan a denegar la extradición de supuestos delincuentes si el procedimiento de entrega se activa por "un acto que, según las concepciones suizas, reviste un carácter político preponderante" y este se va a convertir en el eje de la defensa de Gabriel en Suiza. Las primeras palabras de la exdiputada en la entrevista a un periódico suizo en la que dio a conocer su decisión de no volver a España inciden en ese argumento. "Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del Gobierno ya me ha condenado", dijo Gabriel al diario suizo.

La legislación suiza deja fuera de esos actos que pueden revestir "un carácter político preponderante" el genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y actos "particularmente reprobables". En marzo de 2017 la Oficina Federal de Justicia de Suiza autorizó la entrega a España de Miren Nekane Txapartegi, condenada por colaboración con ETA, y que alegó ante las autoridades helvéticas que se la perseguía por motivos políticos. Un portavoz el Ministerio de Justicia suizo aseguró este martes, no obstante, que, a priori, el caso de Gabriel parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica.

La normativa helvética establece que la extradición se concede si por lo menos una de las infracciones que se imputan está sancionada tanto en Suiza como en el país que reclama la entrega, en este caso España. El Código Penal suizo, en su artículo 265, castiga con "una pena privativa de libertad de al menos un año" los actos tendentes a "modificar por la violencia la Constitución o la Constitución de un cantón", a "impedir por la violencia a las autoridades políticas ejercer su poder", o a "separar por la violencia una parte del territorio suizo de la Confederación", entre otros. Estas conductas encajan, con algunos matices, con los delitos de sedición y rebelión que contempla la legislación española, y que se castigan, en los casos más graves, con hasta 30 años de prisión.

La defensa de Gabriel presentó por la mañana un escrito en el Supremo en el que comunicaba oficialmente su decisión de no ir a declarar. En ese escrito, los representantes de la exdiputada anticapitalista argumentan su actuación en que en la causa del Supremo contra los líderes del procés "no existe derecho a un juicio justo", lo que puede comprometer los derechos fundamentales de Gabriel.

Llarena, que pasó toda la mañana dirigiendo los interrogatorios del expresidente de la Generalitat Artur Mas y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras, no se pronunció sobre el escrito de la defensa de Gabriel y mantuvo la cita prevista para las 9.30 de hoy. El instructor comunicará si toma alguna decisión una vez que constate que la exdiputada está huida. Según las fuentes consultadas, el Supremo se inclina por pedir la detención de Gabriel, para lo que se emitiría una orden nacional de arresto, que implicaría su detención inmediata si vuelve a España, y, previsiblemente, una orden internacional de detención, que debe cursarse a través de Interpol.

Una vez dictadas estas órdenes, Llarena puede pedir que se tramite ya la extradición o esperar a que se dicte un auto de procesamiento contra los líderes independentistas, como ha decidido hacer en el caso de Puigdemont y los exconsejeros fugados con él a Bruselas. Las fuentes consultadas se decantan por esta segunda opción. En cualquier caso, para pedir la extradición hace falta una sentencia firme de condena o un auto de ingreso en prisión, para lo que el juez necesita que alguna de las acusaciones reclame el encarcelamiento de Gabriel. Esto no será un obstáculo porque la fiscalía prevé pedir al juez que actúe ya y la acusación que ejerce Vox ya anunció que pedirá medidas cautelares "contundentes".

Detención

El ‘caso Falciani’ no interrumpe la ayuda suiza

La cooperación judicial de Suiza con España pasó un momento de zozobra cuando la Audiencia Nacional rechazó entregar a las autoridades helvéticas a Hervé Falciani, el informático franco-suizo que en diciembre de 2008 se hizo con los datos de 130.000 clientes del banco privado HSBC con sede en Ginebra y colaboró con la justicia de varios países para detectar a miles de evasores fiscales.
Pese a ese revés, en marzo de 2017 la Oficina Federal de Justicia de Suiza autorizó la entrega a España de Miren Nekane Txapartegi, condenada por colaboración con ETA, y que alegó ante las autoridades helvéticas que se la perseguía por motivos políticos. Además, en los últimos años, Suiza ha facilitado a España datos bancarios en investigaciones de corrupción.

Si España reclama a Suiza la entrega de Gabriel, las autoridades de ese país pueden detener a la exdiputada, aunque esta medida quedará sin efecto si la Oficina Federal de Justicia, organismo encargado de la extradición, considera que la investigada no se sustraerá a la entrega si finalmente se decide llevarla a cabo, que no entorpecerá la instrucción o si presenta, de manera inmediata, una coartada que demuestre de forma concluyente su inocencia.

El recorrido judicial en Suiza tiene algunos puntos en común con la justicia de Bélgica, país donde permanece huido Puigdemont. La decisión de la Oficina Federal —equivalente al Ministerio de Justicia— puede ser recurrida ante el Tribunal Penal Federal en un plazo de 30 días. Incluso la decisión de este organismo supremo de autorizar la extradición puede ser revisada si se trata de un caso "particularmente importante".

Sin embargo, la gran diferencia con Bélgica radica en el tipo de procedimiento de entrega. En los países de la UE rige la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), un sistema simplificado de reconocimiento de resoluciones penales entre Estados y que se lleva a cabo de juez a juez. Por el contrario, en el procedimiento clásico de extradición, que es el que rige entre España y Suiza, el poder Ejecutivo tiene la última palabra sobre la entrega.

El proceso de entrega de Gabriel puede complicarse aún más si la exdiputada pide asilo político. La CUP informó de que lo hará si Llarena finalmente solicita su detención.

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